Jueves, 17 de abril de 2008
  • Título original: Free Trade vs. Small Farmers

  • Autor: Walden Bello

  • Origen: ZNet, May 02, 2007

  • Traducido por Beatriz Martínez Ruiz y revisado por Marga Vidal

 

Libre comercio frente a pequeños campesinos

Walden Bello

El siglo XX representó una terrible catástrofe para los pequeños campesinos de todo el mundo. Tanto en las ricas economías capitalistas como en los países socialistas, los campesinos pagaron un precio muy caro por la industrialización. En países capitalistas avanzados como los Estados Unidos, la combinación letal de economías de escala, de tecnologías de capital intensivo y del mercado llevó a que las grandes empresas acapararan la producción y el procesamiento de los productos agrícolas. Las explotaciones pequeñas y medianas quedaron relegadas a un papel marginal de la producción, dando trabajo a un porcentaje insignificante de la población activa.

La Unión Soviética, mientras tanto, se tomó al pie de la letra los maliciosos comentarios de Karl Marx sobre la "idiotez de la vida rural" y, haciendo uso de la represión estatal, transformó a los campesinos en trabajadores de granjas colectivas. Se suponía que la expropiación de los excedentes agrícolas no sólo serviría para alimentar a las ciudades, sino también como fuente de la denominada "acumulación primitiva" del capital para la industrialización.

En la actualidad, puede que la mayor amenaza que se cierne sobre los pequeños agricultores sea el libre comercio. Pero los campesinos no se están quedando de brazos cruzados. Gracias a su lucha, entre otros factores, la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está en punto muerto. Y no hay lugar donde este tira y afloja entre agricultores y libre comercio sea más manifiesto que en Asia.

La triple amenaza contra el campesinado asiático

Los gobiernos asiáticos hicieron recaer la carga de la industrialización sobre el campesinado durante la etapa en que asumieron las denominadas políticas desarrollistas, que primaban la industria. En Taiwán y Corea del Sur, la reforma agraria desencadenó en un principio la prosperidad del campo, en la década de 1950, lo cual estimuló la industrialización. Pero con el paso hacia una industrialización volcada en las exportaciones, en 1965, llegó la demanda de mano de obra industrial barata, de forma que las políticas del gobierno redujeron deliberadamente los precios de los productos agrícolas. De esta forma, los agricultores subvencionaron la aparición de las nuevas economías industrializadas. Los ingresos de las zonas rurales disminuyeron con respecto a las urbanas, y el consecuente estancamiento de lo que en su día fue un sector dinámico desembocó en la emigración en masa hacia las ciudades y en una mano de obra barata e inagotable para las fábricas. La mayoría de los agricultores que se quedaron en el campo eran pobres y ancianos, y representaban un porcentaje menguante de la población activa nacional.

En Tailandia, por ejemplo, un impuesto sobre las exportaciones de arroz aisló al mercado nacional de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional, con lo que no sólo se redujo el precio del arroz, sino también los costes salariales de los empresarios de los sectores no agrícolas. Entre 1962 y 1981, exceptuando 1971, se fue produciendo, año tras año, un traspaso real de riqueza del campo a la ciudad. Así, no es de extrañar que, a pesar de que Tailandia tiene la imagen de ser una superpotencia agrícola, un gran porcentaje de la población rural siga siendo pobre.

En China, millones de campesinos murieron de inanición durante el Gran Salto Adelante, ya que el gobierno se dedicó a requisar el excedente de grano para financiar la campaña de superindustrialización de Mao Zedong. El caos de la Revolución Cultural permitió a los campesinos recuperar cierto control sobre la producción porque el gobierno entró en crisis. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping abordó el problema introduciendo el "sistema de responsabilidad por contrato familiar". Cada familia obtuvo una parcela de tierra para cultivar y, con ella, el derecho a comercializar los excedentes después de vender una determinada cantidad de la producción al Gobierno, a un precio fijado por el Estado. Este sistema creó una prosperidad entre los campesinos que, como en el caso de Taiwán, estimuló la producción industrial para cubrir la demanda rural.

