La socialdemocracia europea (cuya máxima expresión fue la socialdemocracia sueca) se había caracterizado durante el periodo que abarcó desde el fin de la II Guerra Mundial hasta los años setenta por su estrategia política que consistía en expandir su base electoral, basada hasta entonces en la clase trabajadora, para incluir también a las clases medias, lo cual consiguió mediante el desarrollo de programas universales (es decir, programas que cubrían a toda la ciudadanía), con expansión de derechos sociales y laborales. Tal expansión fue la base del estado del bienestar socialdemócrata, que incluía las transferencias públicas y los servicios públicos que el estado (bien central, regional o autonómico, o municipal) garantizaba a todos los ciudadanos. El concepto de ciudadanía incluía derechos sociales y laborales. Y el Estado (como representante de la ciudadanía y a su servicio) garantizaba la universalidad de tales derechos. A fin de mantener la lealtad de las clases medias (cuyas expectativas eran mayores que las de la clase trabajadora), este estado del bienestar tenía que estar bien financiado, lo cual requería una política fiscal progresiva, es decir, unos elevados impuestos, altamente progresivos y redistributivos, basados en una elevada población empleada. Trabajo significaba riqueza y pagar impuestos. Y de ahí la necesidad de facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante una amplia red de servicios de ayuda a las familias que permitieran a la mujer compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional (además de cambiar la cultura del varón, corresponsabilizándole de las responsabilidades familiares).

La supuesta modernización de la socialdemocracia

En los años ochenta apareció una nueva sensibilidad dentro de la socialdemocracia que fue distanciándola de elementos importantes de esta tradición, presentándose a sí misma como el proyecto “modernizador”, necesario para adaptarse a los cambios en la sociedad. Su nombre varió de país en país. En Gran Bretaña se llamó la Tercera Vía y en España, la Nueva Vía. Un elemento importante de este proyecto supuestamente modernizador, fue el considerar a las clases medias como la nueva base electoral de la socialdemocracia, asumiendo que la clase trabajadora estaba desapareciendo, bien objetivamente, bien subjetivamente. Este proyecto asumía que tal clase se estaba reduciendo numéricamente debido a los cambios en la estructura social o se estaba transformando subjetivamente y dejaba de sentirse clase trabajadora para definirse y sentirse clase media. El discurso de clases desapareció en este proyecto, redefiniéndose la estructura social en ricos, pobres y todos los demás, agrupando a estos últimos como las clases medias. Así, Jordi Sevilla, uno de los intelectuales más influyentes en la Nueva Vía en su libro De Nuevo Socialismo, dedicaba su último capítulo a una crítica de mis escritos, presentándome como anticuado (en realidad, el término que utilizó fue de socialdemócrata “tradicional”) por hablar todavía de clase trabajadora cuando, según él, el proyecto socialista debía modernizarse y considerar las clases medias como las bases sociales del proyecto socialista. De ahí que el candidato José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato a la Presidencia del Gobierno como representante de la Nueva Vía, en su discurso de presentación de su candidatura en las primarias del 2004 hablara única y exclusivamente de las clases medias como las bases del nuevo socialismo y nunca (ni una vez) hablara de clase trabajadora. Era, el suyo, un socialismo sin clase trabajadora. Éste era el elemento supuestamente modernizador. Tal candidato ganó las primarias como consecuencia del apoyo de las izquierdas (representadas por la candidata Matilde Fernández) que querían parar a José Bono, el candidato del aparato de Ferraz, sede del PSOE.

Otro elemento característico de la Nueva Vía (la versión española de la Tercera Vía) fue su distanciamiento de las políticas fiscales progresivas y redistributivas. Como subrayó Jordi Sevilla en el libro citado anteriormente “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe estar a favor de más impuestos y más gasto público e introducir rigideces normativas a la economía?” (p. 37). Sólo los anticuados (como Vicenç Navarro) podrían todavía pedir tales propuestas. Para entender el significado de esta supuesta modernización y sus consecuencias, es importante recordar que España era entonces el país con el gasto público (incluyendo gasto público social que financia el escasamente desarrollado estado del bienestar español) más bajo de la UE-15. Y después de siete años de Nueva Vía continúa siéndolo.

