Martes, 24 de noviembre de 2015

Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf  24-11-2015



Ahora las órdenes son anónimas. Hay números de teléfono y correos electrónicos que dan las órdenes a jefes de clica, pero no se sabe bien de quién son. Te llega un correo, por ejemplo, con una orden, una foto y un pago adelantado de Q. 10,000, y ya está. Así se maneja hoy. (&hellipGui?o A veces el mismo guardia de la prisión llega con el marero y le da un teléfono, todo bajo de agua, diciéndole que en 5 minutos lo van a llamar. Tal vez el mismo guardia ni sabe quién va a llamar, ni para qué. Eso denota que ahí hay una estructura muy bien organizada: no va a llegar un guardia del aire y te va a dar un teléfono al que luego te llaman, y una voz que no conocés te da una indicación y te dice que hay Q. 15,000 para eso. Ahí hay algo grueso, por supuesto”. Declaración de un ex pandillero. Tomado de Vinculación de las “maras” con los poderes ocultos”, IPNUSAC.

La corrupción: parte de lo humano

La corrupción es una conducta socialmente deleznable. ¿Quién en su sano juicio podría justificarla, mucho menos aplaudirla? Tal como la caracterizó hace algunos años un sínodo de obispos (Ecuador, 1988, caracterización que sigue siendo absolutamente válida al día de hoy), la corrupción es un mal que corroe las sociedades y las culturas, se vincula con otras formas de injusticia e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo (&hellipGui?o mientras utiliza ilegítimamente el poder en su provecho. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales nacionales e internacionales, a la comunicación social. (&hellipGui?o Refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos”.

Sin la más mínima sombra de duda, la corrupción es una práctica abominable, como tantas otras que realizamos a diario los seres humanos. El establecimiento de leyes (es decir: pautas que fijan lo que se puede y lo que no se puede hacer en el marco de las sociedades) minimiza su puesta en práctica, pero no la elimina.

Apelando al psicoanálisis, puede decirse que la cría humana se humaniza, pudiendo llegar a ser un adulto normalmente integrado a su sociedad, en la medida que entra en el mundo de las leyes humanas, es decir: en la cultura, en el orden social. La ley, cualquier ley, implica siempre una prohibición. Algo queda prohibido, por lo que se instaura un orden simbólico, un código cultural. La pura naturaleza, el instinto animal no rige nuestra vida; por el contrario, todo está “legalizado”. El incesto es la primera y más universal prohibición, la primera ley (prohibición) que ordena las relaciones humanas. Piense el/la lector/a: ¿por qué no se mete con su hermana/o? No hay determinantes biológico-naturales que lo establezcan, porque de hecho sucede, y no tan rara vez: el incesto es una construcción social, una ley.

Ni lo sexual (ligado a un supuesto “instinto de reproducción&rdquoGui?o, ni la alimentación están regidos por la carga genética. Si así fuera, no se podría explicar la interminable (realmente ¡interminable!) lista de problemas y acciones conflictivas ligadas a ambos campos: ¿qué determinante biológico promueve el voto de castidad? ¿Y qué decir de la homosexualidad: es un “pecado degenerado” o un privilegio de aristócratas varones como en la Grecia clásica? ¿Qué fuerza natural explicaría la adopción administrativo-legal de hijos cuando no se los puede concebir? Y quizá lo más importante: ¿qué es la sexualidad normal?

Del mismo modo podríamos quedar atónitos ante la pregunta de por qué, existiendo un 40% más de alimentos disponibles en el mundo, el hambre sigue siendo un flagelo insoportable y la principal (¡principal!) causa de muerte de los seres humanos. ¿Hay algún determinante instintivo en ello? ¿Podríamos seguir levantando la teoría de “razas superiores” con más privilegios que los “bárbaros y primitivos”, que estarían entonces condenados a morir de hambre? ¿Por qué hay comidas “elegantes” y comidas “de pobres”? ¿Quién decide eso? Es más que evidente que todo lo “animal” del ser humano está marcado por lo cultural, por la Ley. Dicho de otro modo, lo instintivo está “pervertido” por lo social.

Así funcionamos los humanos: nos construimos a partir de códigos, de sistemas legales, de ordenamientos. La propiedad privada, base fundamental de las sociedades clasistas desde hace aproximadamente 10.000 años y pieza clave en la dinámica social desde ese entonces, es una construcción histórica, “legalizada”, codificada. No hay ningún determinante natural que la fije. Y por supuesto, eso tiene un valor determinante, pues las guerras –constante radical en nuestra historia como especie– se explican a partir de la idea de la propiedad privada: se defiende a muerte lo propio y se ataca mortalmente a quien se opone a ello. ¿Para qué se invadiría a otro pueblo si no es por puros y egoístas intereses?