Pero también al igual que en Taiwán, esta época dorada del campesinado tocó fin, y fue exactamente por el mismo motivo: la adopción de una industrialización centrada en el medio urbano y basada en las exportaciones. La acumulación primitiva del capital para la industria tomó la forma de requisas de los excedentes agrícolas a través de unas duras obligaciones tributarias. Actualmente, los diversos escalafones del Gobierno chino gravan a los campesinos con un total de 269 impuestos distintos, por no hablar de unas comisiones administrativas a menudo arbitrarias. Por tanto, no es extraño que, en muchos lugares, los impuestos se coman hasta el 15% de los ingresos de los agricultores, tres veces más del límite nacional oficial, establecido en el 5%. Como tampoco es extraño que, mientras la economía ha ido creciendo a un ritmo anual del 8-10%, las rentas de los campesinos se hayan estancado, de forma que los habitantes urbanos ahora disponen, por término medio, de unos ingresos seis veces superiores a los de los habitantes rurales. En este contexto, es muy acertada la observación de Chen Guidi y Wu Chuntao, defensores de los derechos de la población rural, de que la economía industrial urbana se ha construido "sobre los hombros de los campesinos".

El tifón de la liberalización del comercio

Sin duda, la fuerza con que se obligó a los agricultores a subvencionar la industrialización fue violenta. Pero, al menos, las políticas comerciales en aquel momento ayudaban a mitigar el dolor, pues bloqueaban las importaciones agrícolas que eran aún más baratas que los productos locales. Prácticamente todos los países con sectores agrícolas controlaban las importaciones de forma muy estricta mediante cupos y aranceles elevados. Este escudo protector, sin embargo, se vio gravemente debilitado cuando estos países firmaron el Acuerdo sobre la Agricultura (AAG) y, a partir de 1995, empezaron a adherirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El AAG obligó a abrir los mercados agrícolas porque prohibía los cupos, que se convirtieron en aranceles, y exigía a los gobiernos que importaran un volumen mínimo de cada producto agrícola aplicándole una tarifa arancelaria baja. Al mismo tiempo, con el pretexto de controlar las importantes subvenciones a la agricultura de los países desarrollados, el AAG institucionalizó los diversos canales por los que circulaban las subvenciones, como las ayudas a la exportación y los pagos directos a productores agrícolas en el hemisferio septentrional.

Como consecuencia de ello, el grado de subvención de la agricultura aumentó en los países desarrollados durante la primera década de existencia de la OMC. El importe total de subsidios a la agricultura procedente de los gobiernos de la OCDE pasó de los 182.000 millones de dólares estadounidenses (USD) en 1995 a los 280.000 millones de USD en 1997, 315.000 millones de USD en 2001, 318.000 millones de USD en 2002, y casi 300.000 millones de USD en 2005. A principios de la década de 2000, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estaban gastando entre 9.000 y 10.000 millones de USD más en subsidios que en la década anterior. De cada 100 USD de agroexportaciones de los Estados Unidos, 20-30 USD representaban subsidios del Estado. En el caso de la UE, la cifra alcanzaba los 40-50 USD. Así, mientras los pequeños campesinos del mundo en vías de desarrollo tenían que sobrevivir con menos de 400 USD anuales, los agricultores estadounidenses y europeos estaban recibiendo, respectivamente, unas ayudas medias de 21.000 y 16.000 USD anuales.

Como las importantes subvenciones de los Estados Unidos y Europa distorsionaban los precios mundiales a la baja, la agricultura de los países en vías de desarrollo dejó de ser "competitiva" bajo las condiciones de liberalización comercial impuestas por la OMC. Tal como apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en un informe publicado en 2000, el acusado aumento de las importaciones tras la adopción del AAG en una serie de países se tradujo en las "dificultades consiguientes" para las "industrias que competían por las importaciones". Según ese mismo informe, se temía que "sin una protección adecuada del mercado, acompañada de programas de desarrollo, muchos más productos internos se vieran arrinconados o perjudicados gravemente, lo que acarrearía una transformación de los hábitos alimentarios en el país y un incremento de la dependencia respecto de los alimentos importados".

Este viraje histórico hacia la dependencia de los alimentos importados fue de la mano, huelga decirlo, del desplazamiento de millones de campesinos.

Ya antes de que el AAG entrara en vigor, el Banco Mundial predijo que, con el nuevo régimen, los agricultores indonesios saldrían perdiendo. Y así ha sido: desde 1995, las presiones competitivas provocadas por la liberalización comercial han conducido a la expansión de las plantaciones de carácter industrial a expensas de los pequeños agricultores dedicados al cultivo arroz y otros productos básicos, que se han visto marginados.

