Lunes, 26 de abril de 2010

Muchos partidos anticomunistas lo usan. Blasapisguncuevas



El emprendimiento de una experiencia socialista es la expresión de la voluntad por transitar un camino ignoto que requiere de un formidable y continuado esfuerzo en todos los órdenes, particularmente en lo tocante al desarrollo de la subjetividad que debe acompañar el proceso. Se trata en primer lugar del correlato cultural de la colosal transformación material y humana que implica la superación de la realidad capitalista.

Es elemental comprender que sería imposible hacerlo si no se avanza en una concepción sistémica de todo el proceso, si no se articulan los esfuerzos no solo para hacer, sino también para conservar y mejorar de modo gradual y sostenido las transformaciones que se van sucediendo.

En la tradición socialista iniciada por la revolución de Octubre de 1917 esa unidad de acción se sintetizó en el principio del centralismo democrático, que fue elaborado por Lenin teniendo en cuenta las realidades de la Rusia de entonces y después interpretado y plasmado por otras experiencias de construcción socialista.

Luego de la desaparición del socialismo en Europa del Este y del Estado multinacional soviético dejó de hablarse del centralismo democrático. El socialismo había perdido a escala planetaria la batalla ideológica, se hizo tabula rasa con toda la experiencia socialista en esa parte del mundo, el pensamiento único del capitalismo tardío se enseñoreó de prácticamente todos los espacios políticos. La democracia liberal era nuevamente el paradigma político incuestionado. Se confundió el fracaso de la experiencia socialista con la validez de la experiencia capitalista. Ciertas frases, conceptos, palabras, denominaciones, quedaron proscritos en los espacios académicos y políticos, en no pocos casos de manera vergonzante dando a los términos un extraviado papel simbólico. Tal es el caso del concepto y frase de “centralismo democrático”, en particular porque el término centralismo, recuerda ante todo las desviaciones del verticalismo, el burocratismo, el voluntarismo, la imposición, la arbitrariedad e incluso el abuso de poder. Pero el abordaje serio del tema no puede sucumbir a las modas, ni a las veleidades que instan a obviar toda la experiencia anterior, o a malinterpretarla multiplicándola por un factor de ineficiencia, ineficacia, ausencia de libertades, etc. etc.

Por tal razón, y a riesgo de irritar a quienes gustan de pasar por alto las experiencias y procesos y suelen mejor clasificarlos y etiquetarlos, considero necesario el análisis ponderado de la relación entre el socialismo como sistema y el concepto de centralismo democrático, más allá de los vicios de burocratismo, autoritarismo, verticalismo y abuso de poder que florecieron como hongos venenosos en la experiencia socialista en un terreno capaz, sin embargo, de dar frutos saludables.

El socialismo es imposible sin un enfoque sistémico

No puede pensarse la transición socialista resolviendo exclusivamente lo relativo a la actividad económica, por más importante que esta es. El socialismo sin política, sin ideología, sin estética, sin transformación cultural, sin organización y sin un sistema legal que lo respalde, entre otros ámbitos fundamentales de la vida social, pensado sola y centralmente como “eficiencia económica”, quedaría a merced de la inercia de las lógicas habituales del sistema capitalista.

La articulación de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política, todas enfocadas bajo el prisma de la necesaria transformación cultural de la ciudadanía, en su calidad de actividades fundamentales, en modo alguno presupone que la previsión tiene que “abarcarlo todo” ni que “la articulación prevalezca sobre el conjunto de las contradicciones de la sociedad”.

El hecho de jerarquizar -en el propósito de la articulación- estas actividades en su carácter de fundamentales, si bien tiene una finalidad regulatoria en el sentido de influir sobre la práctica de los seres humanos que viven una realidad de transición socialista, al crear condiciones fluidas para la vida social, en modo alguno pretenden constituirse en un elemento totalizador que desconozca otros aspectos básicos y fundamentales del acontecer social, por el contrario, se trataría también de tenerlos en cuenta para el propósito de lograr que esa articulación sea socialmente eficiente.

La articulación de estas actividades, por otra parte, tampoco significa que esta deba prevalecer “sobre” las contradicciones inherentes a una sociedad en la que existen diferencias sociales pautadas fundamentalmente por la división social del trabajo, por los tipos y formas de propiedad y por otras realidades.

El predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción de bienes y servicios y demás propiedades socializadas, así como el tipo de Estado y el sistema de leyes vigente, determinan el carácter fundamental de ese metabolismo socioeconómico, pero el resultado final es la coexistencia compleja de formas múltiples de propiedad y de sus correspondientes repercusiones sociales en el sistema general de relaciones entre las personas.

El entramado organizativo y jurídico normativo del metabolismo socioeconómico que regulará esta coexistencia es necesariamente igualmente complejo y en correspondencia con esa realidad, de lo contrario no podría ser eficiente.

La coexistencia de diferentes tipos de propiedad establece, de facto, una comparación de eficiencias y una emulación entre ellos, en el marco del proceso socioeconómico integral de la sociedad. Si las leyes restringen las potencialidades de desarrollo de uno u otro tipo y forma de propiedad, ello no significará una potencialidad de eficiencia menor que otras, sino solo eso: restringida. Lo mismo ocurrirá en sentido inverso cuando, por el contrario, se otorgan ventajas.

La existencia de la pequeña propiedad privada es una fuente generatriz de relaciones mercantiles basadas en la oferta y la demanda, en la ley del valor, y propende necesariamente a fertilizar la formación de una psicología mercantilista y a una mentalidad individualista, que se verá en la transición socialista contrarrestada por el funcionamiento de las formas socialistas de propiedad (no se puede olvidar que el pequeño propietario en la transición socialista tiene como ciudadano la condición también de copropietario colectivo de la propiedad social), por las formas socialistas y comunistas de distribución del producto social vigentes en la sociedad en transición socialista. A su vez, su existencia social como pequeño propietario estará limitada a lo que este produce en la pequeña propiedad, lo que es mercancía en esa pequeña propiedad es lo que él produce.