Sin ley no puede vivirse, pues no nos humanizamos. Según el psicoanálisis, al que apelamos una vez más, tres son las formas de relacionarnos con ese orden legal: entramos en él y somos uno más de la serie (normalidad neurótica), no entramos nunca (psicosis), o entramos a medias (psicopatía o perversión). El grueso absoluto de la población (98 a 99%) realiza exitosamente el pasaje por los desfiladeros de la Ley humanizante, acepta normas y vive “normalmente” en sociedad. El 0.1% no lo logra, y vive en su mundo alucinatorio (psicosis), y entre un 1 y 2% hace un pasaje a medias: entra con un pie en el mundo de las normativas, y con otro se sale (psicopatías: ahí tenemos el amplio y complejo abanico de las transgresiones, desde quien evade un impuesto hasta quien puede ser un asesino, pasando por un largo listado de conductas).

¿Es la corrupción una “enfermedad” psicológica entonces? Quedarse con esa idea sería limitar demasiado –y equivocadamente– la cuestión. Saltarse las normas es, en algún sentido, parte de la normalidad. Pero hay niveles. Una cosa es pasar un semáforo en rojo, otra es ser un violador sexual en serie. El límite es siempre algo impreciso, borroso. Por eso el tema de la humanización es siempre algo dificultoso. Dicho de otro modo: ser un “normal” es muy, muy pero muy difícil. ¿Existe la normalidad? En toda civilización conocida, en cualquier momento de la historia, existen normas sociales, leyes, prohibiciones establecidas. Violarlas (en mayor o menor medida), es parte de la “normalidad”. “No desearás la mujer de tu prójimo”, reza el noveno mandamiento católico (machismo mediante: ¿no hay prohibición para las mujeres? ¿No desean ellas?). Si se instituye la norma, es porque se sabe que se puede violar. Y los moteles están siempre llenos, cualquier día del año y a cualquier hora. ¿Alguien en el mundo puede no mentir?

La corrupción, por tanto, está instalada en lo humano, es parte de nuestra dinámica. La pregunta es: ¿cuándo pasa a ser deleznable? ¿Cuándo es un delito?

Corrupción: ¿principal problema en Guatemala?

Guatemala, típica “república bananera” de Latinoamérica, es un laboratorio ideal para entender lo que se está tratando de decir en el presente texto.

El país presenta una profusa lista de problemas, donde la corrupción es uno más. Si se realiza un pormenorizado estudio de la situación nacional, histórico para conocer las raíces y coyuntural para ver el aquí y ahora, se va a encontrar que la corrupción está siempre presente, pero por sí sola no permite explicar ni la estructura de fondo ni los problemas que saltan a la vista.

En Guatemala, pese a la riqueza existente, el grueso de su población vive considerablemente mal. Está entre los países del mundo con mayor nivel de desnutrición infantil (segundo en Latinoamérica, sexto en el mundo) pese a ser un productor neto de alimentos, y alrededor de dos terceras partes de su población económicamente activa (en buena medida niños y jóvenes) o trabaja en condiciones de precariedad (sin prestaciones sociales) o se encuentra abiertamente desocupada. El Estado, en tanto órgano regulador de la vida social, brilla por su ausencia en la provisión de servicios básicos. Por lo pronto, es un Estado raquítico, que vive de unos magros impuestos –fundamentalmente impuestos directos, pagados por la clase trabajadora– teniendo una de las cargas impositivas más bajas de todo el continente (según los Acuerdos de Paz de 1996 se debía llegar a un piso mínimo del 12% del producto interno bruto, para luego seguir ascendiendo, siendo la realidad actual que apenas si se llega a un 10% de lo producido que va a parar al Estado como carga tributaria).

