cr Auge de beneficios para prisiones privadas en EE.UU. por medidas contra latinos - Sociedad sin explotación,la verdadera democracia Sociedad sin explotación,la verdadera democracia
Miércoles, 16 de mayo de 2012

Dina Rasor          Truthout


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

En las últimas dos semanas, he escrito dos artículos sobre las mayores compañías de prisiones privadas, Corrections Corporation of America (CCA) y Geo Group (GEO), para sacar a la luz sus esfuerzos por aumentar sus beneficios si se mantienen las leyes que maximizan la cantidad de presos en este país (uno de cada cien personas, la mayor del mundo). Consiguieron asegurarse lobistas y ex empleados bien ubicados para mantener elevado su producto (la cantidad de presos) con el fin de llenar las camas de las prisiones públicas que administran y las prisiones privadas que poseen. Incluso forma parte del plan de negocios que presentaron a la Comisión de Seguridad y de Cambio (SEC).

Pero pocos se dan cuenta de que este impulso hacia la privatización de la administración de prisiones, o de las prisiones per se comenzó en 1990 con la CCA y su primer contrato con el gobierno federal para administrar a los detenidos federales de inmigración, muchos de los cuales no han cometido ningún crimen aparte de encontrarse ilegalmente en este país. La organización sin fines de lucro Detention Watch Network dice:

Aunque la cantidad de camas de inmigrantes detenidos administradas por empresas privadas ha aumentado drásticamente desde 1996, las corporaciones han dominado efectivamente el campo de actividad durante más de dos décadas. De hecho, un contrato entre el INS [el ahora difunto Servicio de Inmigración y Naturalización] y la recién formada Corrections Corporation of America (CCA) dio origen a la industria privada de prisiones en 1983. Desde entonces, docenas de compañías han aparecido para competir por contratos gubernamentales no solo en operaciones de detención, sino en industrias periféricas como construcción de prisiones y servicios de agentes correccionales.

CCA y otras compañías privadas de prisiones consideraron que el gran problema sin resolver de la inmigración indocumentada (unos 12 millones de personas) en nuestro país constituía un inmenso potencial para seguir aumentando la cantidad de camas que administran en los centros de detención federales. Sin embargo, era un “producto” inseguro ya que los políticos nacionales cambiaban de opinión continuamente sobre el control de la inmigración en la década de los noventa.

Las cosas comenzaron a mejorar cuando el nuevo milenio trajo la tragedia del 11-S y un grupo potencial de detenidos totalmente nuevo. De Detention Watch Network:

En una llamada en conferencia con analistas en el tercer trimestre de 2001, Steven Logan, director ejecutivo de Cornell Industries [ahora parte de la compañía de prisiones privadas GEO Group], habló abiertamente de su intención de sacar provecho de la fiebre de vigilancia y control posterior al 11-S: “Es obvio que desde el 11-S ha habido más concentración en la detención… van a capturar a más gente. Por lo tanto diría que es algo positivo… con el enfoque en la gente ilegal y también de origen de Medio Oriente, en EE.UU. hay más de 900.000 individuos indocumentados originarios de Medio Oriente… es una población que por numerosos motivos está siendo considerada… El negocio federal es el mejor negocio para nosotros y… el 11-S está aumentando ese negocio”.

Desgraciadamente el 11-S no resultó ser el auge planificado de la cantidad de detenidos, pero entonces llegó la Gran Recesión y dio más esperanzas a las compañías:

En su informe de 2007 a la Comisión de Seguridad y Cambio, CCA reconoció: “Dependemos de asignaciones gubernamentales… La demanda de nuestras instalaciones y servicios podría verse afectada negativamente por la reducción de los esfuerzos de vigilancia y control o a través de la ‘descriminalización’ de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestro derecho penal”. En el actual clima político, sin embargo, las proyecciones sobre la viabilidad de la detención de los inmigrantes como inversión empresarial son relativamente optimistas. Como James Hyman, presidente de Cornell Companies (una compañía adquirida en 2010 por GEO Group), dijo a un posible inversor preocupado por una posible reducción de la vigilancia, el control y las detenciones: “No creemos que haya una disminución en la necesidad de camas de detención, particularmente en una economía con creciente desempleo entre trabajadores estadounidenses”.