La desaparición del compromiso redistribuidor del estado en esta modernización

Es importante recordar que el Sr. Pedro Solbes, ex ministro de Economía del primer gobierno Zapatero, indicó al final de su mandato (2004-2008) que “la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público” (El País. 22.07.07). Las mejoras y reducción del considerable déficit social se realizaría, según Sevilla, mediante mejoras de la eficiencia de los servicios públicos, es decir, “a través de ahorros que puedan hacerse en los servicios públicos, sin los cuales no podrían pagarse las mejoras y extensión del sistema” (p. 127). Y además de ahorros, Sevilla proponía el crecimiento del aseguramiento privado (como seguros sanitarios privados) para complementar los servicios públicos, una propuesta realizada ahora por el gobierno de CiU en Catalunya. Esta propuesta significaba que en un mismo hospital público habría habitaciones privadas para los pacientes con aseguramiento privado y habitaciones públicas (con varias camas por habitación) para la mayoría de pacientes sin aseguramiento privado.

En esta nueva visión, el Estado no era un estado garantizador de derechos y asegurador de bienestar, sino un estado que corregía los excesos del sistema y cubría las necesidades de las poblaciones vulnerables, tal como señaló otro intelectual de la Nueva Vía, Miguel Sebastián. Éste, en una entrevista en El País (21.09.03) respondía a la pregunta del entrevistador sobre si confiaba en el intervencionismo público, que “en absoluto. Soy defensor de esta idea de los demócratas estadounidenses de Estado dinamizador frente a un estado del bienestar o asegurador. El poder público debe tener un papel de promotor o corrector”. Para entender el significado de lo que proponía Miguel Sebastián, hay que conocer que EEUU tiene un estado del bienestar muy poco desarrollado, con ausencia de derechos sanitarios universales, de manera tal que el 56% de las personas que se mueren en aquel país, por tener una enfermedad terminal, confiesan estar preocupadas de cómo ellas o sus familias pagarán su atención sanitaria. Cuando trabajé en la Casa Blanca en la Comisión de Reforma Sanitaria dirigida por la Sra. Hillary Clinton, nuestro sueño era precisamente alcanzar el nivel del estado del bienestar existente en Europa, con un estado no facilitador, sino garantizador de los derechos sociales y laborales. Tengo que suponer que Miguel Sebastian desconocía esta realidad estadounidense cuando escogió tal experiencia como modélica para la socialdemocracia española.

Miguel Sebastián, así como Jordi Sevilla y como su discípulo José Luis Rodríguez Zapatero, favorecieron la bajada de impuestos, bien reflejada en la famosa frase de este último de que bajar impuestos es ser de izquierdas. Esta bajada, sin embargo, fue la causa de que se creara un déficit estructural del estado que quedó oculto como consecuencia del elevado crecimiento económico debido a la burbuja inmobiliaria que dio un falso sentido de progreso y que incrementó los ingresos al estado a pesar de la reducción de los impuestos. Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó, apareció con toda crudeza el déficit estructural del Estado. De ahí que el gobierno de la Nueva Vía estuviera muy poco preparado para responder a la crisis. Su marco ideológico, que reducía el papel del Estado, le hizo muy vulnerable a ser cautivado por el mensaje neoliberal promovido por las instituciones de la UE (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y por el FMI. Su explicación y justificación de las políticas neoliberales que ha estado desarrollando el gobierno Zapatero (desregulación de los mercados laborales, privatización y mercantilización de las Cajas de Ahorros, reducción del empleo y del gasto público y de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación) han sido las mismas que utilizó la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, es decir: No Había Alternativa Posible. “La presión de los mercados financieros” ha sido la frase más utilizada para justificar sus políticas económicas, laborales y sociales de claro corte neoliberal que la clase dominante (burguesía financiera y patronal) han deseado desde hace años, transformándose el gobierno de la Nueva Vía en el socialismo sin clase trabajadora y al servicio del mundo empresarial. Este servicio al mundo empresarial ha tenido incluso una dimensión personal. Muchos de los economistas del equipo Zapatero han terminado y/o terminarán como consultores o empleados de las grandes empresas y bancas que debieran haber intervenido y/o regulado cuando, como empleados del Estado, estaban al servicio de la sociedad.

Las consecuencias de esta supuesta modernización

Tres últimas observaciones. Aunque España continuó a la cola de la Europa Social en cuanto a gasto público social, tal gasto aumentó durante el primer gobierno del PSOE (2004-2008) y ello se debió, en parte, a la alianza informal que el gobierno realizó con los partidos a su izquierda (IU, ICV-EuiA, ERC y BNG) inspirado, en parte, por el gobierno tripartito catalán. Pero tal incremento no fue resultado de políticas fiscales redistributivas (desalentadas por el equipo económico del gobierno Zapatero), sino consecuencia del elevado crecimiento económico y aumento de los ingresos al Estado. También, y como consecuencia de la presión a su izquierda, el gobierno PSOE implementó la propuesta de establecer el cuarto pilar del bienestar, que se había incluido en el programa PSOE del año 2000 con la candidatura de Josep Borrell. En su versión original, el cuarto pilar del bienestar incluía el derecho de acceso a los servicios a las personas con dependencias y a las escuelas de infancia (versión que fue reducida en el programa electoral del PSOE en 2004 a los servicios de dependencia). Estas políticas de carácter socialdemócrata explican su victoria en el 2008.