Desde hace un buen tiempo, pero recientemente (estos últimos meses) en forma exageradamente remarcada, la noción de “corrupción” pasó a ligarse en forma casi automática con el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos. Ese es un aspecto posible de la corrupción, pero por cierto no el único. La corrupción funciona desde largo tiempo atrás en toda la sociedad, desde las raíces coloniales, como forma de vida, como cultura. Puede encontrársela en los más diversos ámbitos, no sólo en los agentes del Estado: desde la venta de tareas o la redacción de tesis universitarias por un estudiante hasta el cobro doble de viáticos por parte de un modesto empleado, desde el “moco” que debe pagarse a un intermediario en muchas transacciones comerciales hasta la exacción o chantajes (cobros compulsivos) en cualquier de sus formas (la de un médico a un paciente exigiendo más honorarios de los que fija el seguro, la reventa de boletos para cualquier espectáculo a un precio mayor que el oficial, la compra obligatoria de artículos innecesarios en los colegios privados, la venta de puestos en cualquier fila o el intento nada infrecuente de colarse en la misma por parte de cualquier hijo de vecino, el aumento del precio de un producto según la cara del cliente, el cotidiano incumplimiento de las normas de tránsito, los cobros ocultos y disfrazados de muchas empresas como las telefónicas o las tarjetas de créditos, etc., etc.). ¿No son también formas de corrupción el sempiterno engaño masculino hacia las mujeres –1 de cada 3 mujeres con hijos es madre soltera, producto del abandono del padre biológico–, el “cuello” al que se apela para conseguir cualquier favor, el “robo hormiga” de muchos empleados en sus empresas (amén del “robo elefante” que hacen muchas autoridades, fundamentalmente en el ámbito público, pero también en el privado)? ¿Y qué decir del acarreo de “seguidores” en las campañas proselitistas o el día de las elecciones, y por el otro lado, la aceptación de todos los regalos que ofrecen los candidatos de campaña, no importando la bandería política? ¿No es corrupto también el declarado celibato violado luego por lo bajo? Los jóvenes de “zonas rojas” le temen más a la policía que a los mareros; ¿por qué será? La lista de corruptelas es larga, muy larga, y quizá nadie que habita el país puede quedar eximido: compra de discos “piratas”, “mordidas” varias, infracciones de tránsito como hecho normal (de conductores y peatones; ¿cuántos de los que leen esto no han manejado con una copa de más encima?). La proverbial llegada tarde (simpáticamente llamada “hora chapina&rdquoGui?o, ¿no es también una forma de corrupción? Los etcéteras son numerosos, y nos detenemos aquí porque si no el texto se haría demasiado largo.

Dicho de otro modo: la corrupción es uno más entre tantos males que aquejan a Guatemala, quizá no el primero ni el más importante. La exclusión y el estado de empobrecimiento crónico de grandes masas populares no se deben sólo al enriquecimiento ilícito de mafias corruptas enquistadas en el poder político, como ahora pareciera denunciarse con fuerza creciente y nada disimulada indignación. Si hay pobreza estructural y exclusión histórica, a lo que se suma machismo patriarcal casi delirante (se puede tolerar que un civil varón lleve ostentosamente una pistola en la cintura, pero no que una mujer profiera insultos en público), o un racismo atroz que condena a alguien a ser humillado por su pertenencia étnica (“seré pobre pero no indio”, puede decir un no-indígena), ello no es sólo por los funcionarios venales que hacen del Estado (nacional o local) un botín de guerra. La corrupción puede ayudar, pero no es la causa del todo ese desastre. Es herencia de un desastre histórico-estructural que lleva ya siglos de maduración.

Si de causas se trata, la situación va por otro lado. Una investigación realizada por la empresa consultora Wealth-X, con sede en Singapur, asociada al banco suizo UBS (Union Bank of Switzerland), estudio que cita y analiza la página electrónica Nómada, muestra que hay 260 ultra-ricos guatemaltecos que poseen un capital de US$30 mil millones, lo que representa el 56% del PIB. [Es decir que ] 0.001 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos tienen más capital que el resto de la sociedad. (&hellipGui?o Los $30 mil millones [de dólares] son Q231 mil millones [de quetzales]. Esto equivale a lo que el Estado de Guatemala recauda cada cuatro años.”

Guatemala, debe quedar claro, no es un país pobre; de hecho, es la primera economía de la región centroamericana y la decimoprimera de América Latina. En todo caso, es tremendamente inequitativa, asimétrica, que no es lo mismo que pobre. Un mínimo porcentaje (unas cuantas familias) concentran en forma abrumadora la riqueza nacional, en tanto el 53% de la población total vive por debajo de los límites de pobreza (2 dólares diarios, según el estándar establecido por Naciones Unidas). Casi la mitad de los trabajadores no cobra el salario mínimo –de por sí muy escaso–, mientras que en zona rural los trabajadores agrícolas en casi 90% no reciben el salario de ley. Por otra parte, ese sueldo mínimo apenas cubre la mitad de la cesta básica. Ahí radica el verdadero problema que hace del país uno de los más inequitativos del mundo (y por tanto explosivo: un barril de pólvora listo para estallar en cualquier momento).

Cabe la pregunta entonces si esas diferencias abismales se deben a la corrupción de funcionarios corruptos o es algo más complejo, producto de esa exclusión histórica.

Fortunas lícitas e ilícitas

En Guatemala, al igual que en el resto de países latinoamericanos, las grandes mayorías populares, producto de la sangrienta represión vivida durante las pasadas décadas y de las brutales políticas de capitalismo salvaje de estos últimos años (neoliberalismo), han quedado asustadas, y por tanto desmotivadas, desmovilizadas. El silencio es lo dominante. Pero desde abril pasado, cuando se conoció el corrupto y bochornoso caso de La Línea por el que ahora guardan prisión el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex presidenta Roxana Baldetti, junto a otros personajes del gobierno, al menos en parte demostraron una reacción. Ahora bien: ¿por qué se reacciona contra la corrupción (entendida como acto deleznable de los agentes del Estado) y no contra esas injusticias históricas que atraviesan la sociedad? Se podría decir que la corrupción es una de las tantas facetas de una situación caótica, o más bien: injusta, profundamente injusta, que estructura a la sociedad guatemalteca. Pero no es la causa última de esa radiografía que presenta el estudio citado más arriba, de esas asimetrías escalofriantes, del hambre y del analfabetismo, del trabajo infantil extendido ni del machismo dominante.

