Viernes, 24 de junio de 2011
La farsa descolonizadora de Obama

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Claridad

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Aparte de lo insustancial y cosm?tico de su visita oficial reciente a Puerto Rico, la cual dur? poco m?s de cuatro horas, el presidente estadounidense Barack Obama hizo gala de la esencial continuidad de la pol?tica imperial hacia nuestra naci?n antillana. Reiter? el prop?sito de su administraci?n para encarar nuestra m?s que centenaria condici?n de dependencia colonial: propiciar un proceso de consulta para que ?los residentes de Puerto Rico? ?lo que excluye los m?s de dos millones de puertorrique?os residentes en Estados Unidos- decidan entre la libre asociaci?n, la independencia, la anexi?n o la continuaci?n del r?gimen colonial actual (el mal llamado Estado Libre Asociado). Insertar esta ?ltima opci?n es lo mismo que incluir el problema como soluci?n o la integraci?n a cuenta gotas de la Isla a Estados Unidos, como bien admiti? recientemente en privado un reconocido l?der del principal soporte pol?tico de ?sta opci?n, el Partido Popular Democr?tico (PPD).

Ahora bien, eso no fue todo. Una vez el pueblo de Puerto Rico tome una decisi?n, Obama se comprometi? a iniciar las gestiones ante el Congreso federal para que ?ste act?e conforme a la voluntad expresada aunque, eso s?, con una condici?n: debe haber ?un claro mandato?, lo que puede interpretarse como un mandato consensuado o una mayor?a absoluta en apoyo a la opci?n favorecida. En las actuales circunstancias imperantes en Puerto Rico, ello equivale a plantear una condici?n imposible de cumplir. Si hay algo de lo que siempre se ha encargado de garantizar el r?gimen colonial es la divisi?n de los puertorrique?os. ?Divide y conquistar?s!

La pol?tica anunciada por Obama ya hab?a sido adelantada no hace mucho por el m?s reciente de los comit?s presidenciales designado por un mandatario estadounidense para estudiar, por en?sima vez desde 1898, c?mo proceder en torno al permanente reclamo que, desde su invasi?n y posterior ocupaci?n militar, ha hecho consistentemente el pueblo de Puerto Rico para que se reconozca, m?s all? de los discursos y proclamas, su pleno y efectivo derecho a la autodeterminaci?n. Y otra vez se nos pretende definir el problema colonial a partir de una alegada incapacidad de los puertorrique?os para decidir qu? queremos, c?mo si la invasi?n y posterior conquista de nuestra tierra, as? como el sometimiento colonial del pueblo, hubiese sido por invitaci?n nuestra o como si poner fin a una ilegalidad, como lo es el colonialismo, no impusiese una obligaci?n a la potencia imperial de renunciar, de inmediato y sin m?s condiciones, a su continuidad.

Sujeto de derecho o bot?n de guerra

Cuando a ra?z de ella, una delegaci?n de la Liga de Patriotas, encabezada por Eugenio Mar?a de Hostos, le reclam? al presidente McKinley la celebraci?n de un plebiscito sobre la presencia estadounidense, ya que el pueblo de Puerto Rico no constituye una cosa que pueda ser traspasado de un pa?s a otro sin su consentimiento, el mandatario estadounidense se neg? rotundamente. Desde ese momento se nos marc? con el carimbo de ?bot?n de guerra?, para ser dispuesto a conveniencia del naciente imperio estadounidense.

M?s recientemente el comit? presidencial antecesor al actual, designado por el pasado mandatario George W. Bush, lleg? a declarar que precisamente por esa condici?n nuestra como ?bot?n de guerra?, Washington puede a?n hoy, en pleno Siglo XXI, cedernos, vendernos o traspasarnos a cualquier otro pa?s sin nuestro consentimiento. No importa que el colonialismo, al igual que la esclavitud, haya sido proscrita por el Derecho Internacional contempor?neo o que est?n en juego los derechos humanos de cinco millones de puertorrique?os.