El propietario, por ejemplo, de un pequeño restaurante produce y vende mercancías, los alimentos que vende constituyen mercancías, pero el propio restaurante no es una mercancía, no es objeto de compra – venta. De este modo, el dueño de un pequeño restaurante productivo, exitoso y con una mayor productividad en la producción de alimentos, tendrá mayores resultados económicos y comerciales, puede acumular mayores ganancias, pero dado que la legalidad determina que no pueden comprarse ni venderse los pequeños restaurantes privados, ese dinero no se convertirá en capital solo puede atesorarlo o adquirir los bienes disponibles en el mercado, no puede invertirlo para incrementar su propiedad y sus ganancias [3] , en consecuencia, la ley lo circunscribe a la pequeña propiedad.

Las empresas mixtas no pueden formarse arbitrariamente, sino que tienen que corresponderse con las necesidades y planes de desarrollo del país y quedan subordinadas, a través de los mecanismos internos de los acuerdos firmados, a subordinarse a las leyes y las prioridades del país.

El colectivo laboral de una mediana empresa en régimen de asociación con el Estado, no es más dueño colectivo de esa empresa que cualquier otro ciudadano pertenezca o no a ese colectivo. El hecho de que, como colectivo laboral tienen allí responsabilidades ciudadanas mayores y responden ante la sociedad y el Estado por el mejor funcionamiento de los medios que tienen en usufructo, no los hace “más dueños” de esos medios, sino “mejores dueños”.

Si esa mediana empresa en régimen de asociación tiene los mejores resultados del país en el tipo de producción o de servicio que realiza, no pueden con sus ganancias adquirir otra similar. Podrán dentro del marco que prescribe la ley invertir en desarrollar la que tienen, mejorar las condiciones de trabajo y de vida de sus integrantes, aportar mayores resultados a los fondos del país, pero no “comprar” otra empresa, pues la empresa como tal no es objeto de compra – venta. Otra cosa es que la sociedad planifique la fusión de diferentes empresas, que gestione la capacitación en administración para aprovechar socialmente los avances, etc.

Lo mismo vale para una empresa estatalmente gestionada.

El entramado jurídico – normativo establece las reglas, pero no solo para evitar la generación de desigualdades por la acción de la ley del valor, sino también para propiciar la eficiencia socioeconómica de sus capacidades productivas, estimulando el trabajo, el ahorro, la calidad y la productividad, dentro de las reglas básicas de cuidado y protección del medio ambiente.

Se trata de establecer el marco adecuado para lograr potenciar el lado positivo de las relaciones mercantiles y controlar el negativo.

Ello conduce a un axioma válido para la transición socialista: solo una parte el producto social puede ser distribuida de un modo igualitario y siempre en proporción tal que no debilite su capacidad de reproducción saludable de su economía.

La articulación de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa y política ideológica deviene imprescindible para poder canalizar un conjunto de contradicciones mediante el esfuerzo consciente por superarlas aprovechándolas en tanto generatrices del movimiento social, acomodándolas a los objetivos sociales mediante una sucesión de contenidos y formas de esa articulación que deben pensarse y desarrollarse de modo sistemático a partir de los datos que proporciona constantemente la realidad.

No hay ni puede haber supremacía de esta articulación en tanto expresión de unidad de la sociedad sobre sus propias contradicciones, porque esa misma unidad es un concepto que refleja una esencia contradictoria. Si la realidad es esencialmente contradictoria nada que sea parte de ella puede ser superior a las contradicciones ya que, de últimas, la realidad tendría que ser superior a sí misma.

Por tal razón una forma determinada de la articulación solo puede declararse “superior” si se comete el error clásico de extender algo singular o particular en un momento determinado a la categoría de general.

Dado que el contenido y las formas de la articulación de estas actividades tiene que estar en consonancia con el consenso social, su eficiencia dependerá de la eficiencia en el desarrollo de ese consenso, que solo puede ser resultado del debate en el cual las decisiones deben ser tomadas con la más amplia participación social tanto directa como a través de las mediaciones creadas por la propia sociedad.

La práctica de pensar esta articulación y de realizarla está estrechamente vinculada con la correlación participación – decisiones, que ha estado pautada en las experiencias socialistas por las diversas interpretaciones y modos de practicar el principio asumido del “centralismo democrático”.

En otros ensayos he analizado este principio. Al calor del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en Cuba, durante la segunda mitad de la década de 1980, fui escribiendo algunos trabajos sobre la problemática de la burocracia y del burocratismo, publicados entonces en la revista Cuba Socialista, en su segunda época, y que luego vieron la luz en un pequeño volumen con el título de “Burocracia y burocratismo”. La motivación partía de la propia realidad transformadora de la revolución cubana, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que se propuso superar la copia del sistema de dirección de la economía tomada de la experiencia del socialismo de Europa Oriental, particularmente de la URSS, lo visualicé entonces como un gran proceso de desburocratización de la sociedad cubana, que había comenzado por la economía, pero que luego se extendió a otras esferas fundamentales de la vida de la sociedad confluyendo en un importante proceso nacional de discusión sobre el presente y el futuro del socialismo en Cuba, al calor del debate del Llamamiento al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba.

El propósito de aquel trabajo no fue elucidar la problemática abordada sino intentar hacer una contribución metodológica para el estudio de la burocracia y el burocratismo en la realidad cubana en transición socialista, partiendo del criterio de que estos fenómenos no eran simplemente una “herencia del pasado capitalista dependiente” sino que se generaban también en las condiciones de la transición socialista y su superación tenía que partir del estudio a fondo de nuestra propia práctica social, económica, jurídica y política.

