Lunes, 28 de abril de 2008

Es evidente que la ultrahegemonía de EE UU sobre la élite y la clase media venezolanas tiene un fuerte componente de autoengaño ideologico-psicológico: una identificación profunda, casi patológica, con la superior sociedad blanca, potente en su producción y consumo, a la par que una hostilidad y un menosprecio arraigados hacia la Venezuela profunda y sus masas mestizas afro-indígenas.

En una tipificación de la personalidad autoritaria como la descrita por Theodor Adorno, la élite venezolana y sus imitadores de clase media están, por arriba, a los pies y la merced de aquellos americanos del Norte idealizado, a la vez que, por abajo, mantienen su bota sobre los venezolanos pobres y de piel oscura, que desprecian. Esta hipótesis de la mentalidad colonial puede explicar el comportamiento patológico de los profesionales venezolanos que, como sus médicos y académicos, buscan ansiosamente realizar posgrados de prestigio en Estados Unidos, a la vez que menosprecian la pobre calidad de las nuevas clínicas de barrio, destinadas a los pobres en lugares donde no había existido antes ninguna, y las nuevas políticas de admisión gratuita a las universidades bolivarianas, abiertas a las masas antes marginadas.

La profunda integración –a través del consumo, de las inversiones y de una identificación secundaria– de las clases medias y altas venezolanas con las élites estadounidenses son el firme fundamento de la campaña de Washington para desestabilizar y derrocar al gobierno de Chávez, y destruir el orden constitucional. Los vínculos psicosociales, formales e informales, se consolidan mediante las relaciones económicas parásito-rentistas basadas en los peregrinajes de consumo, mensuales o anuales, a Miami. Las inversiones inmobiliarias y las transferencias y transacciones financieras ilegales con instituciones financieras de EE UU, así como el reparto ilegal y lucrativo de beneficios entre los anteriores ejecutivos de PDVSA y las grandes petroleras estadounidenses han proporcionado la base material de las políticas pro imperialistas.

Los responsables políticos de EE UU tienen una clase de colaboradores naturales dispuesta y capaz de funcionar como correa de transmisión activa de las políticas de EE UU y servir a los intereses de EE UU. Como tal, es correcto hacer referencia a estos venezolanos como clases subordinadas.

Después del lamentable fracaso de estas clases subordinadas a Washington a la hora de hacerse directamente con el poder mediante un golpe de estado violento, y después de casi haberse autodestruido en un fallido dilema de o gobierno o ruina, a través del cierre patronal, el Departamento de Estado de EE UU las orientó hacia una guerra del desgaste, que supone una intensificación de la propaganda y campañas permanentes de acoso diseñadas para erosionar la influencia del gobierno de Chávez en su base popular.

Los consejeros académicos imperiales y los expertos e ideólogos de los medios de comunicación han propuesto varias líneas de guerra ideológico-política, debidamente adaptadas e incorporadas por las clases subordinadas venezolanas. Este ejercicio del llamado poder blando (propaganda y organización social) debería en principio crear las condiciones óptimas para el uso final del poder duro: la intervención militar, el golpe de estado, el terror, el sabotaje, la guerra regional o, más probable, una determinada combinación de todas estas tácticas (37). El predominio del poder blando en un momento concreto no impide sucesivos ejercicios selectivos de poder duro, por ejemplo el reciente ataque militar transfronterizo colombiano contra un aliado de Venezuela, Ecuador, en marzo de 2008. El poder blando no es un fin en sí; es un medio para acumular fuerzas y construir la capacidad para lanzar un asalto frontal violento en el momento de mayor debilidad del Gobierno venezolano.

Una campaña del poder blando dividida en tres partes: drogas, derechos humanos y terrorismo

En el período 2007-2008, EE UU y la élite venezolana intentaron desacreditar al Gobierno venezolano a través de la publicación y difusión de un informe creado para presentar a Venezuela como un centro del narcotráfico. Un informe, más que sospechoso, de la Drug Enforcement Agency (DEA, organismo estadounidense de lucha contra la droga) señaló a Venezuela como “punto importante de transporte”, ignorando el hecho de que el principal gobierno títere de EE UU en América Latina, la Colombia de Alvaro Uribe, es el mayor productor, procesador y exportador de cocaína. Las evidentes omisiones tienen poca importancia para el Departamento de Estado de EE UU y los medios de comunicación privados venezolanos. El hecho de que Venezuela esté interceptando con éxito cantidades masivas de droga enviadas desde Colombia no tiene ninguna importancia. Para los apologistas académicos del imperio, las mentiras al servicio de la desestabilización de Chávez son un ejercicio virtuoso de poder blando (38).

 

Estados Unidos, sus clases subordinadas y los grupos de derechos humanos financiados por Washington han difundido falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos bajo Chávez, ignorando al mismo tiempo las prácticas genocidas de EE UU e Israel en Oriente Próximo y las persistentes campañas del gobierno de Colombia que han provocado la muerte de docenas de sindicalistas y centenares de campesinos cada año. La tentativa de Washington de etiquetar a Venezuela como un apoyo de los terroristas fue rechazada clamorosamente por un informe de las Naciones Unidas de abril de 2008 (39). No hay ninguna prueba de violaciones sistemáticas de los derechos humanos patrocinadas por el gobierno en Venezuela. Hay, en cambio, abusos significativos contra los derechos humanos por parte de los grandes terratenientes, apoyados por la oposición, que han asesinado ya a más de 200 trabajadores rurales sin tierra. Hay también abusos en el lugar de trabajo por parte de numerosos empresarios privados afiliados a Fedecámaras (40). Es precisamente en respuesta a las violaciones capitalistas de los derechos de los trabajadores que Chávez decidió nacionalizar las acerías. Sin duda, Washington no va a reconocer adecuadamente estos progresos de los derechos humanos por parte de Chávez.

Hablar de derechos humanos es un modo de invertir los papeles: se acusa a Venezuela –víctima de golpes de estado y asesinatos a manos de EE UU y sus clases subordinadas— de violaciones de los derechos humanos, con lo que se califica a los verdugos de víctimas. Ésta es una técnica común de propaganda, utilizada por las clases y los regímenes agresores para justificar el ejercicio unilateral de la brutalidad y de la represión.

