Mi?rcoles, 29 de julio de 2009
Por: Francisco Javier Velasco Páez
Fecha de publicación: 28/07/09
   


CRISIS ALIMENTARIA, AGROINDUSTRIA Y AGROECOLOGÍA

Francisco Javier Velasco

La perspectiva de los precios de los alimentos en el mundo inspira desolación y llama al combate por un mundo nuevo (pocos indicadores económicos, si es que hay alguno, son tan sensibles políticamente). En el contexto de crisis alimentaria que azota a nuestro planeta se hace necesario poner de relieve el hecho de que el hambre y la desnutrición no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Son el resultado de haber excluido a millones de personas del acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento, de haber degradado sus culturas y ecosistemas. Aunque se puede considerar la concurrencia de otros factores a la hora de explicar la génesis de la crisis alimentaría actual (el aumento en el precio de los hidrocarburos, el crecimiento de la demanda de alimentos en China e India, etc.), debemos admitir que lo determinante han sido las políticas neoliberales (económicas, agrícolas y comerciales) a escala mundial, regional y nacional, impuestas por los poderes capitalistas de los países dominantes, sus corporaciones transnacionales y sus aliados en el Asia, África y América Latina, en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global; a ello se suma la creciente utilización industrial de los alimentos como insumos para la producción de combustibles Esas políticas han aumentado las ventas y las ganancias de los poderes económicos imperialistas, mientras que nuestros pueblos han visto crecer su deuda externa y los sectores populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y exclusión por todas partes. Se ha acelerado el ritmo de concentración del mercado agrícola internacional en unas pocas empresas transnacionales, aumentando simultáneamente la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos. Las empresas trasnacionales adquieren productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más altos a los consumidores tanto del sur como del norte. Las políticas neoliberales han desencadenado una auténtica guerra contra las agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio.

En los últimos decenios el factor principal que ha moldeado la sociedad y la economía rural de América Latina y el Caribe ha sido el cambio en los sistemas de producción. De un modelo basado en la substitución de importaciones y la industrialización interna se ha pasado a otro basado en la apertura externa, la promoción de exportaciones y la liberalización. La globalización de las economías de la región ha incrementado las oportunidades de ingresos de aquellos países con ventajas comparativas y sectores exportadores bien incorporados a los mercados internacionales como ha sido el caso para ciertos vegetales y productos hortícolas (México), para las frutas de zona templada, el vino y los productos forestales (Chile), para la carne (Argentina), para la soya y el jugo de naranja (Brasil), para las flores y otros productos no tradicionales (Centroamérica, Colombia y Ecuador). También se ha incrementado la producción de productos agrícolas destinados a la agroindustria y al procesamiento de alimentos para el mercado interno y externo. Pero han perdido importancia las producciones de alimentos más tradicionales para el mercado interno (cereales, tubérculos, productos pecuarios tradicionales) que no han podido competir con las importaciones provenientes de países poderosos con agriculturas a menudo subsidiadas. Se ha modificado la estructura social del agro latinoamericano y caribeño; han sido fundamentalmente los agricultores capitalistas modernizados los que se han beneficiado de estas nuevas oportunidades puesto que contaban con el acceso a los recursos financieros, de tierra, de tecnología y de organización necesarios para estas producciones y las posibilidades de acceso a estos nuevos mercados. En cambio los productores familiares campesinos, en la mayor parte de los casos, disponían de recursos de baja calidad, dificultades de acceso al crédito y al seguro, escasez de tierras apropiadas, carencia de tecnologías adaptadas a su situación así como de información sobre los mercados, además de altos costos de transacción. En relación al enorme sector de campesinos con y sin tierra que en América Latina y el Caribe representan hoy día una parte inmensamente mayoritaria de los habitantes del campo, la progresiva ausencia del papel de apoyo del Estado ha profundizado la brecha entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial. La tendencia monopolizadora y globalizadora del capital financiero y especulativo que asume hoy en día una posición central en todos los negocios internacionales, ha conducido a la elevación de las tasas de interés que afectan la tasa de ganancia del capital industrial y agrícola, disminuyendo la inversión productiva y afianzando el dominio del capital financiero, etc. El proceso conduce a la quiebra de la pequeña y mediana industria y, en general, a la exclusión de la producción orientada hacia el mercado interno, lo que deprime aún más el empleo y los salarios. La producción industrial y agrícola está dirigida al mercado mundial y no al nacional. Claramente esto se vuelve contra nuestros pueblos que terminan "resolviendo" sus necesidades de alimentación con importaciones y a precios elevados en medio de una profundización de los lazos de dependencia que los atan a los centros de poder mundial.

