S?bado, 25 de mayo de 2013

Antes de aparecer como un automático defensor de la veracidad o no del contenido de esta nueva forma de intrigas y chismes de la oposición “grabaciones telefónicas” que riñen contra la ley, la ética y la buena convivencia, indiferentemente tanto de su contenido, como del que los emitió, pasamos mejor a hacer un análisis jurídico legal, que a nuestro juicio es mas producente y el que mejor dominamos por tener la experticia para ello.

En primer lugar nos vamos a referir a los propios conceptos emitidos por la oposición sobre el tema.

En reportaje que hiciere la periodista Mariana Duque en el Diario de Los Andes en fecha 14 de Agosto de 2011, con relación a la opinión del Director de Política de la Gobernación del Táchira, de la anterior gestión opositora de ese estado, sobre lo que piensa la oposición de esta mala praxis el cual cae como aniño al dedo y que pone en evidencia las contradicciones permanentes de este sector, de que las cosas son buenas cuando les conviene y malas cuando no, cito:

“…….Con relación a la grabación de conversaciones de dirigentes opositores por parte del Gobierno nacional, las cuales son transmitidas a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión -VTV-, el director de Política del Ejecutivo regional, Alexis Balza, afirmó que este es un hecho violatorio de la Constitución Nacional, porque sólo se pueden grabar conversaciones privadas cuando se trata de procesos judiciales.

"Sólo se pueden usar estos mecanismos de grabaciones de conversaciones privadas cuando se trata de procesos judiciales autorizados por tribunales para el esclarecimiento de hechos punibles o para la aprehensión de delincuentes en la comisión de hechos delictuales, pero el Gobierno usa este mecanismo con fines eminentemente políticos, manifestó.……

El Director de Política de la Gobernación del Táchira destacó que este tipo de prácticas sólo ocurren en gobiernos dictatoriales que buscan eliminar a cuenta de lo que sea a quienes los enfrentan, a pesar de que aclaró, la Constitución de la República de Venezuela es absolutamente democrática.

…..Alexis Balza destacó que el Poder Central acude a grabar las conversaciones de los dirigentes de oposición para poder enfrentarlos, pues acotó que los dirigentes del partido de Gobierno no cuentan con las ideas ni con el raciocinio necesario para hacerlo por la vía legal.”

También la diputada opositora María Corina Machado, en declaraciones dadas a DDN Digital Noticias-Venezuela, condena este tipo de acciones, cito:

“…….“Pareciera que el gobierno ha dado la instrucción de no investigar el atentado que sufrimos en el 23 de enero”, afirmó desde San Cristóbal, estado Táchira, en una rueda de prensa, Machado se refirió a la ilegal grabación de una plática que tuvo con su madre, poco después de los disparos que desconocidos le hicieran frente al bloque 37 de ese sector.

………..Machado recordó que las escuchas ilegales violan la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones de 1991, y rechazó que los pinchazos telefónicos se conviertan en un nuevo deporte nacional auspiciado por el Ejecutivo”.

Ambas declaraciones ponen en evidencia lo que a continuación reforzaremos con nuestra legislación patria y con el derecho comparado, que no es más que los elementos manipuladores con que alimentan su canalla mediática, y con este nuevo estilo de GOLPE MEDIÁTICO EFECTISTA, piensan impregnar al país, para que reine el caos y la duda, producto esto de los muy bajos resultados de una práctica golpista permanente en la que han sumido al gobierno constitucional de Venezuela, a la cabeza del Presidente Nicolás Maduro Moros.

Comencemos nuestro análisis con la Norma Rectora de nuestro Ordenamiento Legal vigente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 48, 49 y 60 que a tenor establecen:

“Artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Artículo 49. ……………..Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.”

En ellos podemos observar claramente la condición de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la nulidad de estas grabaciones como pruebas legales y el derecho que tienen las personas a que les sea respetada su vida privada e intimidad.

Por otro lado nuestro Código Orgánico Procesal Penal, establece en sus artículos 190, 191 y 339 lo siguiente:

“Artículo 190. Principio. No podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.

Artículo 191. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.

Artículo 339. Lectura. Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:

1º. Los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o experto, cuando sea posible.

Estos artículos que nos ha brindado nuestra legislación penal confirman la ilegalidad e ineficacia de estas prácticas.

De igual forma nuestros Tribunales de la República han sentado jurisprudencia reiterada al respecto, como ha sido el caso de lo decidido en la Causa Nro. Aa-2122-05 de fecha 10 de Noviembre de 2006, por el Juez Ponente: Eliseo José Padrón Hidalgo, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en su Corte de Apelaciones, a la negativa a la utilización de este tipo de medios de prueba:

“………….DISPOSITIVO
Por los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones, en su Única Sala, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

………..SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada por el juez a quo en el acto de la audiencia preliminar, mediante la cual declaró la Nulidad del contenido de la grabación magnetofónica consignada por los ciudadanos José Nerio Ramírez y Flor María Pérez de Ramírez y ofrecida como medio de prueba por la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público………”.

Amén de todo lo andado si vamos al Derecho comparado podemos traer a colación lo decidido por el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia del 29 de Noviembre de 1948, Causa: Nro. STC11/1984

“……………Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado…….."
De igual forma la Constitución Española en su Artículo 18.3, determina que si uno no es parte en la conversación estará vulnerando un derecho fundamental, solo quien graba las palabras que un tercero le dirige no está cometiendo por ese solo hecho ilícito alguno. Cuestión diferente sería si esa conversación se divulga y la intromisión que pueda supones en la esfera de la persona cuyas palabras se han recogido, como es el caso de lo en nuestro país sucedido. También la legislación penal española en su artículo 197 establece la Licitud de la Prueba y al respecto determina que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito. Y de la misma manera la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la legislación española a tenor establece:
“Artículo 5 Derecho de información en la recogida de datos, establece:

Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco………….”

Todo lo antes expuesto es sin tomar en cuenta las acciones que puedan tomar los agraviados por la violación de sus legítimos derechos.

Los propios decires de la oposición incoherente y contradictoria, como es costumbre ya verlas en esas actitudes confirman nuestros puntos de vista, uno por uno, que no podemos subestimar, tildándolas de destempladas, poco inteligentes u otro termino parecido, ya que están esta gente muy claros en sus propósitos, todas sus acciones van dirigidas a conseguir la atención del mundo haciendo ver que en Venezuela hay totas desapego a la ley, ingobernabilidad y caos, para poder sustentar de una forma amañada y tirada por los pelos, pero efectistas cuando con ello logran alimentar la canalla mediática, para poder hacer efectiva la aplicación de la Carta Democrática, no importa al precio que puedan vender nuestra patria, todo esto que han venido trabajando con mucha intensidad durante varios años, por la única y exclusivo motivo que frente a la razón no hay pataleo que valga y ellos saben que por la vía legal no conseguirán acabar con un proceso que vino para quedarse y al cual ellos no acabarán, ni que presenten toda la gama de grabaciones que dicen tener……..NO VOLVERAN, MADURO NUESTRO PRIMER PRESIDENTE CONSTITUCIONAL CHAVISTA, POR AHORA. Por sus hechos los conoceréis


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Tags: grabaciones, siembra, dudas, ley, argumentos

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