Conforme a su ideología militar-imperialista global, Washington y sus vasallos venezolanos han acusado al Gobierno venezolano de ayuda y complicidad con los terroristas, es decir con la guerrilla insurgente colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ni el gobierno de Bush, ni el de Uribe ha presentado pruebas de algún tipo de ayuda material al FARC. Como se indica más arriba, en un informe de la ONU en el que se analizan las acusaciones de Washington-Uribe contra el gobierno de Chávez se desestiman todas y cada una de ellas. Se utiliza este montaje para camuflar el hecho de que las fuerzas especiales de EE UU y las fuerzas armadas colombianas han infiltrado sus fuerzas paramilitares armadas en barrios pobres de Venezuela para establecer puntos de apoyo y bloquear futuras movilizaciones en defensa de Chávez.

Una campaña del poder duro dividida en tres partes: boicoteo económico, guerra de baja de intensidad y la carta colombiana

Como complemento a la campaña de propaganda, Washington ha instrumentalizado a un productor importante de petróleo, Exxon-Mobil, para que rechazase un acuerdo negociado de compensación, que habría dejado en manos de este gigante del petróleo de EE UU un paquete minoritario de lucrativas acciones en una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo: los yacimientos del Orinoco. Todas las restantes empresas petroleras europeas firmaron el nuevo contrato petrolero público-privado (41).

Cuando Exxon-Mobil exigió una compensación, PDVSA le hizo una oferta generosa, que aquélla rechazó precipitadamente. Cuando PDVSA aceptó el arbitraje internacional, Exxon-Mobil movió sus fichas rápidamente para conseguir una resolución judicial de congelación de los activos de PDVSA en el extranjero, concretamente en EE UU, Países Bajos y Gran Bretaña. Un tribunal de Londres desestimó rápidamente la denuncia de Exxon-Mobil. Como en otras experiencias de otros países, como Cuba en 1960, Chile en 1971-73 e Irán en 1953, las grandes empresas del petróleo actúan como instrumento político del Departamento de Estado de EE UU en vez de como instituciones económicas respetuosas de la soberanía nacional. En este caso, Washington ha utilizado a Exxon-Mobil como instrumento de la guerra psicológica, para fomentar la tensión y proporcionar a sus satélites locales un incidente que éstos puedan transformar en propaganda del miedo. Los medios de comunicación privados venezolanos citan la amenaza de un boicoteo del petróleo por parte de EE UU y evocan una situación de desastre económico que llegue hasta el hambre, a la vez que atribuyen este fantástico escenario a una provocación del gobierno de Chávez. Al evocar esta ilusión de poder de EE UU y de impotencia venezolana, oscurecen el hecho de que los nuevos contratos de petróleo añadirán miles de millones de dólares a la Hacienda venezolana, lo que beneficiará a todos los venezolanos.

Las opciones militares estratégicas de EE UU se han visto limitadas seriamente por sus guerras prolongadas y de incierto final en Irak y Afganistán, y su preparación militar de amenaza a Irán. Por consiguiente, la estrategia militar de EE UU hacia Venezuela se basa en aumentar la capacidad militar de Colombia con una ayuda militar de 6.000 millones de dólares durante los últimos ocho años, entre otros de armas, formación, asesores, fuerzas especiales, mercenarios y logística. Los asesores estadounidenses instan a las fuerzas armadas colombianas a montar operaciones transfronterizas, con acciones como el secuestro de ciudadanos venezolanos y asaltos armados e infiltración paramilitar. Y como culminación, el bombardeo en Ecuador de un campamento de un equipo de negociación de las FARC que preparaba una liberación de presos. La doble finalidad para EE UU de esta presión militar de baja intensidad es, por una parte, averiguar la capacidad de respuesta de Venezuela, su capacidad para la movilización militar, y, por otra, probar las lealtades y el sometimiento de altos funcionarios y oficiales de inteligencia en el ejército venezolano. EE UU ha participado en la infiltración de operativos paramilitares y militares en Venezuela, aprovechando la fácil entrada a través del Estado fronterizo de Zulia, el único estado gobernado por la oposición en la persona del gobernador Manuel Rosales.

El tercer componente de la estrategia militar es integrar las fuerzas armadas de Venezuela en un comando militar regional propuesto por residente brasileño Lula da Silva y aprobado por la Secretario de Estado de EE UU, Condoleezza Rice (42). En este marco, Washington podría utilizar a sus generales amigos y clientes para presionar a Venezuela para que acepte la hegemonía político-militar de EE UU, disfrazada como una iniciativas regionales. Para decepción de Washington, Brasil ha excluido una presencia de EE UU, por lo menos hasta hoy.

La estrategia militar de EE UU hacia Venezuela depende en gran medida de la derrota o la contención de la guerrilla por el ejército de Colombia, y de la reconquista de las amplias zonas rurales que están bajo control rebelde. Esto abriría el camino para que el ejército de Colombia atacase a Venezuela. Un ataque militar dependería crucialmente de un deterioro político grave en Venezuela, basado en la llegada al poder de la oposición en estados y municipios clave en las próximas elecciones de noviembre. A partir de sus progresos en posiciones institucionales, los vasallos de Washington podrían socavar los programas populares sociales, económicos y de barrio, de alcance estatal.

Solamente cuando las circunstancias internas del desorden polarizado puedan crear la inseguridad necesaria y socavar la producción, el consumo y el transporte cotidianos, solamente entonces podrán los planificadores estadounidenses estudiar la posibilidad de llegar a la confrontación pública a gran escala y a la preparación de un ataque militar. Los estrategas militares estadounidenses prevén la fase final, compuesta de una ofensiva de sus fuerzas aéreas y una intervención de sus fuerzas especiales, sólo cuando puedan contar con una intervención colombiana a gran escala, una sublevación político-militar interna, y la vacilación de funcionarios ejecutivos poco dispuestos a ejercer sus poderes de emergencia y a movilizar todas las fuerzas militares. Los estrategas estadounidenses exigen poder contar rigurosamente con estas condiciones porque el régimen actual en Washington está políticamente aislado y desacreditado, la economía está en una recesión profunda, y el déficit presupuestario se está disparando, especialmente debido a sus gastos militares en Irak y Afganistán. Solamente los extremistas marginales en la Casa Blanca prevén un asalto militar directo en un futuro inmediato. Pero eso podía cambiar en la medida en que sus vasallos tuvieran éxito en la siembra del caos y el desorden en Venezuela.