El problema de las diversas interpretaciones acerca de cómo entender a los efectos prácticos el centralismo democrático condujo a menudo a prácticas en la que el polo “democracia” se vio drásticamente reducido mientras se justificaba políticamente el polo “centralismo” a nombre del papel dirigente del partido y del Estado, en un ejercicio realizado en función de los intereses de todo el pueblo trabajador y para proteger a la sociedad de desviaciones e incluso de acciones contrarrevolucionarias.

El asunto sería más sencillo de resolver si esos problemas estuvieran exclusivamente en la esfera política, en la actividad política o en las estructuras políticas, están también en la actividad económica y en la actividad jurídica.

Tiene que ver precisamente con la necesidad de promover y desarrollar una articulación eficiente de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política, para que el ciudadano se enfrente a una realidad práctica coherente en el que los problemas nuevos que surjan en la vida cotidiana puedan explicarse y abordarse también con sentido de coherencia y de un modo convincente, de manera tal que la práctica deviniese desarrollo cultural socialista de la ciudadanía.

Y el asunto parte de no entender una forma determinada de esa importante e imprescindible articulación para los propósitos de la construcción socialista, como el todo social, como algo que está “por encima” de la realidad social en su conjunto. Antes bien esa determinada articulación (cambiante, dinámica) debe entenderse como una parte nuclear, importante, reguladora del todo social, pero en estrecha interrelación con ese todo que es esencialmente contradictorio, nutriéndose del proceso contradictorio de la realidad social, influyendo sobre el conjunto pero reaccionando ante éste de manera sistemática y eficiente, con realismo y objetividad.

Eso tiene que ver con toda la comprensión de la sociedad en su conjunto y particularmente con el reconocimiento del conflicto como algo natural e inherente a toda sociedad, también a aquélla que está enfrascada en un propósito de transformación socialista. [4]

Lo anterior conduce a una importante distinción entre unidad y monolitismo. Si existe una identificación entre las formas organizativas (Estado, organizaciones políticas, instituciones) de expresar la voluntad social de transformar el capitalismo en socialismo, con la sociedad misma, con sus elementos integrantes (individualidades, clases, grupos), esa identidad implica el reflejo del carácter contradictorio de la sociedad, lo contrario es crear una ilusión. La superación de una contradicción como motor impulsor del movimiento social no implica su supresión.

Las contradicciones existen; un importante componente de ellas lo constituyen las diferencias sociales presentes en la realidad y pautadas fundamentalmente por la división social del trabajo. Pretender que en las formas organizativas políticas de la transición socialista no se proyectan estas contradicciones es apenas eso, una pretensión.

Cuando se habla de articular la actividad socioeconómica, con la organizativa, con la jurídica normativa y la ideológica política, se está hablando de articular la diversidad de intereses presentes en la realidad contradictoria.

En esa articulación, la diversidad de tipos y formas de propiedad y los modos de producir intervienen aportando sus condicionamientos, otro tanto ocurre con las costumbres y formas organizativas, las tradiciones y normas jurídicas, los valores políticos e ideológicos, la cultura de la ciudadanía, etc., acomodando los diferentes intereses sociales, colectivos e individuales para producir una dinámica armónica y flexible capaz de generar calidad de vida, adaptación eficiente a los cambios del entorno, estabilidad social.

El principio mismo se vería anulado si se pretende que no existen esas contradicciones. El polo democracia sería innecesario y por tanto el principio en su conjunto también. El polo democracia es el que fertiliza el proceso de decisiones conjuntas, las decisiones conjuntas eficientemente consensuadas se proyectan en la sociedad fortaleciendo el papel del pueblo, el papel de la democracia, el polo de la democracia.

Una realidad de unidad monolítica no puede existir de modo absoluto. Solo en momentos muy particulares de los procesos históricos se producen situaciones en las que la actuación de una forma organizativa humana puede acercarse al monolitismo, pero nunca puede cumplir las exigencias teóricas que justifiquen su existencia real, mucho menos su permanencia en el tiempo. La pretensión de monolitismo en la sociedad solo puede conspirar contra la articulación democrática, contra la eficiencia.

En los hechos, al ser el monolitismo, no como situación particular y efímera, sino como criterio organizativo y funcional, una expresión vacía de contenido real, puede tener solo una existencia virtual, que puede expresarse en el correlato discursivo del proceso social o en la construcción del reflejo mediático, pero su enunciado y la adopción de acciones prácticas en su nombre solamente puede realizarse a partir del desconocimiento expreso de la diversidad realmente existente; solamente puede intentarse desconociendo esa diversidad o disciplinándola sin la participación consciente de los portadores de la diversidad reinante.

Aquí vale recordar la advertencia de Lenin acerca de la tendencia a crear formas estereotipadas y a establecer la “uniformidad” desde arriba, lo cual, insistía, nada tiene que ver con el centralismo democrático y socialista. El reconocimiento de la diversidad y el encontrar las soluciones políticas que la reconozcan y la articulen, conduce al fortalecimiento ideológico del proceso social en la transición socialista y reduce la posibilidad de animación de diferentes formas de coacción. En ello consiste la esencia de la política socialista como elemento organizador, orientador y articulador de voluntades.

O sea, la unidad tiene ante todo la calidad de articulación. Su contenido unitario no desconoce ni puede desconocer la diversidad de elementos componentes que la forman. Es más preciso, a los efectos tanto prácticos como teóricos, hablar del principio de la articulación y la democracia en lugar de decir “centralismo democrático”. Refleja mejor su esencia como principio de dirección socialista el término “articulación democrática” que el de “centralismo democrático”, aunque evidentemente el problema no es semántico sino ideológico, político y organizativo.