No caben dudas que dentro del Estado se dan vergonzosos casos de corrupción. Eso no es nuevo, en absoluto. Desde la colonia es práctica usual, falsificándose los informes que iban para la metrópoli o vendiéndose indulgencias eclesiásticas o títulos nobiliarios (la aristocracia actual es heredera de los prisioneros españoles que llegaban a estas tierras en calidad de conquistadores enviados por la Corona en busca de fortuna y de las 60 prostitutas traídas en barcos para calmar los deseos sexuales de esos conquistadores peninsulares). La corrupción está enquistada en la historia, es parte vital de las raíces.

En el Estado actual, heredero de esa miserable historia, la corrupción es un mal endémico que incide grandemente sobre los presupuestos nacionales. Para el país, que ya de por sí tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas de todo el continente –la segunda más baja después de Haití– perder 31.000 millones de quetzales del presupuesto por desvíos de fondos es un crimen. De hecho, esa cantidad –31.000 millones de quetzales (cuatro mil millones de dólares)– es la que se fugó por corrupción del presupuesto nacional desde 1998 al 2013. Ese monto representa la quinta parte de la suma de las cantidades aprobadas en los últimos 15 años en los presupuestos nacionales para la inversión en obras públicas (157 mil 699 millones de quetzales), calculan el Instituto Centroamericano de Ciencias Fiscales –ICEFI– y la organización no gubernamental Acción Ciudadana. Definitivamente el robo del erario público que realizan impunemente muchos funcionarios públicos es un crimen.

Hoy por hoy, habiéndose comenzado una persecución contra alguno de ellos para terminar (supuestamente) con ese cáncer de la corrupción, vemos que se puede hablar abiertamente de la pobreza de las grandes mayorías, aunque siempre responsabilizando del actual estado de cosas a esos agentes públicos, en tanto ladrones que deterioran la vida de la población. Pero, ¿es realmente así? ¿La pobreza de más de la mitad de la población se debe a los vueltos con que se quedan alcaldes y diputados?

Estos funcionarios venales que ahora se ven en la picota, algunos de ellos entre rejas, están directa o indirectamente ligados a las fuerzas armadas que algunas décadas atrás defendían a sangre y fuego la propiedad privada de los multimillonarios de siempre. Ahora, por vericuetos de la historia, también muchos de ellos (los militares corruptos y sus adláteres) devinieron millonarios. “Nuevos ricos”, podría decírseles. Y es ahí donde se pretende introducir la presente consideración crítica.

Sus fortunas, hechas en forma ilícita (mansiones lujosas, vehículos despampanantes, helicópteros, joyas, ropa muy fina, perfumes a la moda, caballos de carrera, festines pantagruélicos), en términos descriptivos no son distintas a las de los “viejos ricos”. ¿En qué difieren? Los dineros con que se amasaron esas fortunas provienen de un descarado robo a los fondos públicos. “Refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos”, decían los prelados en la arriba citada declaración. En otros términos: son unos vulgares ladrones. Sus pequeñas fortunas (no tan pequeñas en algunos casos), son ilícitas. Pero… ¿cómo se hacen las fortunas lícitas, aquellas del listado de escasos multimillonarios que manejan más de la mitad de la riqueza nacional?

Permítasenos el presente ejemplo. El actual alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del ex presidente, se pasea orondo en un automóvil de lujo de 250.000 dólares de valor. Alguien, indignado por esa muestra de descaro y desfachatez, dijo con honestidad: “parece el hijo de un petrolero árabe” . Pregunto: el hijo de un jeque dueño de toda esa riqueza (que, por supuesto, no amasa con sus propias manos sino con el trabajo de otros), ¿tiene legítimo derecho a tener un Ferrari de un cuarto de millón de dólares?

El mundo se construye así: son códigos predeterminados los que nos fijan lo normal y lo que no lo es, lo correcto y lo incorrecto, lo lícito y lo ilícito. ¿No es eso la ideología acaso? Y como pasa siempre cuando hablamos de ideología: el esclavo piensa con la cabeza del amo, “la ideología dominante de una época es la ideología de la clase dominante”, enseñó un pensador decimonónico supuestamente pasado de moda hoy.