Confrontación diplomática y económica: Chávez ante Bush

Diplomática y económicamente, el presidente Chávez ha ganado su primera mano ante el gobierno de Bush. Ningún país latinoamericano apoya las propuestas de Washington, de intervención militar, boicoteo o exclusión de Venezuela del comercio regional, o de los foros de inversión o diplomáticos. Ningún país ha roto sus relaciones diplomáticas, económicas o políticas con Caracas, ni siquiera EE UU, a pesar de fuertes maniobras gubernamentales en esa dirección, en marzo de 2008, etiquetando a Venezuela como país terrorista. Ni siquiera el principal satélite de Washington, Colombia, muestra entusiasmo ante la perspectiva de perder su flujo comercial de alimentos y petróleo con Venezuela, por un valor de 5.000 millones de dólares, para no contrariar a Bush. Chávez ha desafiado con éxito la hegemonía de EE UU en el Caribe. A través de Petrocaribe, numerosos países de América Central y el Caribe reciben de Venezuela petróleo y productos petrolíferos fuertemente subvencionados, junto con ayuda socioeconómica, a cambio de una política diplomática más favorable hacia Caracas. En sus acometidas contra un país concreto, EE UU ya no cuenta con un bloque regional que respalde automáticamente sus propuestas.

El Gobierno venezolano ha contribuido con éxito a la extinción de la propuesta de Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), liderada por EE UU, y la ha sustituido por un nuevo acuerdo de libre comercio, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), compuesta ya de seis Estados miembros. La propuesta de Venezuela de un Banco del Sur, que permita eludir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), influenciado por EE UU, se ha puesto en marcha y tiene el apoyo de Brasil, Argentina y una mayoría de otros estados latinoamericanos (43).

El embargo de armas impuesto por Washington, que incluyó a España, resultó un fracaso, por cuanto Venezuela recurrió a la compra de armas en Rusia y otros lugares. Los esfuerzos de Washington para desalentar la inversión extranjera, especialmente en la exploración petrolera han sido un fracaso completo, pues China, Rusia, Europa, Irán y todos los grandes productores de petróleo han invertido o están negociando actualmente las condiciones para hacerlo.

A pesar de la vehemente oposición de EE UU, Venezuela ha desarrollado un vínculo estratégico adicional con Cuba, exportando petróleo y gas subvencionados e inversión a gran escala a cambio de un ambicioso contrato de servicios sanitarios que cubra las necesidades de Venezuela en todos los barrios pobres (44). Venezuela ha consolidado sus vínculos comerciales y de financiación a largo plazo con Argentina a través de la compra de bonos argentinos, que este país vende con dificultad dado su conflicto con el Club de París.

Venezuela había mejorado sensiblemente su imagen en Europa por el papel positivo de Chávez en la mediación para la liberación de los prisioneros de las FARC, mientras que cada vez más en Europa se percibe el régimen vasallo de Uribe como una entidad militarista, deshumanizada y dirigida por los narcotraficantes. El militarismo de EE UU y su crisis económica han llevado a una disminución aguda de su imagen y su prestigio en Europa, a la vez que se erosionan su imperio económico y condiciones de vida en el interior del país. La oposición de Chávez a la guerra global de Bush contra el terror y sus llamadas al respeto de los derechos humanos y el bienestar social ha creado una imagen internacional favorable entre los pobres del Tercer Mundo y en amplios círculos de la opinión pública en muchos otros lugares.

Vulnerabilidad, oportunidades y desafíos

Actualmente y en un futuro próximo, Venezuela sigue siendo vulnerable a un ataque por varios frentes. Está experimentando importantes contradicciones internas. Sin embargo, posee puntos fuertes y grandes oportunidades para avanzar en el proceso de transformación económica y social. Las principales debilidades pueden detectarse en los sectores del Estado, la economía social y la seguridad nacional.

En el campo de la política, la cuestión fundamental es la de la representación, la articulación y la aplicación democráticas de los intereses populares por los cargos elegidos y los cargos administrativos. Demasiado a menudo se oye decir a los chavistas, en discusiones públicas y privadas: “apoyamos al presidente Chávez y sus políticas pero…”, y entonces sigue una letanía de críticas a los alcaldes locales, funcionarios del ministerio, gobernadores y a los malos consejeros de Chávez (45). Algunos –no todos– de los funcionarios elegidos llevan sus campañas con arreglo a la tradicional política clientelista liberal, que consiste en recompensar a unos pocos a expensas de la mayoría. La clave es democratizar el proceso de nombramiento y no dar por sentado, simplemente, que el titular en ejercicio, por incompetente o impopular que sea, deba presentarse de nuevo. Es evidente que el PSUV tiene que liberarse de las políticas electorales basadas en las personalidades y establecer unos criterios independientes que respondan a las evaluaciones populares de los titulares y candidatos del partido. Es preciso que los Consejos Comunales tengan la capacidad de evaluar, informar y tener una voz en la evaluación de los ministerios y los organismos administrativos ineficaces que no proporcionen los servicios que deben (46). La mano muerta del pasado reaccionario está presente en las prácticas, el personal y la parálisis de las estructuras administrativas actuales y, peor aún, está influenciando algunos de los nuevos nombramientos chavistas.

La táctica de crear nuevos organismos paralelos para superar las burocracias obstruccionistas existentes no funcionará si los nuevos administradores están insuficientemente preparados (por designación tardía o inexistente, incapacidad de rectificación de problemas, incumplimiento de compromisos etc.) Nada irrita más a las masas chavistas más que tratar con funcionarios que no son capaces de cumplir sus compromisos en un plazo razonable. Ésta es la fuente general de descontento, alienación política y vulnerabilidad de las políticas del Gobierno. En parte, el problema es de incompetencia del personal y, en su parte principal, la solución es estructural: dar el poder a las organizaciones populares para reprobar y a sustituir a los funcionarios ineficaces y corruptos.

