Domingo, 08 de agosto de 2010

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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del textoPartir el texto en columnasVer como pdf 08-08-2010

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La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todav?a Presidente de Colombia por complicar a?n mas las relaciones diplom?ticas de su pa?s con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la ?nica intenci?n de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto busc? -incluso con la instalaci?n de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consigui? en sus 8 a?os de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de ?lvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del d?a 7 de agosto de 2010, corresponder? hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jur?dicas -respecto a la p?rdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todav?a Presidente colombiano. No exagerar?amos si dij?ramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos d?as ante la opini?n publica internacional, se?alando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetraci?n de cr?menes de lesa humanidad y cr?menes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Ch?vez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.

Por lo que a continuaci?n expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusaci?n del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jur?dico alguno, sino que m?s bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscal?a de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

?lvaro Uribe V?lez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigaci?n en materia de narcotr?fico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor qu?mico clave necesario en la manufactura de coca?na.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirig?an a Medell?n (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Qu?micos. Las 50 toneladas del precursor qu?mico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de coca?na, con un valor en la calle de 15.000 millones de d?lares. Seg?n el reporte de la DEA, el due?o de GMP Productos Qu?micos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campa?a y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todav?a Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego pol?tico de Uribe durante y despu?s de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los env?os de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medell?n- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Seg?n el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el m?s grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo p?blico del entonces joven licenciado en Derecho ?lvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeron?utica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisi?n Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relaci?n entre Uribe y Pablo Escobar: seg?n la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeron?utica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medell?n, sin las cuales jam?s habr?an podido hacer sus inmensos env?os de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qu? el primo de Escobar, Jos? Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a C?sar Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. ?ste ?ltimo fue sentenciado a 5 a?os de prisi?n por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeron?utica qued? tambi?n de manifiesto cuando la polic?a y el ej?rcito colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformaci?n de coca?na encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufem?sticamente "Tranquilandia" (Operaci?n Yar?). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpi? en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodr?guez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helic?ptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto ?lvaro Uribe alega que ese helic?ptero hab?a sido previamente vendido y que se le olvid? documentar dicha compraventa.

?lvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la n?mero 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qu? dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htmSonrisa

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La informaci?n contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribuci?n, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos pa?ses, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son adem?s contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (?)

82. ?lvaro Uribe V?lez. Pol?tico colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medell?n a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medell?n y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. ?l (Uribe) ha participado en la campa?a pol?tica de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los pol?ticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradici?n (de Colombia con los Estados Unidos) (?)"