Esta vez, las compañías privadas acertaron en sus proyecciones económicas, y a finales de la primera década de este siglo, los negocios fueron buenos. Estadísticas del Foro de Inmigración:

“La expansión del sistema de detención de inmigrantes ha beneficiado a la industria de las prisiones privadas. Corrections Corporations of America (CCA) es el mayor contratista de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). Opera un total de 14 instalaciones contratadas por ICE, con un total de 7.183 camas. En 2010, CCE y GEO informaron de ingresos anuales de 1.690 millones de dólares y 1.170 millones respectivamente. Además, GEO adquirió recientemente BI Incorporated, una compañía que tiene lucrativos contratos gubernamentales con ICE para administrar sus alternativas para el programa de detención.

Es importante señalar que las personas en estos centros de detención no son todos criminales empedernidos que esperan prolongadas sentencias por crímenes graves. La gente en Detention Watch Network, un consorcio de más de 80 grupos describe las características de gran parte de la gente que está recluida en prisiones federales de detención:

El gobierno de EE.UU. detuvo a aproximadamente 380.000 personas en custodia de inmigración en 2009 en una mezcolanza de unas 350 instalaciones con un coste anual de más de 1.700 millones de dólares.

Los inmigrantes detenidos incluyen familias, inmigrantes indocumentados y documentados que han estado durante años en EE.UU. y que ahora enfrentan el exilio, sobrevivientes de torturas, demandantes de asilo político y otros grupos vulnerables que incluyen mujeres, niños, e individuos que están gravemente enfermos sin medicamentos ni atención adecuada.

Haber violado las leyes de inmigración no es un crimen. Es una violación civil para la cual los inmigrantes pasan por un proceso para ver si tienen derecho a permanecer en EE.UU. Los inmigrantes detenidos durante este proceso están bajo detención no criminal. El Departamento de Seguridad Interior (DHS) es el organismo responsable de la detención de inmigrantes.

El coste promedio de la detención de un inmigrante es de aproximadamente 122 dólares por persona diarios. Alternativas a la detención, que generalmente incluyen una combinación de presentación a la policía y monitoreo electrónico, son efectivas y significativamente más económicas; algunos programas cuestan solo 12 dólares diarios. Esas alternativas a la detención todavía producen una tasa de presentación ante los tribunales de inmigración estimada en un 93%.

Aunque el DHS posee y opera sus propios centros de detención, también “compra” espacio en camas de 312 prisiones de condados y ciudades en todo el país para albergar a la mayoría de los detenidos (más de un 67%). Los inmigrantes detenidos en esas cárceles locales se mezclan con la población carcelaria local que está en prisión por crímenes.

Cerca de la mitad de todos los inmigrantes detenidos no tiene ningún antecedente criminal. El resto puede haber cometido algún crimen en el pasado, pero ya han pagado su deuda con la sociedad. Están detenidos solo por propósitos de inmigración.

Mientras las compañías de prisiones privadas ya han comenzado a saturar el mercado de detenidos que llegan a los centros federales de detención, hay que notar que las prisiones de condados y ciudades tienen la mayoría de un 67% de los detenidos. Si esta industria pudiera conseguir que el mantenimiento del orden local y estatal encuentre y atrape a más inmigrantes indocumentados, habría más prisiones locales repletas de detenidos que administrar.

Pero el gobierno federal no ha sido tan agresivo en la captura de potenciales detenidos como habrían deseado numerosos legisladores en los Estados. Por lo tanto, grupos de Estados, incluido Arizona, recurrieron a ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense), la ahora tristemente célebre biblioteca de modelos de leyes apreciada por numerosos conservadores, para producir una ley que permita que los gobiernos estatales y locales también participen en el logro del negocio de los inmigrantes indocumentados.

La ahora famosa ley de Arizona, SB 1070, fue el resultado del esfuerzo de los legisladores estatales de Arizona (incluido el autor principal, senador estatal Russell Pearce, miembro de ALEC, junto con otros 35 legisladores estatales de Arizona); algunos organismos de mantenimiento del orden; el actual gobernador de Arizona, y otras partes interesadas como las compañías de prisiones privadas. Esta nueva ley, que se ha aprobado en cinco Estados ya se ha presentado a  muchos otros legisladores estatales, contiene numerosas provisiones para permitir que los servicios estatales y locales de mantenimiento del orden usurpen la autoridad federal y se ocupen de detener inmigrantes.