En la esfera económica es preciso realizar un análisis profundo de toda la estrategia en varias áreas. En lugar de la financiación masiva, y en gran parte perdida, a las cooperativas de escala reducida dirigidas por pobres con escasas capacidades productivas, de gestión o incluso de contabilidad básica, los fondos de inversión deberían canalizarse hacia fábricas modernas de escala media y grande, que combinen a la vez unos administradores y trabajadores expertos con trabajadores de escasa formación, que produzcan mercancías de gran demanda en los mercados nacionales y en un futuro en los extranjeros. La nueva empresa pública que está construyendo 15.000 casas prefabricadas es un buen ejemplo.

La segunda área de vulnerabilidad económica es la agricultura, donde el ministerio del ramo ha fracasado estrepitosamente en el desarrollo de la producción de alimentos (como demuestran las importaciones masivas), las redes de distribución y sobre todo en la aceleración del programa de reforma agraria. Si algún ministerio costó a Chávez la pérdida del referendo, es el ministerio de la agricultura, que durante más de nueve años no ha conseguido aumentar la producción, la productividad y la disponibilidad de alimentos. Las anteriores políticas de controlar o dejar de controlar los precios, de subvenciones y créditos a los grandes productores han sido un fracaso sin paliativos. La razón es obvia: los grandes terratenientes que se han beneficiado de los créditos agrícolas y de las generosas subvenciones del Gobierno no han invertido en la producción agrícola, la cría de ganado, la compra de nuevas semillas, nueva maquinaria o nuevos animales productores de leche. Están utilizando la financiación del Gobierno para adquirir bienes inmuebles, títulos del Estado y participaciones en bancos y fondos especulativos de inversión, o transfiriéndolos al extranjero. Esta incorrecta e ilegal asignación de fondos públicos es claramente evidente en la brecha existente entre los altos niveles de financiación pública destinada a los llamados productores agrícolas y el crecimiento escaso (o incluso negativo) de la producción y la productividad en las grandes propiedades (47).

En abril de 2008, el presidente Chávez reconoció que la única manera de controlar el uso de los fondos públicos, los préstamos y la inversión estatal consiste en introducir cambios fundamentales en el uso y la propiedad de la tierra productiva. Se trata de asegurarse de que los fondos van realmente a la producción de alimentos y no a la compra o la inversión en nuevos apartamentos de lujo, de inmuebles o de bonos argentinos. En marzo y abril de 2008, el presidente Chávez, con el apoyo de los principales movimientos campesinos y de trabajadores de la industria alimentaria, expropió 27 plantaciones, una cadena de transformación de carne, una planta de producción lechera y una importante cadena de distribución de alimentos. Ahora el desafío es asegurarse de que se designe a los administradores competentes y se elija a los consejos de campesinos y obreros para asegurar un funcionamiento eficaz, nuevas inversiones y recompensas equitativas. Lo que está absolutamente claro es que el presidente Chávez ha reconocido que la propiedad capitalista, incluso con subvenciones del Gobierno, es incompatible con la cobertura de las necesidades de consumo de los venezolanos.

En tercer lugar, según lo mencionado anteriormente, la inflación está reduciendo la capacidad popular de consumo, fomentando demandas salariales por los trabajadores sindicados de los sectores de exportación y erosionando al mismo tiempo los salarios y la renta de los trabajadores eventuales e informales. El Gobierno ha anunciado una disminución de la tasa de inflación en enero-febrero 2008 (2,1%), lo que es un indicador positivo de que se le está prestando una atención preferente. Las escandalosas tasas de beneficio tanto en la producción de bienes de consumo como en la de bienes de capital han aumentado la excesiva circulación de dinero, mientras que la falta de inversión en una mayor productividad y producción ha debilitado la oferta. La espiral inflacionista se enmarca en la estructura de la propiedad de las principales empresas capitalistas, y ningún tipo de reglamentación de los márgenes de beneficio conseguirá aumentar la productividad. En este año 2008, el presidente Chávez acelera la transformación socialista a través de la nacionalización de las industrias estratégicas.

La clave consiste en invertir grandes sumas de capital público en un amplio abanico de empresas públicas competitivas, dirigidas con una visión empresarial bajo el control de los técnicos y los trabajadores. Confiar en los incentivos a los capitalistas particulares para aumentar la productividad ha sido un gran fracaso en la mayor parte de los casos, a causa de su comportamiento rentista y no empresarial. Cuando el Gobierno cede ante un grupo de empresas y ofrece incentivos, solamente recibe a cambio una serie de nuevas excusas con las que se echa la culpa a la política de precios, la inseguridad, la inflación o las importaciones por la falta de inversión. Es evidente que confiar en la asociación pública-privada es una política fallida.

La base del malestar psicológico de las empresas puede reducirse a un solo aspecto: no piensan producir ni invertir, ni siquiera para conseguir un beneficio, si ello puede interpretarse como un apoyo al gobierno de Chávez y la consolidación del apoyo popular a éste gracias al empleo y a los ingreso (48). Prefieren simplemente mantener sus empresas y subir los precios para aumentar sus beneficios.

En la esfera social, el Gobierno se enfrenta al problema de potenciar la conciencia política y sobre todo de fomentar el encuadramiento de sus partidarios de base en organizaciones cohesionadas, disciplinadas y con conciencia de clase. El proyecto socialista del Gobierno depende de la existencia de organizaciones sociales de masas capaces de adelantar a la élite económica y de limpiar las vecindades de matones, gángsters y agentes paramilitares de los oligarcas venezolanos y del régimen de Uribe.

El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora está creando la clase de escuelas político-educativas de cuadros necesarias para avanzar en la reforma agraria. Ejerciendo presión sobre el Instituto Agrario Nacional, que se ocupa de las tierras no cultivadas, y resistiendo a los pistoleros que los propietarios traen de Colombia, este nuevo movimiento proporciona un modelo a escala reducida de la acción social que el Gobierno debería promover y multiplicar a escala nacional.