Uribe ha sido se?alado de participar habitualmente en el dise?o y ejecuci?n de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, seg?n relata el peri?dico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edici?n del 6 de agosto de 2009, el mism?simo ?lvaro Uribe, plane? la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudi? personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" hab?an asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos conden? a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce ap?stoles" habr?a tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe V?lez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscal?a en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsi?n y asesinato cometidos por "Los doce ap?stoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Lu?s Camilo Osorio confirm? que el hermano del mandatario s? hab?a sido objeto de una investigaci?n oficial en 1999, pero tambi?n indic? que se hab?a declarado "un auto inhibitorio a favor del se?or Uribe V?lez y se orden? el archivo definitivo" ese mismo a?o. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogot?, el Presidente Uribe V?lez debi? admitir que su hermano s? fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", se?alada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un a?o, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archiv? el caso por considerar "que no hab?a pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto V?lez Ochoa, Juan Diego V?lez Ochoa y Mario V?lez Ochoa, (tambi?n son familiares del clan Ochoa, capos del narcotr?fico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de ?lvaro Uribe, est? acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el ?nico parlamentario de la mayor?a uribista en esa situaci?n. M?s de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las c?maras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las c?maras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos pol?ticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democr?tica y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, contin?a habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando esca?os en el Congreso de la Rep?blica... ?Se imagina el lector el esc?ndalo que supondr?a que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "se?alador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirti?ndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobr? en esta otra actividad habitual en ?l, fue Jes?s Mar?a Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comit? Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "H?ctor Abad G?mez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medell?n. Varios d?as antes, el entonces Gobernador de Antioquia, ?lvaro Uribe V?lez, hab?a mencionado en una intervenci?n p?blica a Jes?s Maria Valle, se?al?ndolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equipar?ndolos a viles terroristas y situ?ndolos sistem?ticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -seg?n se ha confirmado a la vista del esc?ndalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe V?lez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombr? a Jorge Noguera, su director de campa?a electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Despu?s de salvarlo de su primera detenci?n, Uribe lo design? c?nsul en Mil?n. Actualmente Noguera paga condena en la c?rcel por concierto para delinquir por v?nculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la Rep?blica) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscal?a General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue tambi?n protagonista del reciente esc?ndalo de las "chuzadas" telef?nicas, operaciones ilegales de intervenci?n de las comunicaciones personales y seguimiento de pol?ticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminaci?n a la hora de espiar a cualquiera de sus cr?ticos. El Presidente los esp?a y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La pol?tica de "Seguridad Democr?tica" de ?lvaro Uribe ha dado lugar al esc?ndalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza p?blica colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la ?nica intenci?n de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misi?n Internacional de Observaci?n sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misi?n Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no s?lo ha dado por v?lidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistem?tico criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el pa?s del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistem?tica y respondiendo a un plan criminal perfectamente dise?ado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiaci?n por las oligarqu?as terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los m?s de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayor?a han sido provocados para consolidar la apropiaci?n ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 a?os de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de v?ctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa com?n descubierta en Am?rica Latina con cad?veres "NN". M?s de 2.500, seg?n las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que esconder?a victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ej?rcito colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, lleg? a utilizar -emulando la "soluci?n final" del nazismo alem?n- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "m?vil", en Bogot?.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesi?n del oficial de la polic?a nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 ap?stoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osad?a del todav?a presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de ?lvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parang?n en la historia contempor?nea de Am?rica Latina, tras la desaparici?n de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jur?dico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplom?ticas con Colombia como reacci?n a la campa?a de descalificaciones que contra Venezuela inici? Uribe, una vez conocido qui?n ser?a su sucesor el pr?ximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empe?e su ?ltimo mes de mandato en provocar con tanto ah?nco un conflicto b?lico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convoc? al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, inclu?do el Presidente Hugo Ch?vez Fr?as. Algunos peri?dicos han publicado estos d?as que fueron los m?ximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de ?lvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentaci?n sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habr?an utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunci? a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen cr?menes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar m?s de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selv?ticas o monta?osas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Ch?vez, nada m?s y nada menos que por "cr?menes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la ?ltima "pataleta" pol?tica del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, ?ntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional ?nicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con car?cter complementario con las jurisdicciones penales de los pa?ses donde hayan ocurrido los hechos. as? se establece en el art?culo 1 del Estatuto de la CPI:

"(?) La Corte (?) estar? facultada para ejercer su jurisdicci?n sobre personas respecto de los cr?menes m?s graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendr? car?cter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "cr?menes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendr?a competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"(?) a) El crimen de genocidio; b) Los cr?menes de lesa humanidad; c) Los cr?menes de guerra; (?)".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposici?n de una acci?n penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los art?culos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podr? ejercer su competencia respecto de cualquiera de los cr?menes a que se refiere el art?culo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el art?culo 14, una situaci?n en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr?menes; (?)"

y 14 del estatuto:

"Remisi?n de una situaci?n por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podr? remitir al Fiscal una situaci?n en que parezca haberse cometido uno o varios cr?menes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situaci?n a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisi?n de tales cr?menes a una o varias personas determinadas."

necesariamente deber?a fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistem?tica, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto ?ltimo, en t?rminos jur?dicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del pa?s donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el art?culo 1? del estatuto, la jurisdicci?n de la C.P.I. "tendr? car?cter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"

El art?culo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deber? seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la informaci?n remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigaci?n respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la informaci?n recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constituci?n de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir informaci?n -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que ?ste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigaci?n preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un m?nimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigaci?n, (?) lo notificar? a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la informaci?n disponible, ejercer?an normalmente la jurisdicci?n sobre los cr?menes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podr? informar a la Corte de que est? llevando o ha llevado a cabo una investigaci?n en relaci?n con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicci?n respecto a actos criminales que puedan constituir cr?menes contemplados en el art?culo 5 y a los que se refiera la informaci?n proporcionada en la notificaci?n a los Estados.