Sin embargo, una de las provisiones “es un requerimiento de que los funcionarios estatales y locales de mantenimiento del orden deben tratar de determinar el estatus de inmigración de personas con las que entren en ‘contacto legal’ y que tengan sospechas razonables de que están ilegalmente en EE.UU. Esta ha llevado a afirmaciones de que la ley se impondrá perfiles raciales de los hispánicos” [latinos, N. del T.]

Esta ley ya ha sido cuestionada recientemente por la Corte Suprema y todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero Arizona ya ha estado trabajando en su implementación a fin de encontrar y detener más inmigrantes, a pesar de que el gobierno de Obama ha tratado de hacer que Arizona cese y desista por el desafío a la jurisdicción federal y el temor de que la ley lleve a perfiles raciales injustos.

Las industrias de las prisiones privadas estuvieron muy involucradas en el logro de que esta ley fuera aprobada en Arizona y otros Estados y ofrecieron su dinero para cabildeo a fin de ver si sería posible expandir este mercado para obtener más negocio y maximizar los beneficios de sus accionistas. (A propósito, estos son sus planes para su negocio, como cualquier otra empresa que hace contratos con el gobierno, desde la atención sanitaria a los contratos de defensa). Por lo tanto, se propusieron asegurar la ley en Arizona con el principal campeón de esa ley, el senador estatal Russell Pearce.

No se tuvieron que preocupar demasiado gracias a los lazos de sus antiguos empleados y la oficina del gobernador que ya estaba presionando enérgicamente a favor de esta nueva ley.

De Prison Legal News:

Pearce es el principal patrocinador de la controvertida Ley de Apoyo a nuestro mantenimiento del orden y vecindarios seguros (SB 1070 / HB 2162), que fue promulgada por el gobernador Jan Brewer en abril de 2010…

Poco más de una semana después de que Pearce presentara la Ley de apoyo de nuestro mantenimiento del orden en la sala del senado estatal como SB 1070, CCA contrató a Highground Consulting, una de las firmas de cabildeo más influyentes en Phoenix, para que represente sus intereses en el Estado.

Los formularios de revelación de lobby presentados al secretario de Estado de Arizona indican que el condado Maricopa también empleó a la firma consultora durante el período de elaboración de la ley.

La influencia de Highground se extiende hasta la oficina del gobernador Brewer. El propietario, dueño del capital de la firma, es Charles "Chuck" Coughlin, principal consejero y jefe de campaña de Brewer.

Aparte de Coughlin, CCA tiene otros vínculos con la oficina del gobernador. Informes de lobbies estatales revelan que el actual portavoz del gobernador Brewer, [Paul Senseman], estuvo cabildeando a legisladores de Arizona como lobista jefe de CCA en el Estado como empleado de Policy Development Group, Inc., otra influyente consultora de Phoenix, de 2005 hasta finales de 2008. Senseman fue nombrado portavoz de Brewer en enero de 2009, recién salido de su puesto con CCA. La esposa de Senseman, Kathryn, sigue empleada por Policy Development Group, que sigue cabildeando al Estado por cuenta de CCA.

Por lo tanto, en 2005 y 2006, mientras los legisladores de Arizona –muchos de ellos miembros de ALEC– redactaban provisiones para lo que finalmente se convertiría en HB 2577, el actual director de comunicaciones del gobernador Brewer estaba cabildeando por cuenta de la mayor compañía de prisiones privadas y operadora de instalaciones de detención de inmigrantes de la nación.

Para apreciar integralmente el entrelazamiento de todos estos protagonistas y mostrar un cuadro que vale mil palabras, Kelly Sullan hizo un impresionante diagrama de cómo todo está conectado, para acompañar el artículo de Beau Hodai en In These Times.

Diagrama de vínculos entre la industria de prisiones y políticos de Arizona

En las últimas dos semanas, he escrito dos artículos sobre las mayores compañías de prisiones privadas, Corrections Corporation of America (CCA) y Geo Group (GEO), para sacar a la luz sus esfuerzos por aumentar sus beneficios si se mantienen las leyes que maximizan la cantidad de presos en este país (uno de cada cien personas, la mayor del mundo). Consiguieron asegurarse lobistas y ex empleados bien ubicados para mantener elevado su producto (la cantidad de presos) con el fin de llenar las camas de las prisiones públicas que administran y las prisiones privadas que poseen. Incluso forma parte del plan de negocios que presentaron a la Comisión de Seguridad y de Cambio (SEC).