No tiene que ver eso directamente con la existencia de una o de varias organizaciones políticas en calidad de integrantes de la articulación política de la sociedad, algo imprescindible para superar la realidad capitalista en un largo proceso de transición, sino que tiene que ver con los conceptos y las prácticas. En una sociedad en transición socialista pueden existir, por ejemplo, dos o tres partidos políticos articulados en una dirección impositiva y autoritaria y en otra uno solo, pero con una amplia participación popular en los procesos de dirección y de conformación del consenso.

Ahora bien, el proceso de conformación del consenso requiere del estudio constante de la realidad social nacional y sus implicaciones e interrelaciones internacionales, en sus diferentes planos, el económico, el político, el jurídico, el cultural, y junto con ello la más amplia socialización de los conocimientos que se producen en ese campo, ya que las decisiones serán eficientes si se tiene un consenso ilustrado, consciente.

Esto es así, porque en el proceso de transición socialista no basta con el reconocimiento de las realidades socioeconómicas y actuar en consecuencia. Si así fuera, se aplicarían las mismas reglas que la sociedad capitalista que se pretende superar. Es imprescindible el plan consensuado y junto con este la actitud consciente de los productores. Sin la acción política, sin lograr que la articulación de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política se dirijan a transformar integralmente la sociedad de una realidad capitalista a una socialista se terminaría reproduciendo el modo capitalista de producción dentro de una envoltura “socialista”.

Si en una sociedad en transición socialista no existe un pensamiento estratégico respecto de los pasos que deben darse en el desarrollo socioeconómico para garantizar su existencia futura, si no se discute y mediante el consenso se toman decisiones encaminadas a desarrollar el estado futuro de la sociedad en dirección del modo socialista de producción y de vida, con justicia y equidad y en armonía con el equilibrio medioambiental y por el contrario se da por bueno lo que es simplemente rentable, independientemente de sus efectos sobre los hábitos y cotidianidad de las personas, permanecería el contenido capitalista del modo de vida. la ganancia continuaría siendo el criterio rector, la economía subordinaría a la sociedad en lugar de subordinarse a ella.

El metabolismo socioeconómico socialista necesita un observatorio o mejor, un sistema de observación y análisis, que constantemente estudie el desempeño económico, elabore y socialice toda la información que la sociedad, los ciudadanos, sus instituciones necesiten para que funcione la voluntad articulada que controle el funcionamiento del Estado que debe intervenir cada vez que haga falta con acciones que trascienden la rentabilidad aunque sin desconocerla, para asegurar la asignación de los recursos económicos de la sociedad en una determinada dirección de las inversiones, según sea necesario para el desarrollo armónico.

Este no es tema menor, porque tiene que ver precisamente con las pautas de la distribución del producto social, cuánto y por qué para el consumo, cuánto y por qué para la inversión, cuánto y por qué para las reservas, etc.

Aunque las empresas productoras en el socialismo necesitan de una autonomía que les permita desplegar la iniciativa creadora de los colectivos laborales y las individualidades y grupos que los conforman en función de mejores rendimientos, ahorro, calidad y protección del medio ambiente, el plan de la economía nacional, resultado del consenso social, tiene la función, el encargo social, de subordinar a las empresas y a las relaciones interempresariales en la consecución de objetivos sociales superiores al interés de la rentabilidad, aunque ello no significa, repito, desconocerla, porque sin su existencia global sería imposible el plan.

La planificación es un proceso complejo que requiere del desarrollo de una cultura de la cooperación aun dentro de la autonomía empresarial. Esta es precisamente una de las fortalezas más importantes y decisivas del sistema socialista. Su fundamento está en la cultura política de los ciudadanos, de los trabajadores, en la calidad de la información técnica económica y en la seriedad y eficiencia con que se aborden las diferencias sociales que deben ser articuladas en el proceso de conformación del plan.

Si la elaboración del plan se propone seguir solamente las tendencias existentes, lograr que estas fluyan en armonía en el proceso del metabolismo socioeconómico, sin un pensamiento anticipador que sea capaz de prever más allá del corto plazo y proyectarse en el mediano y largo plazo, y proponerse retos encaminados a la solución de problemas de carácter estratégico, particularmente los relacionados con la aplicación de los logros de la ciencia y la tecnología en función de la salud y el bienestar de la población en general, el socialismo no podría avanzar como proyecto de sociedad.

La fortaleza del socialismo en la esfera económica estriba en la cooperación y en el plan y la eficiencia de ambas en el consenso eficiente que, a su vez, descansa en la política que protege y canaliza el proceso de su conformación y asegura la información suficiente y necesaria para adoptarlo.

La complejidad y dificultad que plantea el logro de un consenso eficiente no puede ser pretexto para no encararlo y sustituirlo por decisiones de cuerpos especializados y menos de individuos, por mejor preparados y mejor intencionados que estos estén, porque ese consenso resulta condición sine qua non del socialismo, sin él no puede desarrollarse el socialismo como cultura, no puede anclar en la sociedad, no puede enraizarse.

Entonces… ¿centralismo democrático o articulación democrática?