Es normal que los “ricos de siempre” tengan mansiones lujosas, vehículos despampanantes, helicópteros, joyas, ropa muy fina, perfumes a la moda, caballos de carrera, festines pantagruélicos y que su voz de mando sea obedecida. Si preguntamos cómo hicieron su fortuna, hoy lícita, sin dudas aparecerán cuestionamientos. ¿Trabajando quizá?

Dijo Bernal Díaz del Castillo, uno de los primeros conquistadores españoles llegados a estas tierras del Nuevo Mundo a principios del siglo XVI, que aquí venían “a traer la fe católica, a servir a Su Majestad… y a hacerse ricos”. Hasta donde se sabe, nadie, absolutamente nadie logró hacerse rico (es decir: tener mansiones lujosas, vehículos despampanantes, helicópteros, joyas, ropa muy fina, perfumes a la moda, caballos de carrera, festines pantagruélicos) con el esfuerzo de su trabajo. Lo ¿ilícito? de ayer se legaliza y se convierte en lo lícito de hoy. Dicho sea de paso, muchos de los asesinos y escoria social de España que venían a las tierras americanas a “hacerse ricos”, lo lograron. Después vino la alcurnia, el abolengo, el refinamiento, se compraron títulos nobiliarios y se transformaron en “lícitos”, pasando a ser las familias patricias que hoy se jactan de su linaje aristocrático. A la base de cualquier fortuna –en Guatemala y en cualquier parte del mundo– hay siempre, inexorablemente, un crimen. “La propiedad privada [de los medios de producción] es el primer robo de la historia”, dijo el citado pensador.

Lucha contra la corrupción: ¿por qué?

Desde el 16 de abril del presente año en Guatemala parece haberse desatado una cruzada anti-corrupción. Notorio, sin dudas. Un país marcado de cabo a rabo por la corrupción, a la que se une indisolublemente la impunidad en el marco de una ancestral cultura de violencia, aparece hoy –mediáticamente al menos– como un adalid mundial en la lucha contra este flagelo. Para muestra de esa cultura corrupta: la declarada “Capital Iberoamericana de la Cultura 2015”, que iba a ser la ciudad de Guatemala, no pudo serlo porque… no pagó los derechos de propiedad a la empresa que organiza el circuito. Por eso simplemente quedó con “Capital de la Cultura”. La corrupción sigue estando debajo de cada piedra. ¿Podemos tomar en serio que empezó una lucha a muerte contra ella?

Más que creerlo acríticamente y seguir saliendo a protestar en la plaza (protesta que a veces se parecía más a una celebración que otra cosa), conviene formularse algunas preguntas con sentido crítico.

¿Por qué, de buenas a primeras, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de perfil bastante bajo años pasados, junto al hasta entonces ineficaz y corrupto Ministerio Público, pasan a tener ese papel preponderante como defensores de esta lucha, dando golpes certeros? ¿Por qué caen presos presidente y vicepresidenta desarticulándose algunas bandas delincuenciales que ellos lideraban? ¿Por qué inmediatamente luego de la segunda vuelta electoral, ganada por Jimmy Morales, cesan las protestas anti-corrupción? Más aún: ¿por qué gana el candidato Morales con una actitud pretendidamente apolitizada? “No soy corrupto ni ladrón”, sentenciaba en su campaña.

Gana Jimmy Morales porque desde hace meses se viene gestando un discurso contra la corrupción –comunicacionalmente bien estudiado, presentado en forma entradora y agresiva– sobre el que pudo/supo montarse actoralmente el comediante profesional (¿nuevo personaje de su show?). No hay, la experiencia comienza a demostrarlo, ninguna intención positiva en los reales factores de poder, de acometer una lucha franca contra esta lacra que es la corrupción. Ni por parte del futuro presidente (quien se está rodeando de personajes ligados a la vieja estrategia contrainsurgente, acusados de violaciones a derechos humanos y hechos corruptos) ni del empresariado que se encargó de encarcelar a Pérez Molina y Baldetti (que reaccionaron airados cuando el titular de la CICIG habló de un nuevo impuesto para desarrollar con posibilidad de éxito el ataque a la impunidad y la corrupción) existe una voluntad efectiva de entrar seriamente al tema.

Por el contrario, con un manejo artero de las circunstancias, cada vez se insiste más en que el estado calamitoso de las poblaciones se debe no a determinantes estructurales sino a “malas prácticas” de los funcionarios de turno. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF –, Jorge Briz, declaró recientemente que 1 de cada 5 quetzales del presupuesto público va a parar a la corrupción, dato desmentido por una investigación periodística del portal Plaza Pública, que pone en evidencia que lo único que busca el sector empresarial es seguir no pagando impuestos. Dato elocuente: algunos años atrás, impulsado por la derecha empresarial, se llevó adelante una campaña a nivel nacional con el lema “No más impuestos. No más corrupción”.