Pero pocos se dan cuenta de que este impulso hacia la privatización de la administración de prisiones, o de las prisiones per se comenzó en 1990 con la CCA y su primer contrato con el gobierno federal para administrar a los detenidos federales de inmigración, muchos de los cuales no han cometido ningún crimen aparte de encontrarse ilegalmente en este país. La organización sin fines de lucro Detention Watch Network dice:

Aunque la cantidad de camas de inmigrantes detenidos administradas por empresas privadas ha aumentado drásticamente desde 1996, las corporaciones han dominado efectivamente el campo de actividad durante más de dos décadas. De hecho, un contrato entre el INS [el ahora difunto Servicio de Inmigración y Naturalización] y la recién formada Corrections Corporation of America (CCA) dio origen a la industria privada de prisiones en 1983. Desde entonces, docenas de compañías han aparecido para competir por contratos gubernamentales no solo en operaciones de detención, sino en industrias periféricas como construcción de prisiones y servicios de agentes correccionales.

CCA y otras compañías privadas de prisiones consideraron que el gran problema sin resolver de la inmigración indocumentada (unos 12 millones de personas) en nuestro país constituía un inmenso potencial para seguir aumentando la cantidad de camas que administran en los centros de detención federales. Sin embargo, era un “producto” inseguro ya que los políticos nacionales cambiaban de opinión continuamente sobre el control de la inmigración en la década de los noventa.

Las cosas comenzaron a mejorar cuando el nuevo milenio trajo la tragedia del 11-S y un grupo potencial de detenidos totalmente nuevo. De Detention Watch Network:

En una llamada en conferencia con analistas en el tercer trimestre de 2001, Steven Logan, director ejecutivo de Cornell Industries [ahora parte de la compañía de prisiones privadas GEO Group], habló abiertamente de su intención de sacar provecho de la fiebre de vigilancia y control posterior al 11-S: “Es obvio que desde el 11-S ha habido más concentración en la detención… van a capturar a más gente. Por lo tanto diría que es algo positivo… con el enfoque en la gente ilegal y también de origen de Medio Oriente, en EE.UU. hay más de 900.000 individuos indocumentados originarios de Medio Oriente… es una población que por numerosos motivos está siendo considerada… El negocio federal es el mejor negocio para nosotros y… el 11-S está aumentando ese negocio”.

Desgraciadamente el 11-S no resultó ser el auge planificado de la cantidad de detenidos, pero entonces llegó la Gran Recesión y dio más esperanzas a las compañías:

En su informe de 2007 a la Comisión de Seguridad y Cambio, CCA reconoció: “Dependemos de asignaciones gubernamentales… La demanda de nuestras instalaciones y servicios podría verse afectada negativamente por la reducción de los esfuerzos de vigilancia y control o a través de la ‘descriminalización’ de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestro derecho penal”. En el actual clima político, sin embargo, las proyecciones sobre la viabilidad de la detención de los inmigrantes como inversión empresarial son relativamente optimistas. Como James Hyman, presidente de Cornell Companies (una compañía adquirida en 2010 por GEO Group), dijo a un posible inversor preocupado por una posible reducción de la vigilancia, el control y las detenciones: “No creemos que haya una disminución en la necesidad de camas de detención, particularmente en una economía con creciente desempleo entre trabajadores estadounidenses”.

Esta vez, las compañías privadas acertaron en sus proyecciones económicas, y a finales de la primera década de este siglo, los negocios fueron buenos. Estadísticas del Foro de Inmigración:

“La expansión del sistema de detención de inmigrantes ha beneficiado a la industria de las prisiones privadas. Corrections Corporations of America (CCA) es el mayor contratista de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). Opera un total de 14 instalaciones contratadas por ICE, con un total de 7.183 camas. En 2010, CCE y GEO informaron de ingresos anuales de 1.690 millones de dólares y 1.170 millones respectivamente. Además, GEO adquirió recientemente BI Incorporated, una compañía que tiene lucrativos contratos gubernamentales con ICE para administrar sus alternativas para el programa de detención.

Es importante señalar que las personas en estos centros de detención no son todos criminales empedernidos que esperan prolongadas sentencias por crímenes graves. La gente en Detention Watch Network, un consorcio de más de 80 grupos describe las características de gran parte de la gente que está recluida en prisiones federales de detención:

El gobierno de EE.UU. detuvo a aproximadamente 380.000 personas en custodia de inmigración en 2009 en una mezcolanza de unas 350 instalaciones con un coste anual de más de 1.700 millones de dólares.

