Martes, 25 de enero de 2011

Atilio A. Boron



En Junio del a?o pasado la legislaci?n del Estado de Arizona en materia de control de armas fue considerablemente relajada. La gobernadora republicana Jan Brewer, impulsora de la cacer?a a todos aquellos sospechosos de haber incurrido en el delito de ?portaci?n de cara? (l?ase: personas con rasgos fison?micos que se alejan del modelo ?WASP?: blanco, anglosaj?n y protestante, es decir, lo que en Estados Unidos se conoce como ?latinos?), promulg? una iniciativa de la legislatura de ese Estado, apoyada fuertemente por el poderos?simo lobby de la Asociaci?n Nacional del Rifle, derogando una vieja ley estatal que obligaba a los poseedores de armas a obtener un permiso para llevar un arma oculta. Gracias a este ?avance libertario y democr?tico? ahora cualquier persona mayor de 21 a?os puede portar un arma oculta entre sus ropas, en su autom?vil, o donde sea, sin necesidad de obtener una licencia previa. La legislaci?n vigente, de todos modos, era ya sumamente permisiva porque permit?a a cualquier ciudadano mayor de 18 a?os, sin antecedentes penales, comprar o poseer un rifle o una escopeta. Para adquirir una pistola la ley se ?endurec?a? y el eventual comprador deb?a demostrar ser mayor de 21 a?os. La anterior gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual Secretaria de Seguridad Nacional de la Administraci?n Obama, hab?a vetado numerosos intentos de eliminar la licencia para portar armas ocultas. Derrotada por la derecha troglodita republicana, su sucesora corrigi? de inmediato tama?o error.

La actual legislaci?n, una obra maestra del terror, autoriza a quienes lo deseen a circular armados por la v?a p?blica con tal de que su arma no se exhiba: pueden entrar a cualquier sitio, salvo un consultorio m?dico o una oficina empresarial. Se puede ingresar armado al recinto de la legislatura estadual y a cualquier oficina p?blica del Estado de Arizona. Tambi?n a restaurantes y bares, a condici?n de que el individuo armado no consuma alcohol, algo que depender? exclusivamente de su propia voluntad pues ni el cantinero ni el mesero est?n autorizados a preguntarle a quien ordena una bebida alcoh?lica si?lleva un arma oculta entre sus ropas. Las escuelas p?blicas no son excepci?n a esta regla: s?lo que quienes porten armas deber?n llevarlas descargadas y dejarlas en su autom?vil mientras se lleva o recoge a un ni?o. Lo parad?jico del caso es que algunas v?ctimas de la reciente masacre de Houston, como la congresista Gabrielle Giffords, aprobaron estas medidas, amparadas en una sesgada interpretaci?n de la Segunda Enmienda de la Constituci?n de los Estados Unidos y en el respeto a los valores tradicionales de Arizona y, en general, del Lejano Oeste. Quien s? lo pag? con su vida, aparte de otros inocentes, entre ellos una ni?a de 9 a?os, fue el juez federal John M. Roll, quien hab?a sentenciado la inconstitucionalidad de cualquier decisi?n del gobierno federal que obligara a los estados a llevar a cabo revisiones de antecedentes penales antes de vender un arma de fuego.

Una perlita indicativa de la gravedad de la crisis pol?tica que existe en la ejemplar democracia del Norte la ofrece el hecho de que no haya sido otro que el sheriff del condado de Pima, Clarence W. Dupnik, quien haya aportado un grano de cordura al criticar las leyes vigentes en Arizona y las iniciativas de algunos legisladores del Estado que, como respuesta a la masacre perpetrada en Virginia Tech (Abril 2007, ocasionando 32 muertos) hab?an propuesto nada menos que permitir a estudiantes y maestros portar armas en colegios y universidades. Contrariamente a las ense?anzas de la filosof?a pol?tica, que supone que jueces y legisladores deben ser personas sensatas, iluminadas por la sabidur?a y bendecidas por la templanza, estos personajes p?blicos de Arizona -y, me arriesgar?a a decir, en la mayor?a de los estados de la Uni?n- son energ?menos merecedores de un profundo tratamiento de rehabilitaci?n psiqui?trica antes de concenarlos al ostracismo vitalicio. Cabe preguntarse: en la tragedia de Tucson, ?qui?n es el loco? ?El que vaci? su cargador matando a tantos inocentes o quienes estampan el sello de legalidad a tanta locura?

Pese a todo esto, los publicistas de la derecha insisten en que nada hay de malo en la sociedad estadounidense, que sus leyes son justas y sabias, y que no hay causalidad social que act?e como desencadenante de la tragedia de Tucson. El sistema es maravilloso, lo que fallan son algunos individuos. Si un afroestadounidense como Obama lleg? a ser presidente ?una fenomenal tentativa de reanimar al ya difunto Sue?o Americano- el que se qued? en el gueto y vive del narcotr?fico o la mendicidad es por sus vicios, su holgazaner?a y su irresponsabilidad. Las v?ctimas del sistema se convierten, en ese discurso, en victimarios. En l?nea con esta interpretaci?n uno de esos publicistas, Howard Fineman, escribi? d?as atr?s en el The Huffington Post que ?Las muertes no fueron provocadas por la pol?tica, por ideolog?as o por partidismo. Por lo que sabemos hasta ahora, los actos fueron cometidos por un loco que evidentemente estaba divorciado de la realidad, as? como del debate p?blico?. Un debate p?blico que, para hacerlo m?s ameno, tiene como protagonistas a una gran cantidad de sujetos armados hasta los dientes. Pero con sus armas ocultas, eso s?.

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Rebeli?n ha publicado este art?culo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Tags: Arizona, legislación, sheriff, Tucson

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