Por: Carlos Lozano Guillén  
 
La definición de la existencia del conflicto interno en Colombia por parte del presidente Juan Manuel Santos Calderón y consignada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada hace pocos días en el Congreso de la República, es un paso importante, después de ocho años, en el gobierno uribista, de negarlo una y otra vez a los ojos del país y del mundo, que siempre reconocieron esta realidad. Aunque no faltan los analistas, con cierta dosis de razón, que atribuyen la decisión a la jugada gubernamental de obtener patente de corso para los operativos militares de tierra arrasada y bombardeos indiscriminados contra la insurgencia que tienen “daños colaterales” a la población civil, en particular en las regiones agrarias y zonas calientes del conflicto. El presidente Santos al explicar la aceptación de la existencia del conflicto, dijo que es la única manera de justificar los operativos militares, incluyendo bombardeos y otras acciones bélicas contra la guerrilla.
Sea lo que sea, la definición de la situación de conflicto interno en Colombia es positiva. Ya lo habían hecho en distintos escenarios internacionales, numerosos gobiernos y la Organización de las Naciones Unidas. Tiene serios impactos en la naturaleza y tratamiento del mismo. Entre otras cosas: la aceptación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes y el respeto por todas las partes del Derecho Internacional Humanitario, instrumento jurídico para regular las guerras internas y externas y humanizar los conflictos en protección de la población civil y de los mismos combatientes, en particular de aquellos que estén sometidos y en estado de indefensión en el combate. Es lo que llaman algunos analistas la “humanización del conflicto”.

Son importantes también las consecuencias políticas de tal aceptación, porque todo conflicto tiene unas causas, lejanas y recientes, en el caso colombiano, y tienen que ver con factores políticos, sociales, económicos, históricos y culturales, entre otros. La experiencia de la larga guerra interna, casi seis décadas, con el fracaso de la salida militar, demuestra que sólo la vía política y pacífica de la negociación, que erradique las causas que la originaron, es la forma de superarla. La vía militar, ensayada por los gobiernos bipartidistas en el último medio siglo, con efímeros intentos de diálogo sin mayor voluntad política de paz, fracasaron una y otra vez. Desde el Plan Laso hasta el Plan Patriota, pasando por el Plan Colombia, con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, no lograron el aplastamiento de la insurgencia como fue su objetivo. La intervención imperialista y las políticas de guerra de la clase dominante, sirvieron para agudizar el conflicto y escalar el nivel de degradación que tiene en la actualidad.

Sin embargo, choca con la aceptación de la existencia del conflicto la inexistencia de una política de paz del Gobierno Nacional. No es suficiente ni convincente, el argumento demagógico del presidente Juan Manuel Santos de que tiene en su mano la llave de la paz y que está dispuesto a abrir la puerta cuando lo considere oportuno y necesario, porque en los ocho meses de Gobierno no se conoce otro lenguaje que el de la guerra, así no tenga las connotaciones agresivas y altaneras del anterior.

Mientras que no se plantea una propuesta de paz y no se conoce la razón de que la llave de la misma esté en las manos del presidente Santos, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, rodeado de la cúpula militar, acaba de presentar la “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” (PISDP), versión santista de la “seguridad democrática” uribista, fracasada y desprestigiada, porque la realidad lo que demuestra es la existencia del conflicto con toda su crueldad y magnitud.

Rivera explicó que el PISDP es de continuidad y cambio de la “seguridad democrática” y se sustenta exclusivamente en la guerra. El slogan es: “Fortalecemos la seguridad para dar el salto definitivo hacia la prosperidad”, al tiempo que el flamante ministro anuncia que en el 2014, “Colombia será libre de la guerrilla”. Sus antecesores se habían fijado metas, en algunos casos más cortas, pero nunca las cumplieron como lo demuestra la cruda realidad.

La guerra es la principal locomotora para el progreso en el programa del Gobierno, pues el “sector defensa tiene el rol principal”. Dice el documento oficial: “Tal como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, la consolidación de la paz es un asunto que involucra un esfuerzo conjunto, coordinado y sostenido del Estado, en el cual el sector defensa y seguridad cumple un rol de liderazgo (subrayado del autor). En esa medida, la PISDP ha definido seis objetivos estratégicos, con los cuales se pretende neutralizar cualquier amenaza proveniente de cuatro factores principales de riesgo: los grupos armados al margen de la ley, los delitos contra los ciudadanos, las amenazas externas y los desastres naturales”.

Llama la atención que entre los cuatro factores aparecen los “desastres naturales”, como si estos fueran problemas a superar con medidas de orden público y también las “amenazas externas”, que no se señalan cuales son con exactitud, cuando la anunciada “nueva política exterior” es de reconstrucción de las relaciones internacionales destruidas por la arrogancia y la torpeza uribista.

Santos insiste en la militarización de la vida nacional al creer que la prosperidad se logra con la victoria militar. Tal decisión, igual que la del gobierno de Uribe Vélez del cual fue su Ministro de Defensa, es equivocada, criminal y peligrosa, porque va en contravía de las expectativas de diálogo y paz que se cultivan en el país y en el exterior, al tiempo que fomenta la cacería de brujas, la penalización de la lucha social y la persecución a la izquierda y a los críticos del régimen. Lo demuestra la historia.

Santos y sus áulicos califican de “histórica” la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, aprobada sin tener en cuenta las opiniones de las víctimas y haciendo caso omiso de la verdad, la justicia y la reparación integral; como también insiste en la ley de inteligencia y contrainteligencia que legaliza las chuzadas y el espionaje con el argumento de la seguridad nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo que refuerza la política neoliberal, el despojo a los colombianos y el poder de las trasnacionales. El motor de todos estos instrumentos reaccionarios, confesado por el ministro Rivera, es el sector defensa, léase la guerra contra el pueblo y sus organizaciones populares.

Se está alimentando de nuevo el militarismo en un clima político agresivo e intolerante, cuando la derecha, con la ayuda del Gobierno Nacional, quiere linchar al Polo Democrático Alternativo para arrebatarle la Alcaldía de Bogotá y desaparecerlo del escenario político. Entre tanto, el uribismo se mete al rancho del Partido Verde de frágil ideología (si es que la tiene), para dividirlo y cooptarlo en forma descarada e inaceptable. En Colombia, lo dice la experiencia, lejana y reciente, los planes militaristas acaban con la democracia, son el caldo de cultivo de la guerra sucia y del terrorismo de Estado. Formas despóticas que ya se expresan en la práctica unanimista, oculta en la llamada unidad nacional que pretende colocar a todos los partidos y organizaciones sociales a la cola del Gobierno Nacional.

(*) Carlos A. Lozano Guillén es periodista. Director del Semanario VOZ. Dirigente del Partido Comunista Colombiano y Miembro de Colombianas y Colombianos por la Paz.

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