El análisis riguroso de la experiencia del centralismo democrático exige su abordaje integral, balanceado, crítico, exige revelar su esencialidad, sus virtudes y sus defectos, las desviaciones de su aplicación, su historia. De entrada quisiera recordar lo planteado justo al iniciarse el período especial en el texto “Nuestro propio camino. Análisis del proceso de rectificación en Cuba”, sobre este principio organizativo del socialismo en relación con la experiencia cubana:

“La sociedad socialista se desarrolla bajo fuerzas de regulación integradas en distintas estructuras, indispensables por la necesidad de concertar intereses y objetivos y de canalizar los esfuerzos sociales. Como elemento esencial para asegurar la objetividad y cientificidad de la dirección de los procesos sociales aparece el principio del centralismo democrático. Este se ha enunciado a partir de la experiencia de otros países, pero ni en ellos ni aquí ha sido suficientemente analizado, comprendido, sometido a crítica, como tampoco su aplicación y perfeccionamiento. Puede afirmarse que es un campo virgen para la investigación científica.” [5]

El proceso de rectificación de errores y tendencias negativas abría una oportunidad de reflexión y cambio. La falta de un análisis riguroso de la actividad de dirección de la sociedad impedía su perfeccionamiento.

A la luz de la experiencia vivida, de las desviaciones burocráticas y de los vicios verticalistas y de autoritarismo que anidaron bajo el concepto de “centralismo democrático”, su análisis crítico revela que hubo un desbalance de consecuencias muy negativas a favor del centralismo y en detrimento de la democracia, en especial porque se sustrajo al sujeto social su necesario protagonismo, los institutos de dirección sustituyeron a la ciudadanía produciéndose un alejamiento cada vez mayor entre ambos y perdiéndose una importante e insustituible fuente de formación ciudadana.

La aplicación práctica de la “articulación democrática” debe asegurar la mayor equidad y justicia en las decisiones en los diferentes ámbitos de la vida social en una de orientación socialista. Su principal virtud radica precisamente en que su correcto funcionamiento en la dirección de los procesos sociales reproduce la confianza del ciudadano dada la seguridad que genera en este el respeto al balance adecuado entre participación y decisiones. De este modo se puede comenzar a superar los efectos de la aplicación deficiente del centralismo democrático cuando primó la centralización y el disciplinamiento formal de las estructuras inferiores en función de las decisiones superiores, con las consecuencias inevitables por el no aprovechamiento del saber popular y la desconfianza y el alejamiento que se generan cuando se soslaya la participación social y se entroniza el verticalismo.

Como se dijo arriba, el centralismo democrático como principio organizativo del movimiento revolucionario, se desarrolló desde la práctica del movimiento revolucionario internacional que la había recibido de la experiencia del proceso que condujo a la revolución victoriosa de Octubre de 1917 en Rusia.

El principio del centralismo democrático fue adoptado por el V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) , celebrado fuera de Rusia, en Londres, en 1907. En ese congreso, los delegados bolcheviques eran mayoría, en un partido que contaba entonces con cerca de 80 000 miembros en Rusia. Los bolcheviques eran mayoría también en el Comité Central.

Muchas veces se ha definido o entendido este principio de organización bajo la fórmula simple de “se discute todo exhaustivamente en el seno de la organización y después la minoría se subordina a las decisiones de la mayoría”.

La lógica de esta concepción no radica en desconocer los derechos de la minoría, sino en el concepto de que esta tiene derechos, pero menos derechos que la mayoría. Uno de los principales defensores de este principio, V. I. Lenin, no tenía una visión reduccionista como veremos más adelante.

Los dos polos, partes, elementos esenciales de este binomio expresan una sencilla necesidad y realidad humana, la de la conjunción de los esfuerzos para lograr objetivos comunes. Entre los hechos más habituales de la vida del ser humano está el de analizar en colectivo los problemas, adoptar acuerdos y ejecutar las acciones decididas para lograr los objetivos propuestos.

En la práctica política de la democracia burguesa también se producen discusiones, se toman acuerdos y se ejecutan acciones; pero quienes no han estado de acuerdo con ellas (ya sea por defender intereses individuales o corporativos o simplemente por criterios personales) no se sienten en la obligación de respaldar esos acuerdos, más aún se consideran en el derecho no solo de no contribuir a su realización, sino incluso de actuar para frenarlos, para contrarrestarlos. De hecho, cuando en los marcos de la democracia representativa burguesa se logran avances democráticos, o eventualmente se instalan gobiernos populares, la reacción no se hace esperar acudiendo a golpes bajos, al boicot, al sabotaje y al empleo de la fuerza, para defender el orden burgués, olvidándose o pisoteando los propios principios proclamados por la democracia burguesa.

A diferencia de este sistema político, al centralismo democrático como principio organizativo de la sociedad socialista, le correspondía partir de la realidad de la comunidad de intereses de toda la sociedad. Esa comunidad de intereses es precisamente el fundamento que crea las bases potenciales para la conjugación de las decisiones colectivas con la participación democrática en estas y para exigir que una vez adoptadas estas, las experiencias que se obtengan sean las de la aplicación de estas decisiones sin que sean contrarrestadas o frenadas por quienes no estuvieron de acuerdo con ellas, aunque el debate siempre tiene que quedar abierto. Esto último es esencial. En otras palabras, si estas decisiones son erróneas será la vida práctica la que lo diga, pero no como resultado del boicot o del freno de quienes no estuvieron de acuerdo, sino de los problemas que se presenten en su realización, luego de lo cual deben venir, sin demoras –y por eso los temas siempre deben quedar abiertos- el análisis crítico y la rectificación, para los que debe igualmente existir el adecuado ambiente participativo, crítico y autocrítico y de tolerancia ante la opinión divergente o contraria.

Pero el centralismo democrático tenía que haber sido la expresión del sentido común, su práctica no podía consistir en la negación de la elemental racionalidad. Eso significa, es importante recalcarlo, que los temas deben mantenerse constantemente abiertos a debate, el seguimiento y análisis crítico del desarrollo de las decisiones adoptadas debe ser sistemático y continuo, tanto para evidenciar los aspectos positivos como los negativos que ellas generen.