Los inmigrantes detenidos incluyen familias, inmigrantes indocumentados y documentados que han estado durante años en EE.UU. y que ahora enfrentan el exilio, sobrevivientes de torturas, demandantes de asilo político y otros grupos vulnerables que incluyen mujeres, niños, e individuos que están gravemente enfermos sin medicamentos ni atención adecuada.

Haber violado las leyes de inmigración no es un crimen. Es una violación civil para la cual los inmigrantes pasan por un proceso para ver si tienen derecho a permanecer en EE.UU. Los inmigrantes detenidos durante este proceso están bajo detención no criminal. El Departamento de Seguridad Interior (DHS) es el organismo responsable de la detención de inmigrantes.

El coste promedio de la detención de un inmigrante es de aproximadamente 122 dólares por persona diarios. Alternativas a la detención, que generalmente incluyen una combinación de presentación a la policía y monitoreo electrónico, son efectivas y significativamente más económicas; algunos programas cuestan solo 12 dólares diarios. Esas alternativas a la detención todavía producen una tasa de presentación ante los tribunales de inmigración estimada en un 93%.

Aunque el DHS posee y opera sus propios centros de detención, también “compra” espacio en camas de 312 prisiones de condados y ciudades en todo el país para albergar a la mayoría de los detenidos (más de un 67%). Los inmigrantes detenidos en esas cárceles locales se mezclan con la población carcelaria local que está en prisión por crímenes.

Cerca de la mitad de todos los inmigrantes detenidos no tiene ningún antecedente criminal. El resto puede haber cometido algún crimen en el pasado, pero ya han pagado su deuda con la sociedad. Están detenidos solo por propósitos de inmigración.

Mientras las compañías de prisiones privadas ya han comenzado a saturar el mercado de detenidos que llegan a los centros federales de detención, hay que notar que las prisiones de condados y ciudades tienen la mayoría de un 67% de los detenidos. Si esta industria pudiera conseguir que el mantenimiento del orden local y estatal encuentre y atrape a más inmigrantes indocumentados, habría más prisiones locales repletas de detenidos que administrar.

Pero el gobierno federal no ha sido tan agresivo en la captura de potenciales detenidos como habrían deseado numerosos legisladores en los Estados. Por lo tanto, grupos de Estados, incluido Arizona, recurrieron a ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense), la ahora tristemente célebre biblioteca de modelos de leyes apreciada por numerosos conservadores, para producir una ley que permita que los gobiernos estatales y locales también participen en el logro del negocio de los inmigrantes indocumentados.

La ahora famosa ley de Arizona, SB 1070, fue el resultado del esfuerzo de los legisladores estatales de Arizona (incluido el autor principal, senador estatal Russell Pearce, miembro de ALEC, junto con otros 35 legisladores estatales de Arizona); algunos organismos de mantenimiento del orden; el actual gobernador de Arizona, y otras partes interesadas como las compañías de prisiones privadas. Esta nueva ley, que se ha aprobado en cinco Estados ya se ha presentado a  muchos otros legisladores estatales, contiene numerosas provisiones para permitir que los servicios estatales y locales de mantenimiento del orden usurpen la autoridad federal y se ocupen de detener inmigrantes.

Sin embargo, una de las provisiones “es un requerimiento de que los funcionarios estatales y locales de mantenimiento del orden deben tratar de determinar el estatus de inmigración de personas con las que entren en ‘contacto legal’ y que tengan sospechas razonables de que están ilegalmente en EE.UU. Esta ha llevado a afirmaciones de que la ley se impondrá perfiles raciales de los hispánicos” [latinos, N. del T.]

Esta ley ya ha sido cuestionada recientemente por la Corte Suprema y todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero Arizona ya ha estado trabajando en su implementación a fin de encontrar y detener más inmigrantes, a pesar de que el gobierno de Obama ha tratado de hacer que Arizona cese y desista por el desafío a la jurisdicción federal y el temor de que la ley lleve a perfiles raciales injustos.

