El injusto e incoherente veredicto del jurado popular sobre el caso Camps ha reactivado el debate sobre esta institución. La retransmisión en directo del juicio por Internet y la amplia cobertura mediática ha permitido a quien así lo ha querido formarse un juicio personal sobre los hechos enjuiciados: los regalos recibidos por los dirigentes del Partido Popular, Camps y Costa, por parte de una organización delictiva. No recibieron unos pastelitos de una orden de monjas sino trajes, bolsos, joyas, relojes, caviar y todo tipo de artículos de lujo de unos individuos que se encuentran en prisión preventiva por la presunta comisión de delitos muy graves. Entre los que se encuentran la financiación ilegal del Partido Popular, cohecho activo, fraude fiscal, tráfico de influencias y evasión de capitales.

El veredicto es un disparate y contiene contradicciones irresolubles. Por ejemplo, declara probado que “no hay documentación que acredite que Camps no se pagara los trajes”. Si no se pagan los trajes no hay recibo, es de una lógica aplastante. Los hechos negativos no se pueden probar. Sin embargo el jurado no tuvo en consideración la prueba documental consistente en la exhibición de los cheques con que la red “Gurtel” pagó esos trajes a la tienda de donde Camps se llevó esas prendas.

Los hechos probados del jurado en veredictos absolutorios no son recurribles, pero el Tribunal Supremo al conocer el recurso de casación contra sentencias del Tribunal del Jurado, en contadas ocasiones, ha declarado el veredicto nulo y se ha tenido que repetir el juicio.

Además del veredicto, que más que absolutorio es un indulto, diarios como Público y El Mundo han denunciado que el portavoz del Jurado ha tenido una actuación, al menos poco imparcial, y que ha podido tener algún tipo de relación con el circulo más próximo de Camps.

Con todos estos elementos, es lógico que muchos ciudadanos con sensibilidad de izquierda reniegan de la institución del Jurado.

Esta figura se introdujo en la Constitución española con el saludable interés de “democratizar la Justicia”. De los tres poderes que forman la institucionalidad burguesa, el judicial es el único que no tienen legitimidad democrática. Mediante el jurado se hace participe a la ciudadanía de la administración de justicia. Y no sólo es importante el ejercicio democrático de la función judicial sino que la institución del jurado ejerce una beneficiosa función didáctica sobre la ciudadanía.

Los españoles, excepto los breves paréntesis de las dos repúblicas, carecen de cultura democrática. Toda nuestra historia ha sido una sucesión de dictaduras fascistas y regímenes autocráticos que han castrado cualquier participación del pueblo en la gestión de lo público. Lo términos “político” y “judicial” arrastran una pésima imagen. La mejor de las vías para mejorar la imagen de la gestión política es la democrática, es decir, la participación directa de los ciudadanos en la política y en la administración de la justicia. Pero, la mayoría de la ciudadanía, en lugar de recuperar mayor protagonismo, opta por eludir las propias responsabilidades. Por ejemplo, la gran mayoría de españoles no quieren formar parte del jurado o de las mesas electorales. Se inventan todo tipo de excusas para evitar implicarse en la política o la justicia que tanto critican.

Es evidente que el Tribunal del Jurado ha dictado veredictos erróneos, entre los que es destacable el del caso de Rocío Wanninkhof , por el que se condenó a una mujer por asesinato que luego resultó totalmente inocente. No obstante, lo cierto es que los jueces profesionales no son ajenos a los errores y a la parcialidad que atribuimos a los jurados. Son muchísimos los ciudadanos que tienen quejas, ya no por el lento y burocrático funcionamiento de la administración de la justicia, sino por el dictado de resoluciones injustas por los jueces profesionales. Ejemplos los hay a miles, pero por citar algunos más mediáticos y relacionados con la actualidad, podemos recordar cómo dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia intentaron ya archivar el caso Camps, sin ni siquiera juicio, mediante un auto que fue revocado por el Tribunal Supremo.

También son un ejemplo de disparate jurídico los tres procesos que tiene abiertos Baltasar Garzón, en los que la más alta instancia jurídica de este estado, el Tribunal Supremo, está haciendo caso omiso de su propia jurisprucencia para una especie de “vendeta” personal contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el alto tribunal estableció que en los asuntos de interés público solo se abre Juicio Oral sí acusaba el Ministerio Fiscal, garantía que se estableció para archivar un proceso penal en el que estaba imputado el banquero Emilio Botín. Con todo el descaro del mundo, los mismos magistrados que establecieron la anterior doctrina, no la quieren aplicar para los procesos abiertos a Garzón, donde son acusadores, respectivamente, la ultraderecha y militantes del Partido Popular. En idéntica situación se encontró Juan María Atutxa al que se condenó injustamente sin que acusara el Ministerio Fiscal.

Soy firme partidario de la institución del jurado. Es del todo incoherente pedir más democracia y no reivindicar más participación popular en el poder judicial. Para declarar probados hechos no hace falta encerrarse tres años memorizando el código civil, incluso creo que esta formación tan alejada de la realidad social es perjudicial para un correcto ejercicio de la potestad jurisdiccional. Son muchos los países que no sólo utilizan más el jurado sino que muchos jueces y fiscales son elegidos por elección popular o tienen otros métodos mejores para su selección.

Lo que se trataría no es tanto de acabar con el jurado sino de mejorarlo. Por ejemplo, tomando el modelo USA, cuando un delito ha tenido mucho impacto popular y mediático, el juicio se debería celebrar en otro estado distinto y alejado. Soy consciente que una solución así chocaría con el modelo de competencias autonómico español pero, a su vez, me consta que hay ciudadanos nacionalistas valencianos que hubieran preferido que Camps hubiera sido juzgado por un jurado en Galicia o Andalucía antes que en Valencia.

También habría que repensar sus competencias, es curioso que el jurado conoce de delitos cometidos por políticos y no por jueces. Como se ha demostrado, se es más parcial cuando se juzga a un político que han votado pocos meses antes que con un juez con el que no tiene ningún tipo de vínculo. Tampoco tiene sentido que el jurado conozca de delitos de poca entidad como el allanamiento de morada.

Los demócratas tenemos obligación de defender al jurado, aunque no nos gusten algunas de sus decisiones. Si los ciudadanos tienen derecho a equivocarse con su voto a sus representantes políticos tienen el mismo derecho en los veredictos. De hecho, el porcentaje de miembros del jurado que indultaron a Camps en su veredicto, es el mismo porcentaje de ciudadanos que lo votaron (equivocadamente) en las últimas elecciones autonómicas. El error del jurado no fue peor que el error de la mayoría de los votantes valencianos. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de los últimos años de derroche y corrupción del Consell del PP.

Aspiremos a ser hegemónicos y a que algún día los jurados y los parlamentos las personas dignas y honradas sean las mayoritarias.

Fuente: http://elpoblet.org/news/22ca89704b1311e186153860774f33e8/juicio-al-jurado/

micorreo@carlosmartinez.info

@carlosmartinezr

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.