Lo cierto es que en general en las experiencias de construcción socialista este principio no ha sido eficazmente aplicado, no ha existido sistematicidad en su práctica, no se ha desarrollado creativamente, no ha contado con una crítica eficaz de su aplicación ni de su teoría y en los hechos fue frecuentemente tergiversado, llegándose a convertir el partido, el comité central, el buró político y los principales dirigentes en el sujeto práctico de la actividad social, sustrayendo al pueblo trabajador aquella parte del protagonismo vinculada a la definición de objetivos y a la toma de decisiones, reservándole la de la ejecución, aunque se cubriera el expediente de la consulta.

Aquí vale repasar algunos elementos de sus enunciados teóricos:

El diccionario de Comunismo Científico redactado bajo la dirección de A. Rumiántsev con participación de 78 coautores y publicado en ruso en 1975 y la traducción al español en 1981 por la Editorial Progreso, afirmaba que el Centralismo Democrático “...conjuga el democratismo, es decir, el poder de los trabajadores, su actividad e iniciativa, la elegibilidad de los órganos de dirección y su subordinación a las masas, con la centralización, esto es, la dirección desde un centro, la subordinación de la minoría a la mayoría, la disciplina (en cursiva en el original).” [6]

Más adelante este texto señala que “La organización de la vida interna del partido partiendo del centralismo democrático asegura una influencia decisiva de los comunistas en la elaboración de la política, en la formación de los órganos dirigentes del partido, y crea las premisas necesarias para su actividad eficaz en la realización de los fines del partido, de su programa.” [7]

Aquí cabe destacar que, además de las desviaciones que se produjeron por el predominio del polo centralismo, estaba el hecho que siendo el partido la fuerza rectora principal de la sociedad y estando anclado este principio en la constitución, el concepto de centralismo democrático en la vida del partido debió también practicarse en constante consulta con el pueblo y –como advirtiera Fidel- estar en capacidad no solo de persuadirlo, sino de dejarse persuadir por el pueblo. Procesos profundamente democráticos como el debate del anteproyecto de Constitución, de diferentes leyes, del Llamamiento al IV Congreso del Partido, los parlamentos obreros u otros desarrollados en Cuba no abundaron en las experiencias socialistas.

Pero, volviendo a la definición objeto de nuestro análisis, ¿cómo se aseguraba entonces la democracia bajo este principio? El propio texto señala los elementos siguientes:

- la elegibilidad de todos los órganos dirigentes del partido,

- la dirección colectiva,

- la obligatoria rendición de cuentas,

- responsabilidad de los órganos dirigentes del partido ante las organizaciones del partido que los han elegido,

- en las reuniones, conferencias y congresos y en la prensa del partido cada comunista puede debatir libremente cualesquiera cuestiones de la actividad práctica, tanto de su organización como del partido en su totalidad, puede criticar a cualquier comunista independientemente del puesto que ocupe.

Pero un poco más adelante, se afirma que: “Las decisiones del congreso del partido, de su CC son leyes para los comunistas. Todas las organizaciones comprendidas en el partido se subordinan a la central del partido; las resoluciones e instrucciones de los órganos superiores del partido son obligatorias para las organizaciones inferiores del partido;...” [8]

Y luego: “El que se niegue a cumplir las resoluciones de su organización del partido o del órgano superior del partido es excluido del partido.” [9]

Es cierto que también el Comité Central (o cualquier otra forma de estructura similar) se tiene que regir por los estatutos de la organización y por la política acordada en sus asambleas generales (congresos, conferencias), pero se negaría la importancia del análisis concreto de la situación concreta si no se admite que las decisiones que se adoptan en un momento dado pueden incluso terminar negando la propia política aunque formalmente o en primera instancia no lo parezca y serían decisiones adoptadas por un grupo de personas, con la necesaria autoridad, pero que los demás, tengan los primeros razón o no, tienen que aceptar.

En otras palabras, lo que dicen los órganos superiores es “ley” y quien no la cumpla afronta la expulsión. Estas severas afirmaciones son suavizadas más adelante, cuando se afirma que “La disciplina del partido y el orden democrático para resolver los asuntos del partido son factores interdependientes. No se puede forzar arbitrariamente el centralismo y reducir la democracia del partido sin causar un daño considerable a la capacidad actuante del partido, a su papel dirigente y a su influencia en la sociedad.” [10] Pero aun siendo este añadido una suerte de contrapeso a la rigidez acerca de la obligatoriedad de cumplir con las decisiones de los órganos superiores, no deja de esconder el mismo espíritu centralista visible, por ejemplo, cuando se utiliza el adverbio “arbitrariamente”, lo que equivale a decir que se puede forzar el centralismo siempre que no sea “arbitrariamente” y lo que es o no arbitrario queda sin definir, o cuando se suaviza la magnitud del daño con el adjetivo “considerable”.

Se nota igualmente a renglón seguido: “En igual medida, al ampliar la democracia, no se puede, sin causar un serio perjuicio al partido, olvidar la necesidad del centralismo, de la responsabilidad ante el partido, de una rigurosa disciplina en las filas de este.” [11]

Es importante destacar la incoherencia de los contenidos que buscan explicar el principio organizativo del centralismo democrático. El texto señala más adelante que: “El fortalecimiento de las relaciones dentro del partido se logra sólo mediante un desarrollo de la vida interna asentado en la democracia y la disciplina. La correlación de la democracia y del centralismo en la actividad práctica del partido la determinan las circunstancias históricas concretas, el nivel de madurez de las relaciones dentro del partido y las tareas que aborda éste.” [12]

Vale la pena desmenuzar esta parte del artículo. La combinación de la disciplina y de la democracia resulta un binomio indiscutible para la eficiencia del accionar político, sin embargo, la correlación de ambos (aquí se entiende la disciplina como la subordinación al nivel superior y a las decisiones de la mayoría) depende de:

- las circunstancias históricas concretas

- el nivel de madurez de las relaciones dentro del partido

- las tareas que aborda

Y nuevamente surgen las preguntas, ¿cuándo estas condiciones se dan?, ¿quién toma las decisiones?, ¿quién define el carácter de las circunstancias históricas?, ¿quién decide si hay la suficiente madurez?, ¿quién define las tareas que se deben abordar?, ¿cuáles circunstancias necesitan de “más democracia” o de “más centralismo”?