El principal obstáculo es el papel contrarrevolucionario de la Guardia Nacional, dirigida por el general Arnaldo Carreño. Recientemente, este militar dirigió una incursión en una escuela de formación de campesinos con helicópteros de ataque y 200 soldados, arrestó y golpeó a educadores y estudiantes y destrozó el instituto. No se ha tomado ninguna medida oficial contra los funcionarios militares responsables de esta atroz acción (49). Aparte de la reaccionaria naturaleza de este asalto a uno de los movimientos chavistas más progresistas, indica la presencia de un sector militar comprometido con los grandes propietarios y muy probablemente alineado con los golpistas militares colombianos y estadounidenses.

La legislación laboral se sigue retrasando. La nueva ley de seguridad social, más progresista, está atascada en el Congreso y/o enterrada por las manos muertas de la administración. Los trabajadores eventuales (no contratados, sin seguridad en el empleo) aún predominan en industrias clave como el petróleo, el acero, el aluminio y las manufacturas. Los sindicatos –tanto el favorable a Chávez como la plétora de tendencias en lucha y supuestos sindicatos de clase— están fragmentados en media docena o más de fracciones, cada una de las cuales ataca a la otra, incapaces de organizar la gran mayoría (más del 80%) de trabajadores formales e informales no organizados. El resultado ha sido la inmovilidad relativa de sectores importantes de la clase trabajadora ante los grandes desafíos nacionales, tales como el referendo de 12 de febrero, la amenaza militar de Colombia y EE UU, y la lucha para ampliar la reforma agraria, las empresas públicas y la seguridad social.

La relativa negligencia del Gobierno hacia los trabajadores fabriles, organizados o no, ha cambiado radicalmente a mejor en la primera mitad de 2008, a partir de la decidida intervención del presidente Chávez en las industrias del acero (Techint-Sidor), cemento (CEMEX), cárnica y las del azúcar, que ha llevado a un flujo masivo de apoyo de los trabajadores. Se ha iniciado una determinada dialéctica, en la que los conflictos con obreros militantes y patronos intransigentes han inducido al presidente Chávez a intervenir en favor de aquéllos, lo que a su vez ha potenciado la extensión y profundidad del apoyo de los trabajadores y sindicatos al presidente Chávez. Esta dialéctica de apoyo mutuo reforzado ha llevado a reuniones de los líderes y militantes sindicales intersectoriales del transporte, industria metalúrgica, alimentos e industrias relacionadas. En respuesta al mayor apoyo sindical organizado, Chávez ha potenciado la perspectiva de una nacionalización de los bancos y la cadena de producción y distribución de alimentos. La futura evolución depende en gran medida de la unificación y movilización de los líderes sindicales, y de su capacidad para superar sus divisiones sectarias y personalistas y orientarse hacia la organización de los trabajadores eventuales e informales no organizados.

El sectarismo de los grupúsculos ultraizquierdistas y sus partidarios en la burocracia sindical hace que consideren a Chávez y sus partidarios gubernamentales y sindicales como el enemigo principal, y promuevan huelgas en demanda de aumentos de sueldo exorbitantes. Estos grupos organizan barricadas para provocar la represión y pedir a continuación la solidaridad de trabajadores. Hasta ahora han tenido poco éxito, y la mayor parte de los trabajadores hacen oídos sordos a sus llamadas a esa supuesta solidaridad. La unificación del liderazgo sindical pro Chávez en torno a las actuales nacionalizaciones y el crecimiento de un movimiento sindical unificado y potente aislará a los grupúsculos y limitará su papel. Un movimiento unificado de la clase trabajadora podría acelerar la lucha por la transformación social de la industria, a la vez que consolidaría la defensa nacional del proceso de transformación en tiempos de peligro.

Las amenazas a la seguridad nacional

Las encuestas realizadas en gran número de países revelan que la mayor parte de la población de casi todos ellos piensa que EE UU es la mayor amenaza para la paz mundial. Éste es especialmente el caso en Venezuela, un país del Caribe que ya ha sufrido una tentativa de golpe apoyada y orquestada por EE UU, un cierre por parte de patronos y altos ejecutivos de la vital industria del petróleo, un referendo revocatorio financiado por EE UU, una campaña internacional destinada a bloquear la venta de armas defensivas y recambios, acompañada por un incremento militar continuo y masivo de Colombia, el gendarme de EE UU en la región. Los esfuerzos violentos de este país para derrocar al presidente Chávez tienen unos antecedentes largos y feos en el Caribe y América Central. Durante el último medio siglo EE UU han invadido directamente o atacado Guatemala, Panamá, Cuba, la República Dominicana, Grenada, Nicaragua y El Salvador; han organizado los escuadrones de la muerte y los ejércitos contrarrevolucionarios subordinados en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, fuerzas que asesinaron a cerca de 300.000 personas (50).

La agresión de EE UU contra Venezuela comprende muchas de las estrategias aplicadas en sus criminales intervenciones previas. Como en Guatemala, utiliza el soborno, engatusando y corrompiendo a funcionarios militares venezolanos y miembros de la Guardia Nacional. Su plan consiste en utilizar a estos funcionarios militares para organizar un golpe, colaborar con fuerzas colombianas infiltradas a través de sus fronteras, y fomentar las deserciones a la oposición favorable a EE UU. Como en América Central, operadores estadounidenses han organizado a asesinos en escuadrones de la muerte para infiltrar el campo venezolano y agredir al movimiento campesino que lleva a cabo la reforma agraria, y consolidar el apoyo entre los grandes terratenientes.