"A petici?n de dicho Estado, el Fiscal se inhibir? de su competencia en favor del Estado en relaci?n con la investigaci?n sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petici?n del Fiscal, autorizar la investigaci?n.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigaci?n o al menos simult?neamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal deber?a dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposici?n de dicha denuncia y esperar una contestaci?n de Venezuela, siendo posible que la contestaci?n de Venezuela sea precisamente la m?s evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscal?a de la C.P.I. deber?a inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendr?a poco recorrido jur?dico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuaci?n de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podr?an ser considerados cr?menes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entender? por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistem?tico contra una poblaci?n civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportaci?n o traslado forzoso de poblaci?n; e) Encarcelaci?n u otra privaci?n grave de la libertad f?sica en violaci?n de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violaci?n, esclavitud sexual, prostituci?n forzada, embarazo forzado, esterilizaci?n forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecuci?n de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos pol?ticos, raciales, nacionales, ?tnicos, culturales, religiosos, de g?nero definido en el p?rrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexi?n con cualquier acto mencionado en el presente p?rrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparici?n forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de car?cter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad f?sica o la salud mental o f?sica.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definici?n del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistem?ticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ning?n organismo internacional o de derechos humanos m?nimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los par?metros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligaci?n de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra as? como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protecci?n de las victimas de los conflictos armados sin car?cter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicaci?n material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el art?culo 3 com?n a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicaci?n, se aplicar? a todos los conflictos armados que no est?n cubiertos por el art?culo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protecci?n de las v?ctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la direcci?n de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicar? a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espor?dicos y aislados de violencia y otros actos an?logos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifest?ndose de forma ininterrumpida en el pa?s desde finales del siglo XIX hasta nuestros d?as, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ej?rcitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ej?rcitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Uni?n Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de car?cter ilegal, tambi?n incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Uni?n Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisi?n de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipot?tica responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparici?n de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los a?os 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los p?jaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresi?n del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"est?n ejerciendo los leg?timos derechos de rebeli?n y autodeterminaci?n de los pueblos, luchan por la construcci?n de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberan?a y por los derechos fundamentales de la mayor?a de los colombianos."

En el posterior devenir hist?rico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolid?ndose como una organizaci?n ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geograf?a nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicaci?n al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas v?ctimas entre la poblaci?n civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos m?s reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, seg?n el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compa??a de Jes?s: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situaci?n de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. ?stos son vulnerados sistem?ticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistem?ticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmaci?n de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistem?ticos cr?menes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando m?todos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmaci?n, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnist?a Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los ??guilas Negras?, manteni?ndose los informes que se?alan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano ?lvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, se?ala en la secci?n 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza p?blica, as? como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculaci?n entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el esc?ndalo de la parapol?tica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaci?n de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inici? investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 est?n en prisi?n. Tambi?n se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuradur?a destituy? e inhabilit? por 18 a?os al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupci?n. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltraci?n paramilitar en el Estado a trav?s de alianzas con pol?ticos y con el sost?n de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros v?nculos de paramilitares con miembros de instituciones p?blicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de v?nculos pudieron ser constatadas por la Misi?n de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organizaci?n de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca c?mo la impunidad sigue siendo la norma en la mayor?a de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblem?ticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinaci?n de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, seg?n el informe 2007 de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilizaci?n de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH contin?a recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza p?blica contin?an involucrados en la comisi?n de cr?menes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la poblaci?n civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

    El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la Rep?blica (conforme a su metodolog?a) se?ala que los primeros nueve meses de 2007 se habr?an producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo per?odo se habr?an producido 21 casos de masacre con 98 v?ctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodolog?a de compilaci?n y presentaci?n de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habr?an producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodol?gicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su pr?ctica consistente.

Igualmente, durante 2007 la CIDH constat? el alto n?mero de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza P?blica, tal y como ya hemos relatado en este art?culo, destacando ahora lo que nos interesa: "los m?s de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuaci?n dise?ados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran n?mero de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe V?lez y la Fiscal?a de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, dif?cilmente puede afirmarse que los cr?menes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el per?odo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos cr?menes.

No se pierda de vista en el an?lisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus m?s que probables nexos con las mafias del narcotr?fico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su pa?s por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de ?lvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a Am?rica Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jur?dicos del Instituto de Estudios Pol?ticos para Am?rica Latina y ?frica (IEPALA)

Rebeli?n ha publicado este art?culo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR



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Tags: Uribe Vélez, Colombia, Fiscalía General, pruebas, sindicalistas, falsos positivos, paramilitares

Publicado por blasapisguncuevas @ 18:10  | Colombia
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