Articulación democrática

Hablar de “articulación” en lugar de “centralismo” no es, a fin de cuentas, cuestión meramente semántica. La vida nos ha enseñado que la disciplina si no es consciente –lo que implica también el ejercicio constante del criterio, la valoración y el análisis crítico- le hace un flaco favor al socialismo y a la cultura socialista.

El concepto de articulación contiene la necesidad de unir de modo apropiado y flexible los criterios, iniciativas, propuestas y hacerlo constante y sistemáticamente.

En la práctica de los países socialistas, el principio del centralismo democrático fue tergiversado, no fue desarrollado, no profundizó la democracia, la participación real, el empoderamiento creciente de los trabajadores, del pueblo, sino que, por el contrario, se creó un sistema verticalista, de ordeno y mando, de subordinación incondicional. Las acciones de los responsables y cuadros a los diferentes niveles se hacían mirando más hacia “arriba” que hacia la realidad. El empleo de la prensa para criticar abiertamente errores cometidos o procederes personales incorrectos, no pasó de ser un enunciado formal. Lo que ocurrió fue lo contrario, la prensa se ocupó de esconder los errores, las dificultades y de bloquear la crítica.

Las decisiones las tomaban “los organismos superiores” a cuyos espacios llegaban los que habían hecho “buena letra”, los obedientes, los que no eran “problemáticos” y dado que exceptuando los momentos de los congresos profusa y detalladamente preparados, en particular en lo tocante a las candidaturas por los aparatos de control de cuadros, en los hechos solo un pequeño grupo de personas tomaban las grandes decisiones independientemente del hecho que estas fueran en función de intereses populares, por lo que no se distinguían mucho del poder que tienen los gobiernos elegidos “democráticamente” en los marcos del sistema político democrático representativo burgués, muchas de cuyas decisiones deben ser, al menos, sometidas a la cámara de representantes y al senado, por más que en ellos hay un intenso cabildeo y un juego de poder totalmente ajenos a los intereses del pueblo.

Estas decisiones, en virtud del centralismo democrático así entendido eran de obligatorio cumplimiento de los organismos inferiores hasta llegar a los militantes. Sean estas cuales fueren. El espacio para discutirlas vendría solo y de modo muy debilitado, cuando se decidiera por los organismos superiores poner algo a debate, o en los congresos del partido, cada cierto número de años, mellando el filo de la crítica, del pensamiento analítico, de la vida práctica, quedando la iniciativa recluida en cuarteles de invierno, envejeciendo, pasando su momento.

Por otra parte, al estar limitadas las promociones de los nuevos liderazgos en los diferentes niveles, por el filtraje ejercido por el aparato de cuadros, al no existir en realidad el clima necesario para la crítica constructiva, al confundirse esta con las acciones del enemigo ideológico y político, toda la subjetividad del partido y de la sociedad quedaba empobrecida, instalándose un paternalismo burocrático que cercenaba el desarrollo cultural de la experiencia socialista. Este principio organizativo, así entendido, despojaba al sujeto popular de sus derechos, sustituyéndolo como tal sujeto, por “los organismos superiores”.

En lo tocante a la economía, este principio también se aplicaba con iguales enfoques. No se tenían en cuenta, por ejemplo, las preferencias del pueblo al que se obligaba a una oferta de productos decididos arbitrariamente sin que mediaran estudios acerca de las necesidades, requerimientos y gustos de la población, ni la propia voluntad popular. Los planes quinquenales se instalaban con igual fuerza de ley dejando al Estado la dirección centralizada de la economía. El plan debía ser cumplido aunque la vida estuviera denunciando a gritos su obsolescencia y el daño a la economía.

Curiosamente, el artículo del diccionario que he citado alude a una cita de un texto de V.I. Lenin, pero solo toma una parte de esta, cuando dice que Lenin expresó: “Nuestra tarea ahora es llevar a la práctica el centralismo democrático a la esfera económica”. Pero Lenin escribió en ese propio trabajo algo que no aparece en el diccionario, a saber, “..., el centralismo, comprendido en su acepción verdaderamente democrática, presupone la posibilidad, surgida por vez primera en la historia, de un desarrollo pleno y libre de obstáculos, no solo de las peculiaridades, sino también de la acción local, de la iniciativa local, de la diversidad de vías, procedimientos y medios de avance hacia la meta común.”

Está también un elemento práctico. Las organizaciones revolucionarias que han conquistado el poder político para el pueblo, lo han hecho en contra de un Estado represor y cruel y de sus aliados internacionales que han obligado a la clandestinidad, al manejo discreto de la información, incluso al ocultamiento de la verdadera identidad de los miembros y al ordeno y mando propio de las situaciones extremas. Estos elementos, que resultaron válidos, por ejemplo, en las condiciones de lucha de los comunistas rusos cambiaron radicalmente cuando el poder pasó a ser el de los trabajadores, obreros y campesinos, el poder del pueblo, y ya había desaparecido la represión de las grandes mayorías. Sin embargo, las prácticas del manejo oculto de la información, el nombramiento o la promoción de gente “de confianza” permanecieron haciendo un daño incalculable al desarrollo de una cultura socialista.