Aquí quisiera informar al lector de una anécdota significativa. Durante el periodo 2004-2008 fui muy crítico de la política económica del gobierno por las razones indicadas anteriormente. De ahí mi sorpresa cuando en la campaña electoral del 2008, el PSOE publicó el nombre de diez economistas que habían asesorado al gobierno en el desarrollo del programa para el periodo 2008-2012. Entre ellos estábamos Joseph Stiglitz y yo, lo cual me sorprendió, pues éste no era el caso, al menos en lo que concierne a mi persona. Protesté entonces de que se utilizara mi nombre. El portavoz de la campaña electoral del gobierno Zapatero se excusó atribuyéndolo a un error. Decidí no denunciarlo ni comentarlo públicamente para no dañar la candidatura del PSOE. Pero el equipo económico del gobierno Zapatero no ha contado nunca con el asesoramiento de economistas socialdemócratas, que ellos llaman “tradicionales”. Todos ellos son de clara persuasión neoliberal. Y algunos, como David Taguas y Miguel Sebastián, de clara orientación ultraliberal.

Otra observación, que es obvia pero que requiere hacerse de nuevo. No es cierto que no haya alternativas. Varios economistas hemos documentado extensamente políticas alternativas que son factibles y realistas. No sólo partidos a la izquierda del PSOE sino organismos como Attac, han hecho propuestas alternativas a las neoliberales que se están realizando. Como tampoco es cierto que España no pueda desarrollar otras políticas alternativas, a no ser que haya cambios en Europa y en el mundo. Estas explicaciones y justificaciones de las políticas neoliberales que se están haciendo son falsas y erróneas. Otras políticas públicas son posibles si hay voluntad política para hacerlas. En lugar de bajar el gasto público social para reducir el déficit del Estado, por ejemplo, se pueden aumentar los impuestos. Si España tuviera la política fiscal de Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa. En realidad, el estado español es el que ingresa menos fondos. Sólo una cantidad equivalente al 34%, mucho menos que el promedio de la UE-15, 44% y que Suecia, 52%.

Y la otra observación es que el desastre electoral (reflejado en las últimas elecciones autonómicas y municipales) que están conllevando tales políticas se debe al desencanto entre las bases sociales, y muy especialmente entre las clases trabajadoras hacia el gobierno por llevar a cabo tales políticas. Es lo que pasó en Gran Bretaña con la Tercera Vía, en Alemania con Schröder, en Italia con Prodi, y un largo etcétera. La supuesta modernización del socialismo que conllevaba el abandono de principios básicos del socialismo en democracia (es decir, la socialdemocracia) ha sido un desastre electoral con enormes consecuencias. La Tercera Vía del New Labour que había conseguido el 33% del electorado en 1997 (con el cual consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento británico com consecuencia del sistema electoral bipartidista) cayó en picado desde entonces. En 2001, bajó al 25%, en 2005 al 22%, y en 2010 al 19%. En Alemania el Partido Socialdemócrata que había conseguido alcanzar el 34% del electorado en 1998, bajó al 30% en 2002, al 27% en 2005 y al 16% en 2010. Ambos partidos perdieron durante su mandato más de la mitad de sus militantes. Un tanto semejante ocurrió con la izquierda italiana y en grado menor con la izquierda francesa. Las políticas “modernizadoras” (de claro carácter neoliberal) fueron las responsables de tal declive. Es un enorme error creerse que este declive se debe a personalidades y no al rechazo a unas políticas que antagonizan a sus bases electorales. De ahí que la discusión sobre candidatos a suceder a Zapatero sea una frivolidad mediática.

Es sorprendente que surjan voces dentro y fuera del PSOE que exijan un mayor modernización que parece implicar un mayor abandono de los principios de la socialdemocracia, tal como abandonar el concepto de universalidad de derechos sociales y laborales, de diluir todavía más el limitadísimo compromiso con políticas fiscales redistributivas que tiene hoy el gobierno Zapatero, privatizar la financiación de los servicios públicos, y un largo etcétera. Tal abandono significaría la conversión de tal partido en un partido minoritario, carente de movilización entre las clases populares. La Nueva Vía ha sido un paso en esta dirección. La única manera de parar y revertir tal declive es cambiar sus políticas económicas, fiscales y sociales, recuperando los principios y las políticas que fueron responsables de su éxito en el pasado. La falta de protesta frente a las políticas realizadas hasta ahora no dejan lugar a mucho optimismo para el futuro.

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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