Las industrias de las prisiones privadas estuvieron muy involucradas en el logro de que esta ley fuera aprobada en Arizona y otros Estados y ofrecieron su dinero para cabildeo a fin de ver si sería posible expandir este mercado para obtener más negocio y maximizar los beneficios de sus accionistas. (A propósito, estos son sus planes para su negocio, como cualquier otra empresa que hace contratos con el gobierno, desde la atención sanitaria a los contratos de defensa). Por lo tanto, se propusieron asegurar la ley en Arizona con el principal campeón de esa ley, el senador estatal Russell Pearce.

No se tuvieron que preocupar demasiado gracias a los lazos de sus antiguos empleados y la oficina del gobernador que ya estaba presionando enérgicamente a favor de esta nueva ley.

De Prison Legal News:

Pearce es el principal patrocinador de la controvertida Ley de Apoyo a nuestro mantenimiento del orden y vecindarios seguros (SB 1070 / HB 2162), que fue promulgada por el gobernador Jan Brewer en abril de 2010…

Poco más de una semana después de que Pearce presentara la Ley de apoyo de nuestro mantenimiento del orden en la sala del senado estatal como SB 1070, CCA contrató a Highground Consulting, una de las firmas de cabildeo más influyentes en Phoenix, para que represente sus intereses en el Estado.

Los formularios de revelación de lobby presentados al secretario de Estado de Arizona indican que el condado Maricopa también empleó a la firma consultora durante el período de elaboración de la ley.

La influencia de Highground se extiende hasta la oficina del gobernador Brewer. El propietario, dueño del capital de la firma, es Charles "Chuck" Coughlin, principal consejero y jefe de campaña de Brewer.

Aparte de Coughlin, CCA tiene otros vínculos con la oficina del gobernador. Informes de lobbies estatales revelan que el actual portavoz del gobernador Brewer, [Paul Senseman], estuvo cabildeando a legisladores de Arizona como lobista jefe de CCA en el Estado como empleado de Policy Development Group, Inc., otra influyente consultora de Phoenix, de 2005 hasta finales de 2008. Senseman fue nombrado portavoz de Brewer en enero de 2009, recién salido de su puesto con CCA. La esposa de Senseman, Kathryn, sigue empleada por Policy Development Group, que sigue cabildeando al Estado por cuenta de CCA.

Por lo tanto, en 2005 y 2006, mientras los legisladores de Arizona –muchos de ellos miembros de ALEC– redactaban provisiones para lo que finalmente se convertiría en HB 2577, el actual director de comunicaciones del gobernador Brewer estaba cabildeando por cuenta de la mayor compañía de prisiones privadas y operadora de instalaciones de detención de inmigrantes de la nación.

Para apreciar integralmente el entrelazamiento de todos estos protagonistas y mostrar un cuadro que vale mil palabras, Kelly Sullan hizo un impresionante diagrama de cómo todo está conectado, para acompañar el artículo de Beau Hodai en In These Times.

Diagrama de vínculos entre la industria de prisiones y políticos de Arizona

Irónicamente, mientras revisaba los mapas de ICE para ver dónde están ubicados los principales centros de detención en EE.UU. de ICE, vi que una de las prisiones locales en mi condado ha sido alquilada al gobierno federal como centro de detenidos de ICE en

Richmond, California – a unos seis kilómetros de donde me encuentro. Esa instalación, aunque sigue siendo propiedad del condado, menciona a varios contratistas privados para que les ayude a suministrar y dirigir la instalación.

Por lo tanto si la Corte Suprema de EE.UU. confirma esta ley, será válida en otros Estados donde se han aprobado leyes similares y se alentará a otros Estados a aprobar sus propias leyes. Las industrias de prisiones privadas tendrán que realizar más cabildeo y tráfico de influencias con gobernadores y legisladores estatales que actúan en beneficio propio y sus empleados. Promete que el negocio será bueno mientras los gobiernos estatales y locales capturan a más y más de los 12 millones de inmigrantes indocumentados para la industria de las prisiones privadas. La industria y los protagonistas gubernamentales que imponen tratos para su “mercado” verán esa inmensa “materia prima” potencial de seres humanos que hay que encontrar y detener para obtener beneficios. Sin estar controlada, promete que el negocio será bueno, pero corrupto y malo para nuestro país.

Fuente: http://truth-out.org/news/item/9045-breathing-while-latino-laws-boom-for-private-prison-profits


Tags: prisiones privadas, latinos, milenio, conferencia, vigilancia, seguridad

El primer vídeo pertenece al segundos, como todos los subidos por mi

Pirámide capitalista
Pirámide capitalista. actualizada


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