Estaba claro que no se trataba de poner los medios de la revolución en manos de la ideología y la política de la contrarrevolución, que pasaba a ser apoyada desde los centros imperialistas extranjeros con quienes tenían ya naturales lazos de colaboración y entendimiento, eso habría sido suicida; sin embargo, se cayó en el otro extremo, se privó al sujeto de la revolución de nutrientes nuevos en forma de ideas y de personas, que podían haber contribuido sistemáticamente a la renovación y reevaluación de la experiencia de construcción socialista.

Lo anterior presuponía una elemental sujeción a los principios del socialismo, pero estos mismos incluso debían ser constantemente puestos a prueba en la vida cotidiana y modificados mediante su enriquecimiento.

Como dije arriba, en textos anteriores he incursionado en el concepto y práctica del centralismo democrático, en el entendido que su finalidad debe ser defendida como elemento esencial del socialismo científico, de la actividad por la construcción socialista a partir de la racionalidad del sujeto del cambio revolucionario, entendiendo por este sujeto al pueblo. Las organizaciones políticas surgidas del seno del pueblo tienen con éste obligaciones, no a la inversa. Una visión paternalista acerca del pueblo resulta en una perspectiva de mediano y largo plazo, letal para el socialismo porque obstruye el desarrollo de una cultura socialista.

“El centralismo democrático no es solo un principio de dirección, es un principio de participación y de ejecución. Cómo se realiza dicho principio constituye uno de los aspectos esenciales que debe coadyuvar a esclarecer una investigación consecuente del fenómeno del burocratismo” [13]

Alentados por el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, en la segunda mitad de los 80, nos propusimos estudiar el fenómeno del burocratismo en la sociedad cubana, llegando a la conclusión que el burocratismo es inversamente proporcional a la democracia socialista y vinculando el estudio del fenómeno del burocratismo al estudio del centralismo democrático.

El criterio de partida era que el principio del centralismo democrático “no se ´instala´ solo y comienza a regular la actividad, hay que aplicarlo y ello presupone ir tejiendo una compleja red de interacciones en la sociedad que permita la fluidez y la conjunción plena de las energías globales de esta y de sus decisiones.” [14]

Teniendo en cuenta el punto de partida, era indispensable pensar ese proceso, descubrir los requerimientos impuestos por la realidad, trazar las vías para superar las deficiencias, todo en el camino del desarrollo de la democracia socialista y de conjurar el surgimiento de tendencias burocráticas. “En la construcción de dicha red, que es un proceso consciente, pueden cometerse errores, deficiencias y deformaciones, así como en su funcionamiento.

“Estos errores, deficiencias y deformaciones, pueden estas dados por el desconocimiento el objeto social (toda la sociedad o una parte de ella), por prevalecer en un momento dado intereses ajenos a los intereses sociales, por incapacidad y por muchos otros factores.” [15]

En aquellas reflexiones, entraron de lleno los intereses. “El centralismo democrático es un principio que guía al hombre a su liberación, lo conduce a su plenitud, para ello presupone la disciplina; como no hay libertad sin deberes, presupone el control; y, asimismo, presupone el planteamiento objetivo, científico de los problemas y, por tanto, la eliminación del voluntarismo. Ambos polos de dicha unidad dialéctica: democracia y centralización, surgida esta en las condiciones de la dirección científica de la sociedad que exige la elección de variantes óptimas en función de los intereses sociales, tienen también un momento de identidad dado por los intereses.” [16]

En efecto, mientras que el centralismo democrático en tanto principio organizativo en una sociedad de orientación socialista tiene “su fundamento más íntimo en la propiedad social sobre los medios de producción y demás propiedades socializadas” [17] , los intereses existentes en la sociedad constituyen la mediación indispensable en el proceso de las decisiones, por lo cual hay que prestar a estos la máxima atención.

“El centralismo democrático es vacío si no existe una correlación realista de intereses. El interés y las motivaciones tienen un vínculo muy estrecho. El asunto es que la dirección científica de la sociedad requiere de un sistema en el que se conjuguen las decisiones que necesariamente orientan el desarrollo del objeto en la dirección deseada, considerada óptima, conveniente para los intereses generales, con las líneas y orientaciones particulares e individuales. Los intereses, por tanto, aun sin identificarse plenamente, han de tener la misma orientación, pero en la realidad, han de ser reales, objetivos, verdaderamente confluyentes, pues la eficiencia del principio se traduce únicamente si se cumple esta premisa.” [18]

Este enfoque constituye también un alerta para el proceso de construcción socialista, ya que “en el socialismo pueden desarrollarse y afianzarse intereses individuales y grupales ajenos al interés general, que pueden convertirse en un polo negativo que prostituya la representatividad, la gestión, los mecanismos y aun la conciencia de la gente.” [19]

En otras palabras, solo la participación social, la distribución del poder, el control popular, el análisis abierto de los problemas, la continua rectificación puede evitar que los intereses ilegítimos aniden en el proceso de toma de decisiones, y que las medidas tomadas tengan un acompañamiento constante en su análisis crítico. A estos propósitos aplica mejor el concepto y término de “articulación democrática”.

La adopción de tal o cual decisión en materia económica, en particular en lo tocante a la distribución del producto social, para que tenga una base sólida, puede ser solo el resultado del consenso de la sociedad. Pero no basta solo conque sea una línea consensuada, aun así ella puede contener errores que se harán patentes solo en su aplicación práctica.

La valoración de las decisiones constituye un espacio de participación social, no puede ser privativa de personas, grupos de personas, organizaciones, medios de comunicación, sino de toda la sociedad. No se descubre ninguna verdad oculta si se afirma que no pocas veces la opinión minoritaria ha sido la que más se acerca a la verdad. La premisa de esa participación la constituye la defensa de los intereses sociales. Lo que vaya en c

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