En las Filipinas, un gran número de cultivadores de maíz, criadores de pollos, ganaderos y horticultores se vieron abocados a la quiebra. En Mindanao, donde el maíz es un cultivo básico, muchos agricultores fueron barridos del mercado. En palabras de la analista Aileen Kwa, "no es raro ver cómo los campesinos dejan que el maíz se pudra en los campos porque los precios en el país han caído a unos niveles con los que no pueden competir". Con la producción estancada, las hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de maíz en todo el país cayeron en picado, de los 3.149.300 de hectáreas en 1995 a los 2.150.300 de hectáreas en 2000.

También en China han quedado marginados decenas de miles de campesinos, incluidos aquellos dedicados al cultivo de soja y algodón, tras la entrada del país a la OMC. De hecho, a fin de mantener e incrementar el acceso de sus fabricantes a los mercados de los países desarrollados, el Gobierno ha optado por sacrificar a los agricultores. Según el Institute of International Economics: "El desafío de gestionar el sector agrario se ha hecho más complejo con los compromisos de China en materia de agricultura ante la OMC, que son de un alcance mucho mayor que el de otros países en vías de desarrollo y que, en determinados aspectos, sobrepasan los de países de rentas altas. El Gobierno chino accedió a reducir los aranceles y a establecer otras políticas que aumentan el acceso a los mercados de forma significativa; aceptó incrementar las restricciones al uso de subsidios agrícolas; y prometió eliminar todas las ayudas a la exportación para los productos agrícolas. Estos compromisos sobrepasaban con creces los asumidos por otros participantes en la Ronda de Uruguay, que desembocó en la creación de la OMC".

En Sri Lanka, miles de pequeños campesinos protagonizaron manifestaciones para protestar contra la importación de pollos y huevos, denunciando que ésta estaba acabando con su actividad. Así opinaba también la FAO, que señaló que el aumento de las importaciones de alimentos básicos como los chiles, las cebollas y las patatas hacían que la producción local fuera "precaria, tal como se refleja en la caída significativa de las zonas de producción".

En India, la liberalización de los aranceles, incluso antes de asumirse los compromisos de la OMC, también se ha traducido en una profunda crisis rural. La economista india Utsa Patnaik ha descrito la catástrofe como "un derrumbe de los medios de vida y los ingresos rurales" debido al desplome de los precios de los productos agrícolas. Este fenómeno ha ido acompañado de un rápido descenso en el consumo de cereales, de manera que una familia india media de cuatro personas consumía en 2003 76 kg menos de cereales que en 1998, y 88 kg menos que hacía una década. El estado de Andra Pradesh, que se ha convertido en sinónimo de depresión agraria a raíz de la liberalización del comercio, presenció un trágico aumento en el número de suicidios entre la población campesina: de 233 en 1998 a más de 2.600 en 2002. Se calcula que, en India, unos 100.000 agricultores se han quitado la vida debido al derrumbe de los precios que ha generado el alza en las importaciones.

Los gobiernos bajo presión

La resistencia a este nuevo régimen, tan contrario a los intereses de los pequeños campesinos, ha llegado desde varios frentes. En el ámbito internacional, la liberalización del comercio y otras políticas desfavorables a la agricultura propiciaron la formación de dos bloques de países en desarrollo: el Grupo de los 20 y el Grupo de los 33. El G-20 advirtió a los países desarrollados que, a menos que éstos últimos redujeran notablemente el injusto apoyo que proporcionaban a sus respectivos sectores agrícolas, no habría más concesiones en materia de acceso a los mercados. El G-33 exigió que ciertos productos considerados de vital importancia para la producción agrícola y el empleo (los conocidos como productos especiales) quedaran eximidos de la liberalización arancelaria. También abogaban por el derecho a aumentar los aranceles y a recurrir a otras medidas -mecanismos de salvaguardia especiales (MSE)- para proteger sus productos de la invasión de productos agrícolas importados. Cuando la UE y los Estados Unidos se negaron a transigir sobre estas cuestiones, la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Cancún en 2003, se vino abajo.

La Declaración de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Hong Kong en diciembre de 2005, reconocía el derecho de los países en desarrollo a designar productos especiales y a establecer MSE. Sin embargo, en julio de 2006, después de que los Estados Unidos se echaran atrás con respecto a este compromiso y se negaran a reducir de forma significativa las ayudas a sus propios agricultores, la Ronda de Doha también descarriló. Los países en desarrollo, sencillamente, no podían permitirse generar aún mayor descontento entre sus poblaciones rurales abriendo los mercados, sobre todo a cambio de una reducción meramente simbólica en los ingentes subsidios agrícolas de los Estados Unidos y la UE.