Los medios de comunicación comerciales (los que tienen la abrumadora mayoría de llegada en la población) han entronizado la corrupción como un nuevo monstruo que nos ataca, encargándose de remarcar a cada instante que los problemas nacionales se deben a esos “forajidos funcionarios públicos que se llenan los bolsillos a costa del pueblo.” El mensaje –sensiblero, impactante– no deja de mover pasiones. De esa manera el sistema en su conjunto queda libre de cuestionamientos, y se encuentra un adecuado chivo expiatorio, una salida decorosa: “estamos mal porque los políticos son corruptos y se roban todo”.

El mensaje no es nuevo, sin dudas. En muy buena medida ese imaginario recorre la cultura política de todos los países latinoamericanos. Lo destacable ahora es la forma en que se lo está implementando. Todo indica que es la estrategia de la Casa Blanca quien la impulsa.

Hay nuevos “monstruos mediático-ideológicos” a combatir, siempre ideados por la fuerza dominante en la región: ayer el “comunismo internacional” y sus cabezas de playa pagadas por “el oro de Moscú”. Hoy: el narcotráfico, la violencia ciudadana (pandillas, barras bravas). Y ahora, más recientemente y con una fuerza nada despreciable: la corrupción. ¿Por qué decir que esto obedece a una estrategia? Pues porque la realidad lo demuestra.

Desde hace un tiempo la geoestrategia de Washington ha venido reemplazando los golpes de Estado sangrientos, capitaneados por militares, por lo que llaman “golpes suaves”, “procesos de reversión” (roll back), o también: “revoluciones de colores”, en alusión a lo desplegado en Europa del Este recientemente. Como mínimo, podríamos apuntar tres referentes: 1) las “revoluciones de color” que surgieron en estos últimos años en las ex repúblicas soviéticas, 2) lo que se llamó la Primavera Árabe en Medio Oriente y el Magreb, y 3) los movimientos de estudiantes democráticos en Venezuela.

Existen más movimientos de estos, siempre en esa línea de supuesta “defensa de la democracia” y rechazo a lo que suene a “dictadura populista”; así, podrían mencionarse las Damas de blanco de Cuba por ejemplo o, en Guatemala, los “estudiantes” que apoyaron las protestas anti Colom cuando el caso Rosenberg en el 2009, los llamados “camisas blancas” (que pasaron sin pena ni gloria en su momento, pero que definitivamente fueron un globo de ensayo).

¿Qué representan, en realidad, estos movimientos? No son, en sentido estricto, movimientos populares. Con las diferencias del caso, todos tienen líneas comunes. Las llamadas revoluciones de colores (revolución de las rosas en Georgia, revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución azafrán en Birmania, revolución de los jazmines en Túnez, así como los “movimientos de estudiantes democráticos antichavistas” en la República Bolivariana de Venezuela) son fuerzas aparentemente espontáneas, que tienen siempre como objeto principal oponerse a un gobierno o proyecto contrario a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.

Son notas distintivas también de estos movimientos a) su gran impacto mediático, siempre de nivel mundial (llamativamente amplio, por cierto, que no tienen los movimientos populares como, por ejemplo, los campesinos que en Guatemala luchan por la defensa de sus territorios –viejas luchas bastante invisibilizadas por la prensa comercial&ndashGui?o, b) la participación de grupos juveniles, en la gran mayoría de los casos estudiantes universitarios. c) El hecho de recibir, directa o indirectamente, fondos de agencias estadounidenses, tales como la USAID o sus ramas, la NED, la CIA o la Fundación Soros, apoyo en general negado o escondido.

En esta línea podría inscribirse mucho de lo que sucedió con la Primavera Árabe, que puede haber iniciado como una auténtica protesta popular, espontánea y con gran energía transformadora, o al menos de denuncia crítica, pero que rápidamente degeneró (o fue cooptada) por esta ideología “democrática” –y probablemente manipulada desde este proyecto de dominación ligado a las tristemente célebres agencias mencionadas–.

Dicho rápidamente, estas supuestas movilizaciones tienen una agenda clara: servir a los intereses desestabilizadores favorables a la Casa Blanca y boicoteadores de proyectos con un tinte socializante o popular o, como en el caso de Guatemala, que representan un obstáculo para Washington. En ese sentido, están muy lejos de poder ser equiparados a los movimientos populares antisistémicos como las marchas campesinas, o las protestas por mejoras salariales, o cualquier manifestación contestataria al orden constituido. Estas “demostraciones de civismo”, estas “protestas democráticas” son, ante todo, no violentas, y no tocan nada de lo fundamental del sistema. Atacar la corrupción es perfectamente funcional: cambiar algo para que no cambie nada. Se canta el himno nacional, se hace bastante ruido con tambores y trompetas…, y se vuelve a la casa satisfechos de la “participación ciudadana” tenida.

