Viernes, 30 de octubre de 2015
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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-10-20
El Telégrafo


Regresemos de 20 a 25 años en el tiempo. Latinoamérica vivía la fiebre de las privatizaciones. Argentina, en noviembre de 1990, remató la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, compañía rentable y estratégica. Como en todas las privatizaciones que vendrían, los precios pagados eran tan bajos, que había sospechas de corrupción y favoritismo.

¿Cómo se justificaban los privatizadores? Decían que las empresas estatales pierden, son ineficientes y corruptas; que al privatizarlas habría competencia, eficiencia y bajas tarifas; que se atraerían inversores extranjeros, se crearían más empleos y mejor pagados; que parte del dinero recaudado aumentaría el presupuesto de educación y las jubilaciones, mientras otra parte reduciría la deuda externa; que las privatizaciones eran tendencia mundial. Las privatizaciones en Argentina han sido las más investigadas, quizá por el descaro con el que se realizaron.

Estos argumentos resultaron argucias, como se vio en 2001, cuando Argentina se hundió en la peor crisis de su historia. Tras 12 años del llamado ‘kirchnerismo’, mucha gente olvidó los sucesos de diciembre de 2001, los días del infame ‘corralito’ bancario y del hambre que sobrevino. Desfilan por la memoria escenas kafkianas del choque de un camión que transportaba ganado y los indigentes que acudían a despostar vacas en media carretera. Mientras tanto, Menem había privatizado todo: solo le faltó vender la Casa Rosada.

Ecuador también sufrió lo suyo, pero hubo un caso a favor del sentido común. En 1994, durante el gobierno del conservador Sixto Durán, se anunció la privatización de la seguridad social. El Estado debía más de un billón de sucres al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), pero eso ni se consideró en ese momento. El IESS suspendió los préstamos hipotecarios y quirografarios a los afiliados, como preparando el terreno. Ese mismo año, el FMI casi exigía al país la privatización de la seguridad social, en una de sus tristemente célebres ‘cartas de intención’. Pero el asunto era grave, amplios sectores del país se oponían al absurdo, considerando que la seguridad social es solidaria y es una pequeña retribución al sacrificio de las grandes mayorías. No quedó más que efectuar una consulta popular. La razón se impuso y la pregunta sobre si debía privatizarse el IESS recibió un contundente NO del 69% de ecuatorianos y ecuatorianas.

Los mismos argumentos vuelven en 2015. En nuestro país, tras la caída internacional de los precios del petróleo, la oligarquía y sus portavoces reclaman contra la ‘obesidad’ del Estado. Hace 50 años, cuando el petróleo y sus derivados eran monopolio británico y las telecomunicaciones eran monopolio estadounidense, nadie reclamaba por ese atropello. El boom petrolero de los 70 acabó con eso. Por ello, el debate del proyecto de ley para alianzas público-privadas no puede separarse de este contexto.

Hoy, en 2015, la historia demuestra que las empresas estatales pueden ser eficientes y honestas, si se las maneja bien. Al privatizarlas no hay competencia, sino nuevos monopolios y las tarifas suben sin consideraciones a los usuarios. Los inversionistas extranjeros, incluso, muchas veces logran ganancias adicionales con demandas mediante arbitrajes internacionales. Las privatizaciones son tendencia mundial, porque las promueve el capitalismo supranacional.

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/el-asalto-organizado.html



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Tags: privatizaciones, seguridsd social

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