La fuerza que ha impulsado las posturas adoptadas por algunos países en vías de desarrollo en estos foros multilaterales se encuentra en la violenta reacción vivida en sus respectivas zonas rurales. En 2004, por ejemplo, la grave situación en el campo condujo a la inesperada derrota de la coalición gobernante, encabezada por el partido Bharatiya Janata (BJP), que había organizado su campaña bajo el lema de "India Brilla". La revuelta electoral rural en India es una pieza más de un fenómeno mundial que busca advertir a los gobiernos que el campo ya no está dispuesto a aceptar políticas que sacrifican los intereses de los campesinos. En Asia, protestas en forma de ocupación de tierras, huelgas de hambre, manifestaciones violentas y suicidios simbólicos han hecho del malestar en el medio rural un problema acuciante. En China aumentaron de 8.700 en 1993 a 87.000 en 2005 lo que el Ministerio de Seguridad Pública denomina "incidentes en masa" -en otras palabras, acciones de protesta-, la mayoría de ellos en el campo. Además, estos incidentes están aumentando en número de participantes: el promedio ha pasado de 10 personas o menos a mediados de los años noventa a 52 personas en 2004. Por eso, es lógico que los actuales dirigentes del país cada vez vean más el campo como un polvorín que hay que desactivar.

¿Una Internacional Campesina?

El suicidio del campesino coreano Lee Kyung Hae en las barricadas de Cancún, en septiembre de 2003, marcó un hito en el desarrollo de la lucha campesina en todo el mundo. Lee se suicidó bajo una pancarta en que se leía "La OMC mata a los campesinos" y, con su acción, pretendía llamar la atención internacional sobre el elevado número de suicidios entre los agricultores de los países sometidos a la liberalización. El hecho conmocionó a los delegados de la OMC, que guardaron un minuto de silencio en memoria de Lee. El acto de este campesino coreano, sumado a lo que era ya un ambiente cargado, representó sin duda un factor clave en el desarrollo de las negociaciones.

En diciembre de 2005, invocando el sacrificio de Lee, cientos de campesinos coreanos intentaron romper el cordón policial que rodeaba el Centro de Convenciones de Hong Kong, con la idea de irrumpir en el edificio. Unos 900 manifestantes, la mayoría de ellos campesinos coreanos, fueron arrestados.

Tanto Lee como los agricultores coreanos que protestaban en Hong Kong eran miembros de Vía Campesina, una federación internacional de agricultores fundada a mediados de los años noventa. Desde entonces, Vía Campesina se ha convertido en uno de los opositores más combativos a la OMC y a los acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales. Si bien existen otras redes internacionales de campesinos, Vía Campesina se distingue por compartir el principio de que los pequeños agricultores no sólo deben luchar para sobrevivir en el actual sistema mundial de agricultura industrial controlada por las grandes empresas, sino que también deberían liderar el proceso de transformación o sustitución de dicho sistema. Comentando las ideas de José Bové, el famoso activista francés que desmanteló un MacDonald's en Millau, su ciudad natal, y de otros dirigentes de Vía Campesina, una revista progresista define el objetivo de la organización como la creación de una Internacional Campesina, del mismo modo que grupos comunistas y socialdemócratas intentaron establecer la Internacional Comunista y la Internacional Socialista para unir a los obreros en el siglo XX.

El principal grito de guerra de Vía Campesina, cuya coordinadora está situada en Indonesia, es "OMC fuera de la agricultura", y su programa alternativo se basa en la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria significa, ante todo, la adopción inmediata de políticas que favorezcan a los pequeños productores. Éstas entrañarían, según Henry Saragih, agricultor indonesio y coordinador de la organización, y Ahmad Ya'kub, subdirector de Estudios sobre Políticas de la Federación de Sindicatos Agrarios Indonesios (FSPI), "la protección del mercado nacional de las importaciones de bajo precio, precios remunerativos para agricultores y pescadores, abolición de todas las ayudas directas e indirectas a la exportación, y supresión paulatina de los subsidios nacionales que promueven una agricultura insostenible".