Una nueva estrategia de control social

En Guatemala, como parte de un plan bien urdido, desde principios del año 2015 el Ejecutivo estadounidense comenzó un ataque sistemático: la corrupción fue posicionándose como principal problema nacional, y el vicepresidente de la Casa Blanca, Joseph Biden, llegó al país a “poner las cosas en orden”: dejando en claro muy enfáticamente que no se vería ni siquiera en una recepción oficial con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, ícono por antonomasia de la degradada y deshonrosa corrupción dominante. De hecho, trajo un mensaje claro para el presidente Pérez Molina: a Guatemala y a los otros dos países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras y El Salvador) no se le podría conceder el Plan para la Prosperidad (cuantiosos fondos destinados a “mejorar” la situación socioeconómica interna) si no se iniciaba un combate frontal contra esa corrupción. El mecanismo obligado para ello fue la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. El mensaje fue claro y terminante: no más corrupción gubernamental, porque eso es la causa de las penurias de la población.

Para ratificarlo, el embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, viajó a una retirada comunidad del departamento de Izabal, y en una precaria y deteriorada escuela primaria –montaje muy efectista, muy sentimental– declaró que el estado calamitoso de ese centro educativo se debía a la corrupción existente. El mensaje del embajador en la escuela Salvador Efraín Vides Lemus, ubicada en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, fue más que elocuente: “Podemos ver los resultados de la corrupción aquí en esta escuela: no tienen suficientes aulas para la gente, para los estudiantes” (&hellipGui?o “Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción”.

Ponderando a la CICIG y su gran cruzada anticorrupción, el mismo diplomático anticipó que la gente en Honduras y en El Salvador también está molesta contra este “cáncer”, y que también allí se implementarían comisiones internacionales para luchar contra “tamaño flagelo”.

Todo indicaría que entre las nuevas armas del imperio, junto a las bombas inteligentes y los misiles nucleares que, por supuesto, no ha abandonado, se encuentran estas novedosas estrategias soft . Las desarrolla porque les son muy útiles, y les resultan baratas. Las dictaduras sangrientas –de las que apoyó por docenas a lo largo del siglo XX– son hoy día impresentables, traen aparejados demasiados problemas (la población puede reaccionar y se forman movimientos guerrilleros) y tienen costos políticos y financieros que Washington ya no quiere (o no puede) asumir. Las “revoluciones democráticas” son mucho más “civilizadas” y presentables, y por tanto se recomiendan para seguir manteniendo la hegemonía.

Hegemonía, por cierto, que está empezando a ser discutida por nuevos actores, como la ascendente República Popular China, que está construyendo un monumental canal interoceánico en la tradicional zona de influencia de Estados Unidos: Nicaragua. O por la recompuesta Rusia, ahora gran potencia capitalista, que llega a Centroamérica financiando proyectos mineros en abierta provocación al “dueño histórico” de la región.

Definitivamente el poder hegemónico de Washington no es similar al que tuvo ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial y en las décadas subsiguientes cuando era la superpotencia dominante; pero muy lejos está de caer en bancarrota, de abandonar su natural patio trasero y de necesitar pedir oxígeno. El Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte muestra quién sigue mandando aquí todavía. La aristocracia nacional, esa que aparece en el estudio más arriba citado exhibiendo riquezas cuantiosas, funciona como socio político menor, como segundo violín en las decisiones geoestratégicas para la región, que se siguen tomando en oficinas de Estados Unidos y se operativizan desde su Embajada en la Avenida Reforma de la ciudad de Guatemala.

La declarada lucha contra la corrupción que parece estar poniendo en marcha Estados Unidos, tiene en Guatemala y la CICIG un laboratorio ideal para estudiar/desarrollar la estrategia. En diversos países de Latinoamérica, “molestos” para la lógica de la Casa Blanca, ese mecanismo ya está puesto a funcionar. Así, los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua (todos con un talante “socializante” y algo de antiimperialista) reciben continuamente denuncias de hechos corruptos. Hechos que, sin duda, se comenten, porque la corrupción es un mal endémico que estos gobiernos de tibia pseudo-izquierda no quieren ni pueden combatir. Más aún: hasta en la Cuba socialista se da, por lo que vemos que hay mucho por trabajar en la cuestión. Y también la institución de la cual algunos de sus representantes hacían esa enérgica condena en Quito con la que abríamos el escrito, también pueden ser parte de ella.

En definitiva: la corrupción es un buen instrumento para presionar al enemigo. Obsérvese cómo en la actual recomposición de poderes a escala planetaria Estados Unidos ahora la emprende contra la FIFA, donde aparecen enormes hechos corruptos, con los que se puede llegar a quitarle la sede del próximo Campeonato Mundial de Fútbol a Rusia. ¿Será que ahora preocupa tanto lo que pasa en ese ente, del que desde hace décadas se conocen turbios y gansteriles procedimientos?