Como en Nicaragua, EE UU están combinando su apoyo al sabotaje sistemático de la economía por parte de la élite empresarial a fin de fomentar el descontento, con la financiación de las campañas electorales de la oposición a fin de aprovechar las circunstancias económicas inestables. Al igual que con su bloqueo económico de Cuba, EE UU han organizado un embargo de facto de armas y repuestos, así como una congelación internacional de los activos de PDVSA en el extranjero, a través de procesos judiciales internacionales como el iniciado por Exxon-Mobil. El bombardeo transfronterizo de Ecuador por fuerzas colombianas es tanto un test del estado de preparación de Venezuela como una agresión descubierta contra el plan de cierre de la base militar estratégica de EE UU en Manta (Ecuador) por parte del Gobierno nacionalista del Presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Venezuela había tomado algunas medidas para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional provenientes de la quinta columna conjunta de estadounidenses, colombianos y venezolanos. Tras el golpe, el presidente Chávez licenció varios cientos de funcionarios militares implicados en el mismo, y promovió a militares leales a la Constitución. Desafortunadamente, el nuevo grupo incluyó a varios mandos favorables a EE UU y contrarios a la izquierda, abiertos a los sobornos de la CIA, uno de los cuales incluso llegó a ser ministro de Defensa antes de ser jubilado tras haberse convertido en un portavoz virulento contra el referendo propuesto por Chávez (51). Peor aún, Chávez amnistió a los urdidores militares y civiles del golpe y los saboteadores económicos del cierre patronal, después de que hubieran cumplido solamente una pequeña parte de sus condenas, lo que produjo el choque y la consternación completos de la masa de fuerzas populares que llevaron la carga del golpe violento y del sabotaje económico y que no fueron consultadas.

Venezuela ha comprado algunas armas ligeras (100.000 fusiles y ametralladoras) y una docena de submarinos a Rusia y algunos helicópteros a Brasil para contrarrestar la carrera armamentista de Colombia, por un monto de 6.000 millones de dólares, que incluye armas ligeras y pesadas. Es evidente que es un paso adelante, pero sigue siendo insuficiente, dado el desequilibrio armamentístico entre los dos países. Venezuela necesita potenciar rápidamente sus defensas antiaéreas, modernizar sus aviones de combate y su flota, mejorar sus batallones aerotransportados y, en muchos aspectos, la capacidad de sus fuerzas de tierra para entrar en combate en la selva y en territorio abierto. El ejército de Colombia, después de 45 años de lucha antiguerrillera, tiene la formación y la experiencia de que carece Venezuela. Este país ha tomado medidas positivas hacia la organización de una milicia popular masiva, pero los progresos han dado resultados dudosos, por cuanto la formación y el alistamiento están por debajo de las expectativas, a falta de la organización política y el liderazgo político-militar necesarios.

Mientras que el presidente Chávez ha tomado medidas importantes para consolidar las defensas fronterizas, no puede decirse lo mismo de las defensas internas. Concretamente, varios generales de la Guardia Nacional han desalojado con más agresividad a los campesinos ocupantes de tierras que la empleada en la persecución y el arresto de los pistoleros financiados por los grandes propietarios, que han asesinado a 200 activistas campesinos y beneficiarios de la reforma agraria. De entrevistas extensas con líderes y activistas campesinos se deduce que hay una colaboración activa entre altos funcionarios militares y barones ganaderos derechistas, lo que cuestiona las lealtades políticas de las guarniciones de la Guardia Nacional situadas en el medio rural.

Hay una necesidad urgente de acelerar la expropiación de grandes propiedades y armar y dar formación a milicias campesinas para contrarrestar la complicidad o la negligencia de la Guardia frente a la violencia patrocinada por los propietarios. Hay miles de campesinos preparados para pasar a formar parte de las milicias, porque tienen en juego la defensa de sus familias, sus camaradas y su tierra de los ataques paramilitares.

Hoy, la más inmediata y grave amenaza para la seguridad interna es la compuesta por la combinación de cuadrillas de endurecidos delincuentes venezolanos con los narco-paramilitares infiltrados desde Colombia, que está aterrorizando al pueblo en los barrios pobres. Las investigaciones de la policía, las detenciones y la persecución por parte del Gobierno son inadecuados, incompetentes y dan señales de corrupción y, en algunos casos, de complicidad. Hasta hoy no se ha resuelto el caso del asesinato tristemente famoso, realizado a la luz del día, del respetado fiscal general Danilo Anderson, y la fiscal general actual ha enterrado en lo fundamental la investigación y, más importante aún, ha liquidado las investigaciones sobre las redes de los grupos de la élite económica que planean futuros golpes de estado, investigación que Anderson llevaba a cabo en el momento de su asesinato.

Anderson era el investigador principal de las fuerzas que estuvieron detrás del golpe fallido de 2002, del sabotaje económico y de una serie de asesinatos políticos. Venezolanos cercanos al expediente judicial declaran que Anderson había compilado una documentación extensa y testimonio que implicaban a figuras políticas, económicas y mediáticas de máximo nivel, y a algunas figuras influyentes del gobierno de Chávez. Con su muerte, las investigaciones acabaron, no se hicieron nuevas detenciones y los ya arrestados fueron posteriormente amnistiados. Algunos de los sospechosos principales investigados por Anderson están actuando ahora en sectores estratégicos de la economía. Hay dos hipótesis: o bien una absoluta incompetencia en la oficina del nuevo fiscal general, el Ministerio de Justicia y los organismos gubernamentales relacionados ha hecho descarrilar la investigación; o bien hay complicidad política por parte de altos funcionarios para prevenir que se socave la actual estrategia de socialización. En cualquier caso, la debilidad en la aplicación de la ley, especialmente por lo que se refiere a una clase capitalista peligrosa que dirige una amplia red que apoya el derrocamiento violento del Gobierno elegido, abre la puerta a una reedición del anterior golpe. Efectivamente, la amnistía de los golpistas de más alto nivel y de los saboteadores económicos y el caso Danilo Anderson pesan en gran medida en las mentes de los venezolanos militantes, que ven en ambos casos ejemplos de la persistente impunidad de las élites.

Es de la máxima importancia organizar rondas de vigilancia en barrios y fábricas, y milicias de defensa, a la vista de las amenazas crecientes a la seguridad nacional interior y exterior, y de la ola de delitos. Con la mayor cooperación de los Consejos Comunales, la limpieza de bandas de delincuentes es una prioridad ineludible. La policía de barrio y las comisarías deben saturar las vecindades pobres. Debe implantarse a gran escala la iluminación de las calles, para hacer las aceras de los barrios de ranchos más seguras. La guerra contra el tráfico de drogas debe llegar hasta las conexiones burguesas, los banqueros y los propietarios inmobiliarios que blanquean dinero y utilizan fondos ilegales para financiar las actividades de la oposición. Los pequeños delincuentes y los delincuentes juveniles deberían ser condenados a realizar programas de formación profesional y prestar servicio rural y comunitario supervisado. Las transacciones financieras ilegales de gran envergadura deben ser perseguidas mediante la incautación de cuentas bancarias y propiedades. La seguridad nacional y la seguridad interna son condiciones sine qua non para el mantenimiento de cualquier orden político que pretenda la transformación del sistema socioeconómico.