Los grandes proyectos de las empresas transnacionales agroindustriales se enmarcan en la estrategia general de saqueo de recursos naturales llevada a cabo por el capital internacional y sus socios locales en América Latina y el Caribe. Como consecuencia de ello la destrucción de ecosistemas en nuestro continente ha alcanzado una escala nunca vista hasta ahora. Este proceso se está dando de modo similar en diferentes países de nuestra región, conformando en algunos casos verdaderos modelos de operación, donde las transnacionales, con una inversión mínima se llevan recursos de enorme valor, dejando un saldo de contaminación y destrucción ecológica y un empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones afectadas directa o indirectamente por su accionar. Sumándose a esta arremetida de las transnacionales que operan en el ámbito de la extracción de recursos y la biopiratería, los gobiernos locales impulsan políticas que favorecen la emergencia de promociones de técnicos y profesionales al servicio de la inversión extranjera, el juego de la "competitividad" de los países y el crecimiento de las exportaciones de las empresas transnacionales. De esta manera se configura un cuadro de alianzas y situaciones -entre grandes corporaciones en busca de la máxima rentabilidad, organizaciones económicas intergubernamentales instrumentalizadas por el gran capital para la obtención de sus fines, gobiernos y políticos locales obsecuentes, legislaciones débiles o inexistentes, desinformación y ausencia de espacios de participación ciudadana real- que contribuye a fortalecer el despojo de recursos y biodiversidad, acompañado de un constante deterioro de las condiciones económicas y sociales de sectores mayoritarios de la población. En el caso de los proyectos extractivos su desarrollo exige ocupar e intervenir inmensas extensiones de territorio, utilizar enormes cantidades de agua pura y emplear substancias tóxicas de modo intensivo. La satisfacción combinada de estas necesidades implica la destrucción de vastos ecosistemas y un deterioro grave de las condiciones de vida de las comunidades afectadas, que incluso pueden verse privadas del acceso a recursos vitales como el agua y los recursos marinos. A las emisiones nocivas lanzadas por estas industrias al aire, al agua y los suelos, se agrega la contaminación con plaguicidas y transgénicos (organismos genéticamente modificados) de los monocultivos. Además de provocar serios problemas de salud y deterioro de las condiciones de vida a poblaciones campesinas de varios países, la aplicación masiva de agroquímicos está produciendo daños de otro tipo que en un futuro no tan lejano agravarán el panorama más allá de cualquier predicción. La destrucción de su hábitat, el uso de plaguicidas y la introducción de cultivos invasores pone en peligro de extinción a muchas especies vegetales y animales.

A la globalización del mercado de plaguicidas y su expresión en el control de los mercados nacionales de América Latina y el Caribe corresponde también una globalización de los riesgos ambientales y de salud asociados a su uso. En efecto el problema principal ya no radica que en la región se usen plaguicidas prohibidos en otras regiones del mundo sino en la expansión y armonización de un mercado mundial de plaguicidas cuyos ingredientes activos están asociados a un perfil toxicológico que puede provocar graves intoxicaciones agudas o un daño crónico a la salud por su exposición continua y a bajas dosis. Una gran parte de estos plaguicidas pueden producir desde alergias e irritaciones en la piel y los ojos, hasta problemas tan graves como cáncer, esterilidad, malformaciones congénitas, daños al sistema inmunológico, los pulmones, el hígado, los riñones y el sistema cardiovascular, entre otros. En Venezuela se utilizan constantemente, sin ningún tipo de restricciones, agrotóxicos extremadamente contaminantes y peligrosos, incluyendo los que forman parte de la denominada “Docena Sucia”, que agrupa a doce contaminantes orgánicos prohibidos en más de 140 países. Los monopolios que controlan más del 90% del comercio de agroquímicos en el país expenden productos como Gramoxone, Glifosan, Karate, Atilán, Paratión, pertenecientes a los grupos químicos de los organoclorados, organofosforados, piretroides y dipiridilos, reconocidos por convenios internacionales como contaminantes orgánicos persistentes, cuyo uso debe ser eliminado con urgencia. Otros agrotóxicos de uso frecuente en Venezuela son los productos formulados a base del ingrediente activo endosulfan, un disruptor endocrino cuya utilización deja graves secuelas en la salud y el ambiente. En zonas como las que comprenden las localidades de Sanare y Quíbor en el estado Lara, Pueblo Llano en Mérida, la colonia Tovar en Aragua, El Jarillo en el estado Miranda y los municipios Páez y Veroes del estado Yaracuy, para nombrar solo algunas, se ha registrado un alarmante número de casos de envenenamientos, enfermedades, malformaciones y muertes como consecuencia del uso de plaguicidas en los cultivos.