Cuando en 1917 Estados Unidos decide extender la ciudadan?a nacional suya a los nacionales puertorrique?os, lo hizo sin consultar al pueblo acerca de su preferencia. Se le impuso as? una ciudadan?a estadounidense de segunda clase para que sirviese de muro de contenci?n frente al incipiente sentimiento independentista que se potenciaba entre sectores significativos del pa?s, cansados de la promesa incumplida de los invasores de traernos la libertad que nos hab?a sido negada bajo Espa?a. Se aclar?, de paso, que nuestro pa?s segu?a siendo tan s?lo una posesi?n territorial, no existiendo la intenci?n de incorporar a Puerto Rico en el futuro como parte de Estados Unidos.

Sin embargo, si bien no se produjo la incorporaci?n territorial, esta ciudadan?a menguada produjo con los a?os una progresiva incorporaci?n de facto de los puertorrique?os al amparo de los derechos constitucionales que se le fueron reconociendo, especialmente a partir del Estado benefactor de Franklyn D. Roosevelt y la ?Gran Sociedad? de Lyndon B. Johnson. La ciudadan?a complic? m?s el entuerto colonial. Sirvi? de fuente para la subsunci?n real del pueblo bajo el orden civilizatorio y modo de vida estadounidense.

El enga?o del ELA

Cuando en 1953 Estados Unidos consigue que la Asamblea General de la Organizaci?n de las Naciones Unidas (ONU) legitime sus relaciones con Puerto Rico, alegando que hab?an sido por fin consentidas en un referendo un a?o antes, enga?? a la comunidad internacional. El pueblo nunca tuvo ante s? diversas opciones sino que s?lo la legislada por el Congreso federal como ?nica oferta: el Estado Libre Asociado. Otra vez, el objetivo era calmar o, mejor dicho, reprimir la combativa resistencia nacionalista que se potenciaba en la Isla, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos.

Nuevamente, no era la voluntad del pueblo de Puerto Rico lo que se deseaba garantizar sino que la estabilidad y permanencia de los intereses estrat?gicos de Washington en la regi?n. Un comando nacionalista, encabezado por Lolita Lebr?n, se encarg? de denunciarlo a tiros en marzo de 1953 ante el mismo Congreso. Sentenciaba Albizu que cuando el yanqui se niega a escuchar, hay que estar dispuesto a abrirle los o?dos a tiros.

De ah? que si bien la diplomacia estadounidense se comprometi? p?blicamente en ese momento ante la ONU a darle paso en el futuro a cualquier reclamo de ?mayor independencia? o ?la independencia plena?, lo cierto fue que s?lo se burl? de todo reclamo futuro de cambio en el nuevo estatuto colonial. As? fue, por ejemplo, apenas cuatro a?os m?s tarde con el reformista proyecto Fernos-Murray, ignorado por el Congreso federal.

M?s escandaloso a?n fue la atenci?n que le brindaron al plebiscito de 1967, pactado entre el entonces gobernador Luis Mu?oz Mar?n y el presidente John F. Kennedy en su visita de 1961 a nuestro pa?s. Si bien dicha la consulta cont? con una significativa abstenci?n independentista, los resultados finalmente le dieron la victoria al ?Estado Libre Asociado? sobre la anexi?n en una proporci?n aproximadamente de seis a cuatro.

Posteriormente, se constituy? una comisi?n bilateral que produjo un proyecto de reformas al status quo que se conoci? como ?Pacto de Uni?n Permanente? con Estados Unidos. Cuando dicho proyecto llega a finales de 1976 al escritorio presidencial, se encuentra de carambola en ?ste Gerald Ford, producto de la renuncia del presidente Richard M. Nixon por el esc?ndalo de Watergate. Ford, famoso por sus torpezas f?sicas y mentales, decidi? engavetar la petici?n de reformas autonomistas para proceder a redactar y radicar en su lugar, ante el Congreso federal, un proyecto de anexi?n de Puerto Rico a Estados Unidos. Nada le import? la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