El 9 de abril de 2008, el presidente Chávez tomó una medida importante para la reducción de la delincuencia, la consolidación de las relaciones entre las comunidades y la policía, y la mejora de la seguridad de las personas: la aprobación de la Ley de Policía Nacional, mediante un decreto ley presidencial. Con arreglo a la nueva Ley, se creará una nueva policía revolucionaria nacional popular, que rompa con el viejo modelo represivo de policía mediante la educación, la concienciación, la organización y la prevención social. El presidente puso en contraste a la anterior policía capitalista, avasalladora de los pobres, con la nueva policía municipal cercana a los ciudadanos y orientada al diálogo. A tal efecto, se animará a los Consejos Comunales recientemente formados a formar parte y ayudar a seleccionar un nuevo tipo de policía basado en un proceso de selección riguroso y en la voluntad de los candidatos de vivir y trabajar con el barrio. El PSUV y los Consejos Comunales se convertirán en la espina dorsal de la nueva solidaridad política con la policía municipal recientemente creada. El reconocimiento por parte de Chávez del problema de la seguridad en todas sus dimensiones, políticas y personales, y su planteamiento democrático e igualitario resalta su compromiso tanto con el mantenimiento de la ley como con el avance del proceso revolucionario (52).

Conclusión: Ventajas y oportunidades para la transformación socialista

Venezuela posee hoy las condiciones económicas, políticas y sociales más ventajosas para una transformación socialista de la historia reciente, a pesar de las amenazas militares de EE UU, de sus debilidades administrativas y de sus limitaciones institucionales políticas.

Económicamente, la economía de Venezuela está más que boyante, con una tasa crecimiento del 9%, unos precios mundiales de las exportaciones a niveles máximos (con el petróleo a más de 100 dólares por barril), tiene reservas energéticas inmensas, 35.000 millones de dólares en reservas de divisas, a la vez que está diversificando sus mercados exteriores, aunque a un ritmo demasiado lento para su propia seguridad (53). Con la introducción, en abril de 2008, de un impuesto de beneficios excesivos, que ingresará el 50% de todos los ingresos superiores a 70 dólares por barril y un 60% adicional de todos los ingresos superiores 100 dólares por barril, varios miles de millones de dólares de ingresos adicionales pasarán a aumentar los fondos para financiar la nacionalización de todos los sectores estratégicos de la economía.

Venezuela se beneficia de un mundo económico multipolar deseoso de comprar e invertir en la economía nacional. El país está en las mejores condiciones posibles para modernizar la industria del petróleo y la fabricación de productos derivados del petróleo, desde plásticos a fertilizantes, siempre y cuando la inversión pública sea eficiente y se planifique y ejecute racionalmente. Venezuela tiene más de un millón de trabajadores agrarios sin tierras y pequeños agricultores dispuestos a poner a producir las vastas zonas de tierras poco utilizadas propiedad de la oligarquía, y a poner a Venezuela en la vía a la autosuficiencia alimentaria en incluso convertirlo en un país agroexportador. Millones más de campesinos colombianos refugiados están dispuestos a trabajar la tierra al lado de los campesinos venezolanas. No hay escasez de tierras fértiles, agricultores ni capitales. Lo que se precisa es la voluntad política para organizar las expropiaciones, el cultivo y la distribución.

Políticamente, el presidente Chávez proporciona el liderazgo dinámico, apoyado por el poder legislativo y el ejecutivo, capaz de movilizar a la gran mayoría de los trabajadores y la juventud pobres, y los trabajadores urbanos y rurales organizados y no organizados. La mayoría de los militares y los nuevos graduados universitarios han apoyado (al menos hasta ahora) los programas del Gobierno y ha resistido los sobornos y las insinuaciones de los agentes de EE UU. Los nuevos instructores militares socialistas-bolivarianos y planes de estudios, además de la expulsión de las misiones militares de EE UU, consolidarán las relaciones democráticas entre el estamento militar y el Gobierno popular.

Los servicios de inteligencia y contrainteligencia han detectado algunas conspiraciones subversivas, pero siguen siendo el eslabón más débil tanto en términos de recogida de información, acción directa contra la infiltración estadounidense-colombiana, la detección de nuevos planes de golpe y la elaboración de la documentación detallada necesaria para poner al descubierto a los escuadrones de asesinos estadounidense-colombianos. Es evidente que es preciso hacer limpieza de elementos dudosos e incompetentes en los servicios de inteligencia. Los nuevos procesos de formación y reclutamiento de personal están avanzando con bastante lentitud y tiene que demostrarse su pertinencia.

Socialmente, el gobierno de Chávez mantiene el respaldo de más del 65% del electorado; además, casi el 50% de los votantes estuvieron a favor de un programa manifiestamente socialista en el referendo de 2 de diciembre de 2007. Si los Consejos Comunales se asientan y las milicias cobran fuerza y organización, y si el PSUV se arraiga en las masas y la nacionalización popular se acelera, el Gobierno podría consolidar su apoyo de masas en una fuerza organizada formidable que le garantice una gran mayoría en un nuevo referendo y a la vez le permita contrarrestar la contrarrevolución apoyada por EE UU.

Mucho dependerá de la profundización por parte del Gobierno y de la ampliación de sus transformaciones socioeconómicas: aumentar la construcción pública de viviendas de 40.000 a 100.000 unidades al año; reducir el sector laboral informal por debajo del 10%; y animar a los sindicatos a organizar el 80% de la mano de obra desorganizada en sindicatos de clase con la ayuda de la nueva legislación laboral.

Dada la disponibilidad de un apoyo social masivo, y teniendo en cuenta las elevadas ganancias que produce la exportación, además de los cambios sociales positivos que ya han tenido lugar, la base objetiva para la organización exitosa de un movimiento pro socialista y pro Chávez existe ya hoy.