Las empresas transnacionales de plaguicidas tales como BASF, BAYER, CARGILL, CIBA GEIGY, DUPONT; MONSANTO, SHELL, y SYNGENTA producen también las semillas transgénicas y son propietarias de la mayoría de las patentes de biotecnología agrícola, con lo que pueden tener el control de la agricultura y la cadena alimentaria a nivel mundial. La contaminación transgénica es un negocio adicional de estas industrias, que por la vía judicial exigen pago a los agricultores cuyos cultivos accidentalmente se han contaminado con semillas patentadas. Incluso cuando no pueden cobrar por sus patentes, se benefician con la venta de plaguicidas. Esto es parte de la estrategia agroalimentaria del capitalismo transnacional que hace del hambre una realidad cotidiana y mortífera para más de dos tercios de la población mundial, y que para el resto de la humanidad plantea fórmulas de sobrealimentación y degradación alimentaria. Se trata de una lógica que combina las miserias y enfermedades derivadas de la escasez con las miserias y enfermedades propiciadas por el consumo excesivo de grasas o proteínas y la ingestión de sustancias tóxicas incorporadas a la cadena alimenticia, ya sea por técnicas empleadas en la agroindustria o como subproducto de la degradación general del ambiente.

En el marco de los cuestionamientos al siniestro complejo agroindustrial de la globalización capitalista han surgido Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. propuestas que impugnan, sólo en parte, su racionalidad económica. Así han surgido iniciativas que promueven la producción y el consumo de alimentos ecológicos. Como alternativa a la agricultura y el consumo industrial, consideran la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos y la crisis del ecosistema propiciados por esta forma de producir, pero no cuestionan la lógica de mercado que da origen a la agricultura industrial. Por esa razón la productividad, la competitividad y el aumento de escala productiva contaminan la producción ecológica. La generalización de alimentos ecológicos en base a las grandes cadenas de distribución global es una falsa solución que pretende "democratizar" la alimentación saludable. Coexiste pacíficamente con la agricultura industrial, beneficiándose de su ventaja comparativa en los segmentos de mercado de alto poder adquisitivo. Aparenta resolver los problemas de inseguridad alimentaria. No combate el hambre ni elimina la comida basura sino que las necesita para diferenciarse en el mercado. Se desentiende de los problemas de la seguridad y la soberanía alimentaria y pasa a formar parte de la globalización de la alimentación en manos de las multinacionales.

Como alternativa a las tesis que remiten meramente a la producción y el consumo ecológicos, aparecen propuestas que defienden la cercanía, el apoyo al comercio local y los circuitos cortos para proteger del comercio mundial a la economía campesina. Cuestionar la lógica del mercado mundial en la defensa de los derechos de los campesinos (y también de los consumidores) exige integrar recíprocamente, por un lado, el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y libre de plaguicidas y, por otro, la lucha contra la contaminación agraria, los accidentes, los envenenamientos y las enfermedades derivadas de uso de químicos en las personas más expuestas, trabajadores, campesinos y sus familiares y descendencia. De lo contrario, la defensa del modelo campesino se muestra como una solución marginal frente a la promesa que el mercado hace al agricultor profesional. En este sentido hablamos de una convergencia entre la agroecología, el consumo responsable y movimientos sociales en pro de la soberanía alimentaria.

La agroecología es en primera instancia el estudio de los agroecosistemas considerados como el resultado de un proceso coevolutivo entre la sociedad y la naturaleza. La agroecología es también y en consecuencia una forma de producir alimentos contando con la naturaleza y no contra ella; que se inscribe en el territorio mediante tecnologías apropiadas (variedades autóctonas y prácticas protectoras del ecosistema en su conjunto). La agroecología, así entendida, parte de un principio de austeridad en el uso de insumos, especialmente energéticos, y se apoya en un conocimiento popular y colectivo con raigambre en la sabiduría y racionalidad campesinas e indígenas que la modernización capitalista ha desterrado.

En tanto que suma y síntesis de conocimientos, la agroecología es algo más que la combinación y el uso ecológicamente eficiente de los factores de la producción en la agricultura. Es una vía de mediación de expresiones culturales que no se fundamenta en una concepción universal de la relación ser humano-naturaleza, sino en concepciones referidas a contextos geográficos, ecológicos, sociales y espirituales diversos, propios de culturas más equilibradas e integrales. La agroecología, como estudio y práctica, trasciende el desarrollismo etnocida y ecocida que impulsa la agroindustria capitalista transnacionalizada. Numerosas experiencias demuestran que la agroecología puede ser tanto o más rentable que la agricultura convencional; pero esa rentabilidad no está orientada por el mercado y la ganancia capitalista, sino que remite a la satisfacción de las necesidades humanas (las cuales incluyen a productores y consumidores) y al respeto por el ambiente. La agroecología se inscribe en un estilo de vida alternativo que rescata y potencia saberes socioambientales ancestrales de las consumidores primarios de la naturaleza en un diálogo intercultural, transdisciplinario y democrático con la ciencia. Negar la necesidad impostergable de impulsar con audacia la transición de nuestros sistemas agrícolas hacia la agroecología, no sólo constituye un acto de evidente y mezquina insolidaridad humana sino una trágica miopía de cara a nuestro futuro común.

[email protected]

Tags: Crisis alimentaria, precios, América Latina, genocidio, consumidores, deuda externa, combustibles

Comentarios
Discurso Impecable de Fidel Castro y ¿Por qué MoReNa? @Taibo2 Paco Ignacio Taibo II

Pirámide capitalista
Pirámide capitalista. actualizada