El programa de Vía Campesina, sin embargo, no se limita a abogar por la instauración de políticas comerciales favorables a los pequeños productores. También insta al fin del régimen de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que permite a las grandes empresas patentar semillas y, de este modo, apropiarse para lucro privado de algo que ha ido evolucionando gracias a la interacción creativa entre el mundo natural y las comunidad humanas durante miles de años. Las semillas y otros recursos fitogenéticos deberían considerarse parte de la herencia común de la humanidad, opina el grupo, y no ser objeto de privatizaciones.

La reforma agraria, una cuestión evitada durante mucho tiempo por las elites terratenientes de países como las Filipinas, constituye uno de los ejes de la plataforma, como también lo es la práctica de una agricultura orgánica o biodinámica sostenible y respetuosa con el medio ambiente por parte de pequeños productores. La organización se ha desmarcado por completo de la primera revolución verde, basada en una agricultura de uso intensivo de productos químicos, y de la segunda revolución verde, caracterizada por la ingeniería genética. Las catastróficas consecuencias medioambientales de la primera son bien conocidas, afirma Vía Campesina, lo cual significa que el principio de precaución se debería aplicar muy rigurosamente a la segunda, de forma que se eviten impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente.

La oposición a la agricultura basada en la ingeniería genética ha creado un fuerte lazo entre agricultores y consumidores, que están molestos con las grandes empresas por comercializar productos transgénicos sin el etiquetado adecuado, con lo que niegan a los consumidores la posibilidad de elegir. En la Unión Europea, una sólida alianza construida entre agricultores, consumidores y ecologistas evitó que la Unión importara transgénicos de los Estados Unidos durante varios años. Aunque desde 2004 la UE ha autorizado cautelosamente la importación de algunos transgénicos, el 54% de los consumidores europeos continúa pensando que este tipo de alimentos son "peligrosos". La resistencia a otros procesos nocivos, como la irradiación de alimentos, también ha fortalecido los lazos entre agricultores y consumidores, muchos de los cuales opinan que la salud pública y el impacto medioambiental deberían ser factores mucho más determinantes sobre el comportamiento de los consumidores que el precio.

Cada vez son más las personas que empiezan a tomar conciencia de que la producción local y las tradiciones culinarias están íntimamente relacionadas, y que esta relación está amenazada por el control que ejercen las grandes empresas sobre la producción, el procesamiento, el marketing y el consumo de alimentos. Precisamente por eso, la justificación esgrimida por José Bové para desmantelar un MacDonald's tuvo tanta repercusión en Asia: "Cuando anunciamos que protestaríamos desmantelando el McDonald's que estaban construyendo en la ciudad, todo el mundo entendió el porqué; el simbolismo era muy potente. Fue una acción a favor de los buenos alimentos frente a la comida basura, a favor de los trabajadores frente a las multinacionales. La extrema derecha y otros grupos nacionalistas intentaron mostrarlo como un acto contra los Estados Unidos, pero la gran mayoría sabía que no era nada por el estilo. Fue una protesta contra un determinado tipo de producción que pretende dominar el mundo".

Muchos economistas, tecnócratas, responsables políticos e intelectuales urbanos han visto en los pequeños campesinos una clase condenada a desaparecer. Considerados en el pasado como sujetos pasivos manipulados por las elites, ahora están luchando contra los paradigmas capitalistas, socialistas y desarrollistas que los abocarían a la ruina. Así, se han convertido en lo que Karl Marx llamaba una "clase para sí" con conciencia política. Y aunque el campesinado no vaya "tan confiado esa noche", por tomar prestado un verso de Dylan Thomas, los acontecimientos del siglo XXI están demostrando que las visiones tradicionales prodesarrollistas son tremendamente falaces. Las crecientes protestas de grupos campesinos como Vía Campesina no representan un regreso al pasado. A medida que las crisis medioambientales se multiplican y las disfunciones de la vida urbana e industrial se amontonan, el movimiento campesino no sólo adquiere gran importancia para los propios agricultores, sino para todos aquellos que estamos amenazados por las consecuencias catastróficas de paradigmas de la modernidad ya obsoletos para organizar la producción, las comunidades y la vida.

Walden Bello es director ejecutivo de Focus on the Global South, un instituto de investigación con sede en Bangkok, y profesor de Sociología de la Universidad de las Filipinas en Diliman. Este texto es un resumen de un artículo publicado en el número de abril de 2007 de Global Asia. Se reproduce con permiso.

 

Evolución hacia una sociedad socialista Por Blasapisguncuevas.

Tags: comercio, campesinos, Taiwan, emigración, rurales, precios, indusria

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