El desafío está en el factor subjetivo: la escasez de cuadros bien formados y de educación política ligada a la organización local, la elaboración de un marco político-ideológico socialista y la eliminación de funcionarios personalistas de ideología liberal y patrocinadora vinculados en las principales instituciones administrativas y del partido. En la base de chavista de masas, la lucha por una conciencia socialista es el desafío central en la Venezuela de hoy.

____________________________

 

1 Weisbrot, Mark y Luis Sandoval 2008, “Update: The Venezuelan Economy in the Chavez Years”, Center for Economic and Policy Research, Washington D.C.

2 Mark Weisbrot, “An Empty Research Agenda: The Creation of Myths About Venezuela”, marzo 2008. Center for Economic and Policy Research, Washington D.C.

3 Ibid. Cf. “Carta del Ministro de Comunicaciones de Venezuela al Washington Post”, 26.3.2008, de Andrés Izarra, publicada el 28.3.2008.

4 Un ejemplo pertinente puede hallarse en el Socialist Register 2008. Como ejemplo de propaganda flagrante camuflada de estudio académico véase Francisco Rodríguez, “An Empty Revolution: The Unfulfilled Promises of Hugo Chavez”, Foreign Affairs, marzo-abril 2008.

5 Weisbrot, Op. cit, pág. 10.

6 Weisbrot, Op. cit.

7 Entrevista con líderes campesinos del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, en Caracas, 27.2. 2008. Boston Globe 11.4.2008

8 Entrevista con el Presidente Chávez, Caracas, 2.3.2008

9 Vea, 25.2.2008, p.2

10 Entrevista con el Presidente Chávez, Caracas, 2.3.2008

11 Weisbrot, Op. cit.

12 La hiperinflación derribó los gobiernos socialdemócratas de Raúl Alfonsín en Argentina (1989) y de Alan García en Perú (1990); debilitó al gobierno de Salvador Allende (1973); condujo a un golpe de derechas en China (1945-49) y a la llegada del régimen comunista, así como al cambio de régimen de Brasil en la década de 1990.

13 Reuters News Service, 9.4.2008; BBC News, 2.4.2008

14 “La grave represión de los trabajadores siderúrgicos”, Argenpress, 24.3.2008.

15 El Universal, 5.3.2008, página 1.

16 Izarra, Op. cit.

17 “PSUV: Posible instrumento para avanzar en la revolución o para frenarla”, Rebelión, 25.3.2008.

18 Ibid.

19 Entrevista en Caracas con delegados del PSUV, 1.3.2008.

20 Entrevistas y reuniones con delegados de barrio de los Consejos Comunales, 29.2.2008

21 Entrevista con el Ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacún, La Jornada, 31.3.2008.

22 Entrevista con los Consejos Comunales, 29.2.2008. Según una encuesta realizada por la prestigiosa empresa Barómetro, a comienzos de abril de 2008, el 66.5% de los venezolanos aprueban la gestión presidencial de Chávez.

23 Comentarios de delegados de los Consejos Comunales y de activistas campesinos en la reunión del Poder Popular celebrada en Caracas en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 29.2.2008

24 Entrevista con Carmen Boquerón, Ministerio de Cultura, 25.2.2008.

25 Entrevista con Miguel Márquez, Presidente de la editorial El Perro y la Rana, Editora Nacional, 5.3.2008.

26 Véase La Plena Voz, Memorias, Política Exterior y Soberanía, entre otras revistas.

27 Entrevista con Carmen Boquerón, 26.2.2008

28 Entrevista con el Ministro de Cultura, 1.3.2008.

29 Entrevista celebrada el 29.2.2008. Incluso en las nuevas universidades bolivarianas, sólo una minoría de los estudiantes de clase trabajadora participa en actividades políticas. La mayor parte se concentran en sus estudios y su futuro profesional. No obstante, entre los estudiantes activos políticamente de las nuevas universidades, la mayoría son favorables a Chávez.

30 Desde el comienzo de la primera privatización, en 1976 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la cuestión fundamental que se planteaba era “nacionalización, ¿para quién?” En las reprivatizaciones de los 70, la respuesta fue: “para las élites económicas.” Véase James Petras, Morris Morley y Steven Smith, The Nationalization of Venezuelan Oil, Praeger Press, NY. 1977

31 El detallado estudio documental de Eva Golinger basado en documentos proporcionados por el Gobierno de Estados Unicos, hechos públicos con arreglo a la Freedom of Information Act, proporciona una evidencia clara de la intervención estadounidense.

32 Entrevista con un asesor presidencial venezolano, París, noviembre de 2001.

33 www.rebelion.org, 13.4.2002

34 Weisbrot Op. cit.

35 Eva Golinger, El Código Chávez: Descifrando la Intervención de los Estados Unidos en Venezuela, Instituto Cubano del Libro, La Habana 2005. La autora proporciona detallada información sobre la financiación estadounidense de supuestas ONG, por mediación de AID y NED (National Endowment for Democracy), dos conductos gubernamentales estadounidenses para desestabilizar los gobiernos críticos con Estados Unidos.

36 Para un análisis más detallado véase James Petras, El referendo venezolano: análisis y epilogo, www.rebelion.org, 17.12.2007.

37 El concepto de poder blando se atribuye a Joseph Nye, profesor de ciencias políticas en Harvard y asesor presidencial estadounidense durante largos periodos, que ofrece su experiencia en materia de gestión imperial y utilización del poder imperial. Véase Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004

38 Las intervenciones venezolanas contra el tráfico de estupefacientes han permitido la captura de 360 toneladas de droga entre 2000 y 2007, según la Oficina Nacional Antidrogas, enero 2008.

39 En relación con el terrorismo de masas del Estado colombiano, véase los informes anuales de la Organización Internacional del Trabajo, Vía Campesina, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

40 Entrevista con líderes campesinos del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, en Caracas, 27.2. 2008. Boston Globe 11.4.2008

41 Durante esta disputa entre Exxon-Mobil y PDVSA, la prensa europea adoptó la posición más conciliadora de sus propias transnacionales petroleras, mie

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