Dado que la corrupción es un mal tan extendido (¿se la podrá extirpar alguna vez?; si no hubiera noción de propiedad privada, ¿tendría el mismo peso que tiene en la actualidad?), dado que cala tan hondo en todos y cada uno de nosotros (¿quién podría declararse absolutamente libre de ella?), es muy fácil atacarla. De ahí que en esta nueva estrategia de control político-social los ideólogos y formuladores de políticas de Washington han encontrado un buen aliado. En nombre de la transparencia se pueden montar furiosas campañas anti-corrupción para sacar de en medio políticos díscolos (díscolos a los intereses imperiales, se entiende).

¿Por qué sacaron de en medio a Pérez Molina, alguien absolutamente funcional al sistema y a la política hegemónica de Estados Unidos? Porque al general se le fue la mano en la rapiña, y eso puede ser peligroso para el sistema, porque puede hacer subir demasiado la presión social. Porque el grupo que él representaba (las mafias del Estado contrainsurgente, las mismas que parece podrían acompañar al futuro presidente Jimmy Morales) entró en contradicción con la aristocracia tradicional y el CACIF; porque tuvo el descaro de abrirle las puertas a los capitales rusos para la industria extractiva. Y porque Washington no quiere seguir recibiendo chorros imparables de inmigrantes ilegales, para lo que trata de poner algunos paños de agua fría en la región centroamericana (se reedita la Alianza para el Progreso de 1960, que fue también un paño de agua fría, un colchón para mitigar tanta pobreza después de la Revolución cubana de 1959). Pero, esto es muy importante, no quiere colocar algunos dineros en la región sin la seguridad que una mafia demasiado glotona no les robará buena parte de ellos en calidad de corrupción.

En otros términos: a ningún factor real de poder le interesa atacar seriamente la corrupción. El sistema en su conjunto es corrupto. Si no, no se podrían pagar los sueldos de hambre que se pagan, y en una inmensa mayoría de casos ni siquiera cancelando lo fijado por la ley. Si se quisiera atacar realmente la corrupción como gran mal que corroe la sociedad, no vendrían capitales multinacionales a instalarse en estas tierras “salvajes” donde se pagan salarios 4, 5 o 6 veces menores que en los países centrales, donde están exonerados de impuestos y donde no existe el más mínimo control medioambiental (¡por todo eso y nada más que por eso es que vienen!)

Si se quisiera trabajar de verdad contra la corrupción habría que replantear totalmente los modelos de desarrollo vigentes, en sí mismos tremendamente corruptos. ¿Por qué Cristina Fernández, en Argentina, o Dilma Roussef, en Brasil, son corruptas y pueden ser atacadas en nombre de la transparencia y la sana democracia, y no lo son Juan Manuel Santos en Colombia, o no lo era Álvaro Uribe (o no se quería que lo fuera, más allá de figurar en las listas de narcotraficantes de la DEA? ¿Por qué no lo era Manuel Antonio Noriega en Panamá cuando era agente de la CIA, y sí lo fue cuando cayó en desgracia con la política estadounidense? En Guatemala: ¿por qué era un corrupto el ex presidente Alfonso Portillo –que intentó fijar impuestos a los monopolios nacionales– y no lo es el ex presidente y ahora alcalde Álvaro Arzú, que dio luz verde a la venta leonina de empresas públicas? En otras latitudes: ¿por qué son “monstruos impresentables y los peores corruptos del mundo” Mohamed Khadaffi o Saddam Hussein, o el actual presidente de Siria Bashar al-Asad y no lo son los medievales y poligámicos monarcas de Arabia Saudita? El epígrafe con que abrimos el presente escrito permite ver el doble discurso en juego.

En nombre de la lucha contra ese flagelo terrible, esa nueva “plaga bíblica” que pareciera ser la corrupción, puede hacerse cualquier cosa. Hablar del combate contra ella es “democrático”, “civilizado”, “modernizador”; hablar de las injusticias estructurales que la propician: un atentado, un discurso trasnochado.

En Guatemala, producto de la manipulación en parte, pero porque hay un enorme descontento de la población también, esa mecha prendió y llegó a sacar más de 100.000 personas a la calle, protestando con fuerza. Quizá es imposible decir que esa movilización sacó de la presidencia a Pérez Molina. Más parece que había allí un guión preparado. La cuestión es que se ve que existe un gran descontento, una gran frustración en la población. Sin quedarnos en la ingenua protesta contra la corrupción, ¿cómo ir más allá de esa protesta y empezar a plantearnos cambios más sustanciales?

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Tags: Maras, Corrupción, Guatemala, desnutrición, hambre, analfabetismo

Publicado por blasapisguncuevas @ 18:34  | Centroam?rica
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