Entretanto, en 1978 el Comit? Especial de Descolonizaci?n de la ONU, mediante resoluci?n ratificada abrumadoramente por la Asamblea General, excluy? la anexi?n como opci?n descolonizadora en el caso de Puerto Rico. Con ello aval?, para todos los efectos, lo postulado por Albizu Campos en el sentido de que la anexi?n s?lo constituye la culminaci?n del coloniaje. Es insistir disparatadamente en que el agravamiento del problema de subordinaci?n y dependencia colonial, mediante la total absorci?n al imperio, pueda constituir una soluci?n descolonizadora.

?Un proceso de mutua determinaci?n?

Luego, entre 1989 y comienzos de 1991, convocados por el presidente George Bush, padre, tanto el Senado como la C?mara de Representantes de Estados Unidos se enfrascaron en lo que se reconoce ha sido el m?s serio intento que se ha emprendido hasta ahora, desde Washington, para promover un proceso de libre determinaci?n en Puerto Rico. Lo que le distingui? fue su objetivo de definir a priori el contenido espec?fico de las opciones que le ser?an presentadas al electorado puertorrique?o en un plebiscito y establecer a partir de ?stas un compromiso concreto del Congreso federal de acatar e implantar el resultado.

En ese sentido, el Congreso entendi? que en las presentes circunstancias, el proceso debe ser uno de ?mutua determinaci?n?: para que el pueblo de Puerto Rico pueda decidir entre las opciones, Estados Unidos tiene que manifestarse sobre las condiciones bajo las cuales podr?a garantizar cada una de ?stas. Por ejemplo: ?est? dispuesto a aceptar reformar al llamado Estado Libre Asociado en la direcci?n propuesta por el PPD? ?Est? dispuesto a admitir a Puerto Rico como un Estado hispano, es decir, culturalmente diferenciado y bajo condiciones econ?micas preferenciales a las aplicadas a los dem?s estados, como pregona el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP)?

El novel proceso de consulta y negociaci?n, como se le conoci?, se frustr? sobre todo ante la falta de voluntad en el Congreso, particularmente entre los pertenecientes al Partido Republicano, para apoyar un proceso de libre determinaci?n que pudiese comprometer a Estados Unidos a admitir como estado una naci?n caribe?a y latinoamericana, con un militante e influyente, aunque minoritario, movimiento independentista. Otra raz?n fue la percepci?n fundada, entre los c?rculos de poder en Washington, de que la fuerza actual del movimiento estadista se debe a motivaciones mayormente de oportunismo econ?mico, en vez de un deseo genuino por ser parte de y asimilarse a ?la gran naci?n? del Norte.

En ese momento, el principal l?der anexionista, el exgobernador Luis A. Ferr?, afiliado distinguido del Partido Republicano, confes? p?blicamente que una de las grandes lecciones de dicho proceso era el rechazo del que era objeto la opci?n anexionista en el Congreso federal. En cambio admiti? que la independencia surg?a como la opci?n que contaba con m?s simpat?as en ese foro legislativo estadounidense.

Ante la incapacidad del Congreso para decidir qu? est? dispuesto a aceptar, de manifestar formal y p?blicamente sin tapujos su rechazo a la opci?n anexionista o su preferencia por la alternativa de la independencia, en los pr?ximos a?os se celebraron dos plebiscitos criollos, sin aval federal, bajo sucesivos gobiernos coloniales controlados por el anexionista PNP. A?n as? el anexionismo no logr? imponerse. Los resultados de las consultas reflejaron mayormente un rechazo a su organizaci?n ama?ada, resultando en un fiasco que en nada adelant? el inter?s general del pueblo puertorrique?o por salir del d?ficit de soberan?a bajo el estatuto actual.

De ah? que se logr? ir forjando un consenso entre los independentistas y autonomistas para descartar el mecanismo plebiscitario a favor de la convocatoria unilateral de los puertorrique?os a una Asamblea Constituyente o Constitucional como ?nica forma de romper el tranque pol?tico entre los puertorrique?os y negociar, soberanamente, con Washington.

Washington debe traspasar los poderes

Por eso cuando Obama balbucea su seudo-compromiso con la descolonizaci?n de Puerto Rico, no puedo sino concluir que estamos ante un ignorante o un farsante. El tranque no est? en la falta de decisi?n y voluntad del pueblo de Puerto Rico sino en la falta de decisi?n y voluntad del gobierno de Washington que hist?ricamente se ha burlado del derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminaci?n. Quien lo entendi? mejor que nadie fue otro pol?tico afronorteamericano, el congresista Ronald V. Dellums (Dem?crata por California), quien all? para la d?cada de los setentas del pasado siglo radic? un proyecto en la C?mara de Representantes para facilitar, de manera efectiva, el desarrollo de un proceso de descolonizaci?n para Puerto Rico.

Para Dellums era sencillo: Quien quiera de verdad que Puerto Rico determine libremente su futuro tiene que crear las condiciones m?nimas para que dicha voluntad se pueda expresar, sin las dependencias, las presiones o los miedos provenientes de una condici?n colonial bajo la cual se ha conculcado y reprimido de facto el ejercicio real de ese derecho. Entendi? Dellums que no hay otra alternativa mejor para ello que el Congreso federal renuncie ipso facto a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico y le transfiera a ?ste todos los poderes soberanos para que finalmente pueda organizar su propio proceso decisional a partir de su propio poder constituyente. Asimismo, a partir de ello instituir aquellos mecanismos para negociar de soberano a soberano, en igualdad de condiciones, con Washington sobre las futuras relaciones entre ambas naciones.

La experiencia hist?rica habla sobradamente. Un pueblo dependiente colonialmente se empantana en la producci?n de resultados dependientes y coloniales. S?lo un pueblo soberano puede decidir libremente. Que Obama no lo quiera entender, es una cosa. Ahora, que hayan independentistas, sin embargo, que lo pretendan ignorar y se presten para la nueva farsa promovida por Washington o sus achichincles locales, es muy otra. Sobre todo si ello responde a la b?squeda desesperada de protagonismos para revivir una organizaci?n electoral casi moribunda debido a su menguado poder de convocatoria y a costa de la legitimidad moral y efectividad pol?tica de todo un movimiento patri?tico que hace tiempo desborda las limitadas miras pol?ticas y organizativas de ese partido. Me refiero, claro est?, al Partido Independentista Puertorrique?o.

En vez de darle la espalda a los aprendizajes pol?ticos forzosos de m?s de un siglo e inscribirnos en la enga?osa agenda descolonizadora de Obama y Fortu?o, bien har?amos en entender que en las presentes circunstancias no es otro plebiscito cosm?tico lo que necesita el pa?s, preso del acostumbrado fetichismo del ?status?. Lo que apremia es la construcci?n de un nuevo proyecto de pa?s y la suma de fuerzas en torno a ?ste para encarar, soberanamente, desde cada rinc?n y actividad en esta patria nuestra, la refundaci?n de nuestro modo de vida, desde perspectivas realmente democr?ticas e incluyentes. Y ello se hace no desde ejercicios inconsecuentes por medio de las urnas sino que desde las calles y comunidades, los centros de trabajo, las escuelas y universidades. Para las consultas habr? su debido momento una vez se haya articulado soberanamente, desde s? misma, la voluntad plural de nuestro pueblo.

Y es que s?lo un pueblo soberanamente apoderado puede decidir y, lo que es m?s importante, hacer lo que realmente quiere. Lo dem?s es la misma politiquer?a yerma de siempre.

El autor es Catedr?tico de Filosof?a y Teor?a del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio Mar?a de Hostos, en Mayag?ez, Puerto Rico. Es, adem?s, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorrique?o ?Claridad?.

Rebeli?n ha publicado este art?culo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Tags: Puerto Rico, Estado, colonialismo, anexión, Obama, constituyente

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